de los beneficios del desarrollo se vio concentrada en la parte más rica de la sociedad. Esta realidad nos lleva al tercer y último desafío de nuestro recorrido.
Desarrollo entendido como desarrollo (a secas). La evidencia empírica demostró que los esfuerzos focalizados exclusivamente en factores como la tecnología y la infraestructura eran inefectivos e insuficientes. La experiencia exitosa de países como Alemania y Japón exhibió la necesidad de exigir condiciones adicionales. Es así como el desarrollo de capacidades humanas incursionó como una nueva dimensión del desarrollo, que pasó a ser explicado no solo por la existencia de stocks financieros (ahorro) o de condiciones infraestructurales (tecnología), sino también por el nivel de inversión en educación y salud, y por la calidad de las capacidades técnicas e intelectuales de las personas, nuevo factor clave en la batalla contra la pobreza y sus causantes.
A partir de este cambio de paradigma, que ubicó lo económico dentro de un contexto más amplio como la sociedad y el medio ambiente, surgieron conceptos como: “desarrollo sustentable”, entendido como el aseguramiento de una mejor calidad de vida para todos, ahora y para las generaciones futuras; y “desarrollo socioinstitucional”, descrito como la mejora del ambiente (reglas que gobiernan el proceso de decisiones sociales, distribución de capacidades y de ingresos), la organización (estructuras o redes de relaciones) y las capacidades socioinstitucionales (calidad de las redes y relaciones público-privadas).
La definición de “desarrollo sustentable” marcó un hito en la historia de la RSE, que llevó a la empresa a dirigir, monitorear y evaluar sus actividades para asegurar que no tengan un efecto perjudicial en el medio ambiente natural y biofísico, a corto o largo plazo.
Respecto al concepto de desarrollo socio institucional surgió a partir de la década de 1990, cuando varios autores comenzaron a mostrar como una condición indispensable para el desarrollo, al grado de confianza generalizado de una sociedad y a la certidumbre que ella genera respecto de la estabilidad de las reglas del juego (los distintos niveles de instituciones). Esto implica un compromiso cívico de las personas, como ciudadanos que cooperan en torno de una noción compartida de bien común. Y supone, a su vez, la garantía institucional de que cada persona puede hacer uso de los bienes sociales, como espacios comunes e instituciones públicas, sin el riesgo de verlos afectados por conductas oportunistas. De esta manera, se ejerce un efecto multiplicador sobre los niveles de confianza generalizada.
Son precisamente estas últimas dimensiones –medio ambiente, estabilidad de las reglas de juego, imputabilidad de los dirigentes públicos y confianza generalizada en las instituciones– las que abren las puertas del nuevo enfoque de desarrollo centrado en las personas, y que, en la valoración del ser humano, sostiene la posibilidad de inclusión en el reconocimiento de un legítimo aporte.
3. Hacia un enfoque integrador: la persona como criterio del desarrollo
Las diferentes visiones del desarrollo analizadas hasta aquí se apoyan sobre distintos supuestos de la naturaleza humana y las relaciones interpersonales e interorganizacionales, llevando, por lo tanto, a distintos diseños de políticas empresariales y públicas que dan resultados disímiles e, incluso, opuestos entre sí.
Dada la pobreza y desigualdad creciente, surge el descontento con las concepciones de “desarrollo” y la necesidad de un enfoque integrador. Se pasa así a una perspectiva orientada hacia la educación, la cultura, la autonomía, la distribución de la riqueza y de las oportunidades de acceso a condiciones de vida digna. Surge el concepto de “desarrollo humano”, el cual nos aproxima a esta necesidad de integración.
El concepto de desarrollo humano es, entonces, uno de los más comprehensivos, ya que al estar centrado en la persona, integra no solamente las condiciones materiales del desarrollo, sino también las espirituales, aunque, dadas las limitaciones de los indicadores cuantitativos, su forma de medición es y será imperfecta.
Llegamos así al final del recorrido. Presentamos una perspectiva temporal e integradora del fenómeno del desarrollo a fin de poder diseñar modelos y políticas que abarquen una visión más rica de la realidad. Esta contribución sugiere al menos cuatro líneas de reflexión y acción futuras, tanto para directivos de organizaciones como para académicos:
• En primer lugar, es necesario hacer explícitas las premisas y paradigmas sobre los cuales se basan las distintas propuestas de desarrollo y su impacto en los resultados esperados a fin de que puedan ser objeto de escrutinio público.
• En segundo lugar, es imprescindible realizar una revisión histórica realista y lo más objetiva posible antes de realizar propuestas de desarrollo.
• En tercer lugar, es necesario distinguir claramente qué es medio y qué es fin a lo largo del proceso de desarrollo.
• En cuarto y último lugar, si se explicitan los paradigmas de las propuestas y se tiene en cuenta una perspectiva histórica más realista y objetiva, además de una visión clara de lo que es medio y de lo que es fin, se podrán realizar propuestas mejor consensuadas y realistas, lo que permitirá ir más allá de las propuestas unilaterales apoyadas en ideologías que solo consideran las dimensiones económicas y materiales del desarrollo.
44. Ver Allen y Thomas (2000); Sen (1990).
45. Allen y Thomas (2000).
03
El desafío de la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual
Entendemos que antes de continuar, y a fin de acordar el marco conceptual de la totalidad de los temas que nos convocan, debemos detenernos a ofrecer una definición de “discapacidad”, su recorte de discapacidad intelectual media y moderada, para luego hablar de inclusión.
1. Definición de discapacidad
Tópicos de alta sensibilidad requieren la especificidad de las definiciones científicas más actuales que suelen otorgar los organismos de salud.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) definió a la discapacidad “como toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del rango que se considera normal para un ser humano”.
A su vez, la misma OMS a través de “Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF)” distingue entre las funciones del cuerpo y las estructuras del cuerpo.
El Ministerio de Salud de la República Argentina, en su Ley N.° 22.432 establece que: “Se considera discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación con su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral”.
2. Definición de discapacidad intelectual
Por su parte, en el año 1992 la Asociación Americana para el Retraso Mental (AAMR) definió la discapacidad intelectual de la siguiente manera:
La discapacidad intelectual se refiere a limitaciones sustanciales en el funcionamiento del intelecto. Se caracteriza por un funcionamiento del mismo inferior a la media, que coexiste junto a limitaciones en dos o más de las siguientes áreas de habilidades de adaptación: comunicación, cuidado propio, vida en el hogar, habilidades sociales, uso de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, contenidos escolares funcionales, ocio y trabajo.
