altos costos financieros y precios argentinos en alza (costos), de efectos estadísticos de medición de incrementos de precios anteriores (arrastre) y también de algunas otras cuestiones específicas que podrían tener un grado de identidad propia, pero que en realidad son la resultante de las causas mencionadas. Nos referimos a la emisión monetaria descontrolada, excesiva dependencia del valor del dólar y su utilización como moneda de cuenta o atesoramiento en detrimento de la moneda nacional y su devaluación.
Sin embargo, lo más probable es que, teniendo en cuenta la larga historia inflacionaria de nuestro país y los anticuerpos o actitudes defensivas que desarrolló la sociedad para sobreponerse a ella, sea una combinación de varias o todas las causas a la vez. Mientras tanto, cada presidente de la nación, responsable del área económica o presidente del Banco Central, con su propia teoría, receta o aproximación gradual para resolver el complejo tema, invariablemente fracasa.
Ahora bien, somos expertos en hacer diagnósticos con mayor o menor grado de precisión, pero de ahí a encontrar una solución definitiva, duradera e implementarla, cuando se está en el poder, hay un gran abismo. El problema de la inflación se relativiza, y se termina privilegiando ganar elecciones versus implementar medidas antipopulares, independientemente de que sean el único camino para erradicar la inflación. Frente a esta cuestión, hay que destacar que hay una actitud complaciente y oportunista, siendo muy benévolos en la calificación, de buena parte de los empresarios, los sindicalistas y el Estado. En el corto plazo, todos ellos se benefician. El Estado cobra más impuestos al aumentar la base imponible y los ingresos gravados a la vez que licua sus propios gastos; las empresas incrementan sus precios de venta para recuperar los aumentos de costos y salariales otorgados, y los sindicatos recaudan más en concepto de aportes sindicales y obra social y pueden cobrar sus sueldos y gastos reservados sin dificultad. Mientras tanto, el resto de la sociedad afronta los mayores costos.
Hay que tener en cuenta que la inflación es un efecto, una resultante de una mala gestión, y no una causa en sí misma. Si está claro que a futuro seguir propiciando políticas inflacionarias no tiene ninguna ventaja, sino todo lo contrario, se verán las múltiples desventajas que condicionan nuestro desarrollo y prosperidad.
Se puede concluir que, en relación con la inflación, no habría ninguna posibilidad de ser tolerantes o gradualistas para poder lograr definitivamente su erradicación y volver a la normalidad. La única alternativa viable es una política de shock que en simultáneo vaya contra todas las causas probables que la originan, sin limitaciones ideológicas o académicas.
4. Los costos ocultos y no tan ocultos de nuestros actos
Siempre hay costos implícitos o explícitos detrás de nuestras inconductas o comportamientos errados. Nada es gratuito, y mucho menos en un mundo altamente informatizado como el nuestro. Más tarde o más temprano, pagamos directa o indirectamente por los desaciertos cometidos en la gestión o por nuestro apego al incumplimiento de leyes, normas, acuerdos, contratos, palabra o pautas de convivencia. Sin lugar a dudas, se pueden enumerar una cantidad de circunstancias que ilustrarán mejor esta situación.
Argentina es un defaulteador serial por las diez veces —aunque algunos pueden interpretar que fueron ocho u once— en que desistió de pagar su deuda soberana y los montos involucrados. Normalmente, para justificarlo se le ha atribuido la culpa al acreedor, prestamista o inversor y también a la gestión anterior, sin reconocer complicidades varias. Otro recurso ha sido poner en duda la validez de las acreencias por haber sido dilapidadas y olvidando que nadie nos obligó a pedir esos préstamos, emitir bonos o aceptar condiciones improcedentes. No recordamos que las deudas fueron aprobadas por una ley de presupuesto y/o autorizaciones específicas de nuestros congresales y que, no obstante ello, alguna vez llegaron a aplaudir la decisión del no cumplimiento de esos mismos compromisos legalmente asumidos. Nuestro país es históricamente el mayor exponente como incumplidor de sus obligaciones, en el conjunto de las naciones. Esas quitas de capital y/o intereses, que en principio parecen un beneficio o ganancia, en realidad se pagaron por anticipado e incluso todo parece indicar que se seguirán pagando de las más diversas maneras.
La suba del llamado riesgo país es una de ellas. Básicamente, representa la mayor tasa de interés que hay que aceptar para acceder a un préstamo del exterior, ya sea por el Estado o las empresas privadas. Esa diferencia, de varios puntos porcentuales, es sideral comparada no solo con las tasas en las cuales se endeudan las economías del primer mundo y las asiáticas, sino también varios países vecinos de América Latina. Esta cuestión nos permite concluir que, si cuantificáramos los efectos del diferencial de tasa para un país confiable y serio con la efectivamente pagada por Argentina, sobre la deuda de cada año, dicho valor sería muy superior a las ganancias teóricas que se habrían obtenido por los pagos que no se efectuaron por la deuda repudiada. Adicionalmente, habría que sumar los honorarios de los abogados y asesores, gastos judiciales en distintas jurisdicciones, comisiones de los bancos intervinientes por canjes de títulos, gastos y viáticos de delegaciones oficiales por toda la renegociación y colocación de nueva deuda.
También resulta evidente el importante flujo de fondos que se pudo haber aplicado al crecimiento de nuestra economía y en beneficio de la sociedad en su conjunto y se dilapidaron inútilmente, ya sea en el pago de intereses, en sobreprecios en contrataciones, en subsidios innecesarios o en asistencialismo electoralista.
Las consecuencias se ven a simple vista. Los costos de esas decisiones los termina pagando la sociedad directa e indirectamente. El resultado son menores oportunidades de crecimiento y trabajo, aumento de la pobreza y, luego, mayores impuestos y gastos del Estado en asistencia social y en combatir el delito.
Otro efecto colateral adverso, como consecuencia de los frecuentes incumplimientos de nuestras obligaciones y el mal clima de negocios, es la baja calificación crediticia del país. Esta no solo implica la suba de las tasas de interés a las cuales tanto la actividad pública como la privada acceden en los mercados para financiarse, sino también un menor atractivo o limitaciones a potenciales inversores para direccionar capital y recursos a nuestra nación. Si bien el grado de objetividad de las calificadoras de riesgo internacional en sus informes en ocasiones ha sido cuestionado, no se puede negar que la calificación, en distintos grados de inversión, representa una opinión sobre el país en cuestión. Estos informes son fáciles de comparar y utilizar para poder evaluar la situación económica y financiera de distintos países y empresas. Por ende, constituyen una importante herramienta para la toma de decisiones acerca de dónde invertir y con qué riesgos.
En un mundo globalizado y con la rapidez de acceso a la información de la que se dispone, Argentina ha sido muy perjudicada por bajas calificaciones, y esto se ve reflejado en nuestro porcentaje de inversiones en relación con el PBI. Para radicarse o expandirse, las empresas multinacionales eligen a los países mejor calificados y con menores riegos. En efecto, en las últimas décadas, las inversiones productivas del exterior que hemos conseguido han sido considerablemente inferiores a las deseadas y necesarias. Más aún, con frecuencia estuvieron asociadas a empresas que ya operaban en el país. Por otra parte, esos fondos que estaban destinados a países emergentes se concretaron igualmente en la región, beneficiando a nuestros vecinos.
Siguiendo con los costos implícitos y explícitos de nuestras aparentes inofensivas actitudes y comportamientos, está el de la tasa interna de retorno esperada para una inversión a realizar. Simplificadamente, se trataría del porcentaje de ganancia a obtener del capital promedio invertido en un determinado proyecto. Es notorio y evidente que, a mayor incertidumbre y riesgo, los potenciales inversores locales y extranjeros exigen rentabilidades más altas y, en consecuencia, mayores costos finales para los consumidores. Estas inversiones solo se concretarán en la medida que les aseguren un rápido período de recupero de la inversión inicial, por medio de las ganancias de ese proyecto, y que deberá ser superior al de otros países o actividades en las que se puedan concretar. En otras palabras, hay inversores que para invertir y mejorar su rentabilidad incrementando precios o bajando costos gestionan y obtienen mercados
