la especulación cortoplacista depende de márgenes de ganancia más pequeños, con lo que el impuesto puede eliminar los incentivos a la especulación, pero mantener los incentivos para inversión productiva. En contraste, eliminar impuestos que son parte de un sistema de controles de capital, como hace la desregulación financiera neoliberal genera una creciente tendencia a la crisis financiera porque incentiva la especulación y hace el valor de la moneda muy volátil.
El problema con esta volatilidad es que, entre otras cosas, cuando baja el valor del peso relativo al dólar las empresas chilenas con deudas en dólares, pero ganancias en pesos (liability mismatch) se encuentran repentinamente con deudas impagables.74 Esto no solo afecta a los especuladores financieros, sino que puede quebrar el sector productivo nacional entero, como pasó en Chile en 1982. Algo bastante similar fue la raíz de la crisis asiática de 1997 y el colapso argentino de 2002. La Crisis Financiera Global de 2007 (gatillada por el sector inmobiliario en Estados Unidos) también responde a esta dinámica de desregulación financiera neoliberal y nociva.75
Ahora analicemos el problema que genera la desregulación al tener efectos procíclicos: la desregulación financiera también limita la posibilidad de los gobiernos de tomar medidas correctivas frente a esta inestabilidad que ella misma genera. Una política monetaria anticíclica es la estrategia clave dificultada por la desregulación financiera. Para ser anticíclica, la política monetaria (la tasa de interés que pone el Banco Central de un país) debe bajarse cuando hay menor demanda y menor empleo en la economía. Con una menor tasa de interés es más barato pedir un crédito de consumo (en consecuencia la gente puede comprar más productos). También es más barato pedir un crédito empresarial (por lo tanto las compañías pueden contratar a más gente y producir más, para responder a la mayor demanda por productos). De esta forma, cuando la inestabilidad financiera genera una crisis con desempleo y bajo crecimiento, el gobierno puede reactivar la economía con esta política monetaria anticíclica.
Con la desregulación financiera, los gobiernos arriesgan perder la libertad de bajar la tasa de interés en una crisis financiera. Esto ocurre porque los mismos especuladores, la salida de cuyos fondos gatilla crisis, responden a bajas tasas de interés sacando aún más fondos (profecía autocumplida) y empeorando con ello la crisis misma. Así, el gobierno no tiene opción: está obligado a subir la tasa de interés en vez de bajarla, respondiendo de forma procíclica a la inestabilidad (tal como pasó con la crisis asiática).76 Si no hay ningún control que limita la salida de dineros (la fuga de capitales), o limita la entrada cuando se trata de capitales especulativos, entonces hay más riego de crisis financiera y menos posibilidades de responder a ella.77 ¡La misma crisis financiera mundial de 2007 es una advertencia a no regular los mercados que tienden a vender tierra con caimanes!
En adición a los efectos negativos de las políticas neoliberales de la liberalización comercial y la desregulación financiera, la tercera política pública fundamental neoliberal (la privatización) también puede generar problemas. Se ha estudiado de qué modo la privatización y la desregulación no necesariamente generan empresas privadas competitivas, sino más bien monopolios privados menos eficientes que las públicas.78
Esto pasa sobre todo con la privatización en los sectores que los economistas llaman ‘monopolios naturales’. Un monopolio natural es cuando no hay competencia para una determinada empresa porque los costos para entrar en su sector son tan altos que desaniman a cualquier entrante nuevo. Por ejemplo, con la construcción de un metro, cuando una empresa ya ha invertido las sumas siderales necesarias para crear una red con túneles, rieles y estaciones, sería imposible para otra empresa crear una red nueva para competirle.
El costo marginal (el de atraer un pasajero más, con un nuevo asiento en un nuevo vagón) es muy menor en comparación con el costo fijo (el de construir la red de túneles al inicio). Así, la empresa de metro prexistente posee una ventaja insuperable, pudiendo responder al aumento de demanda de pasajeros simplemente comprando más vagones y ampliando estaciones, sin la necesidad que tiene una empresa potencialmente competidora de primero construir una nueva red entera.
La dificultad no radica solamente en la falta de espacio en una ciudad para dos infraestructuras masivas de esa índole, sino además en la ineficiencia de tener dos redes de túneles que no se conectan. Con una red de metro, todos los usuarios tienen que financiar esos túneles y estaciones, pero con dos esos mismos usuarios tendrían que financiar ambas. Así, es mucho más eficiente (mucho más barato) ampliar una sola red grande para trasladar a un mayor número de pasajeros que construir dos (lo que los economistas llaman grandes ‘economías de escala’). Por eso el metro es un ejemplo clásico de un ‘monopolio natural’ en el que la empresa propietaria no enfrenta competencia, razón por la cual no existe ninguna ciudad en el mundo donde haya dos sistemas de metro que compitan.
Si un gobierno democrático es propietario de un monopolio natural como el metro, puede regular su precio financiando el mantenimiento y la expansión del sistema, pero también asegurando un servicio con una tarifa razonable (so pena de perder popularidad y, por ende, elecciones). Sin embargo, si una empresa privada es propietaria de un monopolio natural, no enfrenta la amenaza de perder clientes en beneficio de un competidor ni de perder elecciones. En consecuencia, va a cobrar precios más altos que los que pondría el Estado, haciéndole la vida más cara a los ciudadanos con menores recursos para pagar estos costos de pasaje más alto.
El caso del metro de Santiago, cuyo aumento en el precio del pasaje gatilló el estallido social, es ilustrativo acá. En 1989 el metro se transformó en una sociedad anónima. En vez de estar bajo el control del Ministerio de Obras Públicas funciona como una empresa privada, cuyo dueño es el Estado. Las tarifas del metro no son determinadas por el gobierno sino por un “panel de expertos”, creado a través del Decreto 140 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Este panel, de tres ingenieros de la Universidad Católica, fue el que decidió el alza del pasaje, en gran parte para financiar la construcción de las líneas 3 y 6.
Detrás de esta decisión está la ideología neoliberal, que aboga por un Estado mínimo y así busca que la empresa Metro autofinancie la mayor parte posible de las nuevas líneas. Como el metro es monopolio natural, su desarrollo tiene un costo inicial muy grande, lo que hace muy difícil extender el servicio sin recursos extras del Estado.79 El subsidio estatal (que en este momento cubre solo 44% de los costos del sistema) es insuficiente, porque el metro es mucho más que un servicio privado. Su llegada efectivamente crea comunidades –lo que los académicos llaman ‘economías de aglomeración’–, donde las tiendas y otros lugares de trabajo se benefician de estar todos juntos y cerca de puntos de transporte. La red de calles también tiene este efecto (a través de la circulación de autos y buses), pero el metro lo hace con menor contaminación y congestión. Así, la plusvalía de la tierra sube cuando una estación de metro está cerca y toda la comunidad se beneficia de su uso.80 La ideología del autofinanciamiento ignora esta realidad.
Puesto que hay una lista larga de beneficiados, no debe ser el pasajero el que cargue con toda la responsabilidad de financiar el metro, sino que el Estado debe participar (usando, por supuesto, los impuestos que pagan las empresas beneficiadas). Pero esto es precisamente lo que no ocurre en Chile. Los efectos nocivos de la decisión neoliberal de tratar el metro como empresa privada (casi privatizada) están a la vista.
Pero los efectos negativos de la lógica privatizadora son evidentes en muchas más esferas de la sociedad chilena, además del metro. De hecho, fueron tantas las empresas públicas vendidas a finales de la dictadura, y por precios absurdamente bajos, que el Estado de Chile terminó más pobre. Según cálculos de Mario Marcel (actual presidente del Banco Central), “todos los métodos aplicados indican la existencia de considerables pérdidas fiscales en la privatización de las empresas públicas entre 1986 y 1987 […] Se llega a una transferencia total que fluctúa entre
