la velocidad de circulación del dinero en la economía, lo cual genera, a su vez, mayor demanda para igual cantidad de bienes y, en consecuencia, mayor inflación.
La inflación en Argentina termina siempre en devaluación o esta última en inflación, según las circunstancias y el grado de intervención del gobierno. Pero como no hay una correlación total e inmediata, se originan distorsiones en el tipo de cambio y en los precios expresados en dólares, ya sea porque se abaratan o encarecen, y esto puede dar lugar a la alteración de los precios relativos, el incremento del contrabando, los consumos exacerbados de artículos importados, las dificultades para exportar o ganancias y pérdidas financieras de todo tipo.
En épocas de alta inflación, algunos pueden obtener importantes ganancias financieras, ya sea en pesos o dólares, según la ocasión, con muy poco esfuerzo, en perjuicio de las actividades productivas de mayor valor agregado y generación de empleo.
Los proveedores del Estado incrementan sus precios a valores muy superiores a los del mercado para cubrirse del posible atraso en los cobros y la pérdida por exposición a la inflación, originando un mayor gasto público e ineficiencia.
El Banco Central puede incurrir en pérdidas adicionales, ya que muchas veces se intenta anclar o dejar fijo el tipo de cambio manteniéndolo artificialmente bajo, esfuerzo inútil para que su eventual suba no se traslade a precios internos, pues genera más inflación. Por ese motivo, se venden divisas a término a precios irreales, o bien se aumenta la tasa de interés para evitar que depósitos privados remunerados migren hacia el dólar, con el consiguiente perjuicio para el Estado.
Se implementan políticas de control de precios y de congelamiento de tarifas públicas en sus distintas variantes para intentar transitoriamente controlar la inflación. Estas originan siempre reducción de inversiones, desabastecimiento, substitución de productos por otros más caros, disminución de las cantidades en los envases o principios activos de las fórmulas para ficticiamente mantener su valor. Por último, se abandonan los controles y se sinceran los precios a un nivel superior, pero el daño ya está hecho.
La planificación de las decisiones de inversión y consumo futuro a nivel empresarial, y también de los consumidores en general, se vuelve muy azarosa. La incertidumbre en cuanto a la evolución de precios, ingresos, tasa de interés, acceso al crédito y eventual capacidad de ahorro es muy aleatoria.
Resulta muy difícil poder efectuar el control presupuestario de los gastos del Estado y, por ende, evaluar la eficiencia de su gestión. Se compararan partidas presupuestadas mucho antes, con gastos reales efectuados con pesos que tienen distinto poder adquisitivo, como consecuencia de la inflación ocurrida.
El acceso a la financiación de mediano y largo plazo se complica, y resulta más difícil para los bancos asegurarse el fondeo de los depósitos necesarios y, del mismo modo, para los tomadores de préstamos, asumir los riesgos que conllevan las tasas variables o los índices de ajuste.
La rentabilidad de las exportaciones se ve afectada arbitrariamente por la variación del tipo de cambio y por la inflación, que pueden ir por diferentes carriles, incrementando los costos y afectando los resultados y, en ocasiones, el cumplimiento de los contratos. Argentina tiene una larga tradición de incumplimientos de contratos de exportación que nos han hecho perder mercados en manos de países más confiables que nosotros.
Los potenciales inversores del exterior eligen otros países para realizar sus inversiones, en donde no haya riesgos tan elevados de origen macroeconómico, adicionales a la operación normal de los negocios; concretamente, inflación y devaluación. Por consiguiente, el país pierde oportunidades de generar empleos de calidad e incrementar su desarrollo económico.
El sistema previsional sufre un stress adicional para poder preservar el valor de sus inversiones a moneda constante, y el gobierno le captura fondos para su financiación a cambio de papeles sin valor, o con el pago de tasas de interés negativas, originándole importantes pérdidas, en desmedro de las jubilaciones futuras.
La inflación como tal genera una importante pérdida de tiempo y aumento de la conflictividad en las discusiones para determinar los incrementos salariales y de costos de insumos; también caída de producción o menos horas de educación, por medidas de fuerza variadas.
Ahora bien, teniendo en cuenta la cantidad de efectos nocivos que representa para una economía tolerar o propiciar políticas inflacionarias, como se expuso, y más aún cuando la mayoría de los países aborrecen de propiciar prácticas inflacionarias o bien incluso algunas naciones mucho menos desarrolladas que nosotros tienen tasas de inflación anuales de unos pocos puntos porcentuales, la pregunta apropiada sería: ¿cuál es el motivo para que nuestra sociedad lo permita y tolere de manera sumisa? No hay una respuesta categórica que lo explique. Es incomprensible. Seguramente este accionar ha sido incorporado de un modo equívoco como una realidad más, inmodificable y aceptable.
Es de destacar que no necesitamos profundizar demasiado en nuestra historia económica para admitir que nuestros gobernantes violaron sucesivamente el principio rector de la confianza en la moneda de curso legal y alteraron las bases sobre las cuales evoluciona la economía en su conjunto y las relaciones entre las partes en particular.
La comprensión de la magnitud de esta realidad se puede sintetizar en una cifra. Desde 1883, año en que se unifica la moneda en el país, hasta 1991, al peso argentino le fueron eliminados trece ceros, seis de ellos bajo gobiernos de facto. Su última modificación fue en junio de 1983, cuando se le quitaron cuatro ceros y en adelante pasó a denominarse peso argentino. Dejemos de lado si acaso hubiera correspondido sacar un cero más, ya que a esa fecha un dólar estadounidense cotizaba en pesos argentinos a 11,50. En noviembre de 1983, antes de comenzar el nuevo período democrático, del presidente Ricardo Alfonsín, el dólar ya cotizaba a 24,15 pesos argentinos. Posteriormente, desde diciembre de 1983 a septiembre de 2020 y siempre en democracia, la inflación acumulada, que expresa la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, excede toda lógica y razonabilidad. Esto se ve reflejado en que a nuestra moneda de curso legal y con sucesivas denominaciones, al actual peso se le detrajeron siete ceros más. En otras palabras y como ya se expuso en el cuadro anterior de Indicadores Económicos y Sociales, como consecuencia de decisiones de gobernantes elegidos por voto popular y en democracia, nuestra moneda se devaluó tanto que para poder comprar en la actualidad un producto que cueste 1 peso (una moneda de un peso actual), bien que en realidad pareciera que no existe, harían falta 10.000.000 de pesos argentinos, la moneda de curso legal que circulaba por 1983. Para tener real dimensión de la magnitud de lo que mencionamos, habría que reiterar que estamos hablando de comprar un bien de un valor actual de 1 peso; imaginemos cuál sería la cantidad de dinero necesario en pesos argentinos de 1983 si no se hubieran detraído los siete ceros mencionados y hoy se quisiera comprar un auto o un departamento con ese signo monetario.
Cabe destacar que ya estamos entrando en una etapa en la que, para facilitar la registración de las operaciones, habría que sacarle a nuestra moneda dos ceros más. En efecto, el billete de máxima denominación actual de 1.000 pesos equivale a solo 11,9 dólares según la cotización mayorista del 31 de diciembre de 2020 y un cálculo similar de acuerdo al valor informal o blue, es de 6 dólares.
Sin lugar a duda, acciones o decisiones implementadas por distintos gobiernos fueron las que ocasionaron la inflación descontrolada que ha destruido el valor de nuestra moneda y economía. Por supuesto, es muy notorio que no hay conciencia del daño que ha representado y que lo seguirá haciendo y, peor aún, no hay consenso entre nuestros políticos sobre cuáles son las causas que la originan y cómo erradicarlas.
Se discute si la inflación es un problema de oferta y demanda de dinero (monetario), de desequilibrio fiscal, comercial y de cuenta corriente (estructural), de expectativas negativas sobre el futuro político y económico del país que se transforman en profecías autocumplidas (pérdida
