no sería mucho más compleja que la de la Casa de Moneda y sus billetes no se depreciarían por el uso. Según Rengifo, en un primer momento las emisiones debían ser equivalentes al capital del banco. Sin embargo, a medida que creciera la confianza pública en la institución, se podría aumentar la emisión de billetes. Para el ministro, la instalación del banco requeriría un capital inicial de alrededor de un millón de pesos. Rengifo se mostró como un fuerte opositor a la instalación de bancos privados, pues pensaba que estos eran proclives a la especulación, a velar por sus intereses, y que al entrar en tratos con los gobiernos tenderían a solicitar privilegios, transformándose en “instrumentos de opresión y tiranía”. La postura a favor de la instauración de un Banco Nacional fue refrendada poco tiempo después por el periódico El Progreso. Según un editorial de ese diario, si el gobierno optaba por traspasarle “el millón de pesos que contiene hoy el tesoro nacional, a más de dar una sólida garantía a las transacciones del Estado, obraría por esto solo una verdadera revolución comercial”. Consciente de las dificultades de generar una opinión favorable en torno a los bancos en Chile, El Progreso se encargó de “difundir en el público los conocimientos necesarios sobre la naturaleza de los bancos”, y para ello se sirvió de los escritos de Mariano Fragueiro, exdirector del Banco de Buenos Aires y residente temporal en Chile835.
Los debates sobre la instalación de bancos culminaron en septiembre de 1844, a raíz de la presentación en la Cámara de Diputados de un proyecto del parlamentario Bernardo José de Toro sobre el establecimiento de una institución de ese género. En opinión del parlamentario, le economía nacional adolecía de graves problemas por la falta de capitales y por los altos intereses de los créditos. Como remedio, Toro proponía el establecimiento de un banco particular, al que se otorgaría un privilegio exclusivo de funcionamiento por 20 años. El banco estaría encargado de descontar letras, emitir billetes, con un máximo de cuatro millones de pesos, y otorgar crédito, con un interés máximo de seis por ciento. Para evitar abusos, proponía que los accionistas del banco fueran propietarios urbanos o rurales, los que deberían hipotecar sus propiedades para recibir acciones en proporción a la hipoteca. El diputado sostenía que el banco debía ser de particulares y no del Estado, pues este “no debe ser jamás comerciante”836.
Mientras la Cámara pedía un informe a la Comisión de Hacienda sobre el proyecto, se generó un intenso debate en la prensa. El Progreso publicó una serie de artículos de Mariano Fragueiro, en los que defendía la necesidad de un banco estatal, aunque con una administración independiente del gobierno, pues, en su opinión, “la facultad de estampar moneda y de centralizar las operaciones de crédito […] es inherente a la soberanía”. Para Fragueiro, el Banco Nacional debía cambiar, vender y comprar monedas y pastas finas, descontar letras, recibir depósitos, otorgar créditos y emitir billetes. Los billetes bancarios serían pagaderos a la vista y al portador en moneda legal de plata u oro, y recibidos como moneda corriente en todas las oficinas públicas.
Otro de los adalides de la instauración de un banco nacional fue Pedro Félix Vicuña. Según este, el banco debía ser dirigido en forma independiente del gobierno por un directorio nombrado por el Congreso. Las operaciones que efectuaría serían otorgar préstamos, descontar letras al cinco por ciento de interés anual y emitir billetes por un máximo equivalente a las tres cuartas partes del capital efectivo, los que debían ser considerados como moneda nacional. En todo caso, Vicuña discrepaba del proyecto de Fragueiro porque otorgaba demasiada influencia al gobierno en el manejo de la institución. Como puede apreciarse, en el debate tendió a primar la idea de que el banco debía ser una institución nacional, que tomara en sus manos las funciones de crédito, depósito y emisión837.
Diversos sectores de la producción defendían la idea de instalar un Banco Nacional. La posición de Fragueiro fue respaldada por la Sociedad Nacional de Agricultura, que hacía tiempo mostraba su preocupación por la falta de crédito. Desde las páginas de su órgano, El Agricultor, se apoyó la idea de la creación de esa entidad838. Otro de los grupos de presión interesados al respecto fue el del empresariado minero del norte del país. A través de diversas instancias, ya fuesen periódicos, parlamentarios e incluso instituciones corporativas, como la Junta de Minería de Copiapó, los mineros propugnaron el establecimiento de un banco de carácter estatal para contrarrestar los altos intereses cobrados por los habilitadores. Sostenían que los préstamos de carácter “usurero” de los habilitadores ahogaban la producción minera, llevando a la ruina a los mineros endeudados. Al mismo tiempo, se manifestaban contrarios a la existencia de bancos privados de emisión, porque podrían generar inestabilidad monetaria y fenómenos inflacionarios contrarios a sus intereses. Estas reclamaciones se hicieron patentes en las provincias de Atacama y Coquimbo839.
En medio de este ambiente, el gobierno tomó la iniciativa, y el 25 de octubre de 1844 propuso que mientras se consolidaban las ideas sobre la instalación de un banco, se le autorizara para otorgar créditos hipotecarios al ocho por ciento de interés con los 500 mil pesos de superávit fiscal de ese año. Esta moción recibió el decidido apoyo del diario El Progreso, aunque también sufrió fuertes críticas, especialmente de parte de El Mercurio y del diputado Toro. El 15 de enero de 1845 el Congreso aprobó dicho proyecto. Paralelamente el gobierno nombró una comisión para que estudiara la conveniencia de establecer un banco nacional. El 1 de julio de dicho año la comisión presentó un proyecto para establecer un banco del Estado y un reglamento que organizaba su funcionamiento. Con todo, la iniciativa no prosperó por la fuerte oposición a la idea de un banco estatal, a lo que se sumó el cambio de gabinete al iniciarse el segundo gobierno de Bulnes, que trajo consigo ideas diferentes sobre la materia. Las nuevas autoridades se mostraron partidarias de entregar esa actividad al sector privado. De hecho, el gobierno realizó gestiones en Londres, París y Washington para la instalación en el país de un banco privado con capitales extranjeros. Pese al fracaso de dichas gestiones, insistió en la conveniencia de los bancos privados frente a los estatales, argumentando que estos últimos generarían una amplia resistencia en sectores importantes de la sociedad y que las instituciones privadas podrían aportar los conocimientos sobre el funcionamiento del sistema bancario que tanto necesitaba el país840.
EL BANCO DE ANTONIO ARCOS
En esa coyuntura, Antonio Arcos se presentó con un proyecto para establecer un banco privilegiado en el país. Arcos, quien ya había estado vinculado a las gestiones que en Londres realizó Mariano Egaña para fundar un banco, había retornado a Chile a fines de 1848. En Francia había amasado una considerable fortuna gracias a negocios bancarios y, una vez instalado en Chile, el ministro Manuel Camilo Vial acogió sus ideas. Según el proyecto de Arcos, el banco poseería un capital de tres millones de pesos, divididos en 30 mil acciones de cien pesos cada una. Arcos aportaría un millón de pesos, lo que le permitiría disponer de 10 mil acciones. El Estado también participaría con una suma similar y se consultarían 10 mil acciones para su adquisición por el público. El banco gozaría de privilegio exclusivo por 20 años. Sus billetes serían considerados moneda corriente y su emisión no podría exceder el triple del dinero en caja. Otorgaría crédito con un interés de seis por ciento anual, tasa inferior a la usual en la época, y estaría administrado por un gerente, puesto que sería desempeñado durante 10 años por el propio Arcos841.
Antes de que esta idea pudiera hacerse realidad, se produjo un cambio de gabinete. Vial fue sustituido por José Joaquín Pérez en la cartera de Interior y Antonio García Reyes en Hacienda. El nuevo ministro negó validez a las negociaciones anteriores y consideró inaceptable constituir un banco con las condiciones propuestas por Arcos. Ante el rechazo del proyecto, Arcos lo modificó y propuso la creación de un banco privado, denominado Banco de Chile de Arcos y Cía. Su capital sería de dos millones de pesos, dividido en 20 mil acciones de cien pesos, la mitad de las cuales serían de Arcos y la otra estaría a disposición del público. El banco realizaría las operaciones de cambio, depósito y descuento, además de emitir billetes convertibles. Estos últimos estarían garantizados por una fianza de 100 mil pesos depositados en la Tesorería General.
