de los pueblos indígenas en lugares lejanos y apartados, denominados resguardos o reservas, con el fin de hacer una separación entre estos grupos y el resto de la sociedad. En tercer lugar, en algunos casos, se buscó la eliminación física de los pueblos, lo que llevó a campañas de exterminio de los grupos nativos.1
En Colombia, las leyes y programas de gobierno del siglo XIX estuvieron enfocados principalmente en la primera de las tres modalidades presentadas, pues buscaron que los indígenas se integraran prontamente a la forma de vida económica, social, cultural y política de la mayoría de la sociedad. Por esta razón, una de las medidas hacia la asimilación de los indígenas fue la progresiva supresión de la propiedad colectiva existente desde la época colonial bajo la forma de los resguardos;2 sin embargo, es importante aclarar que estas intenciones oficiales no siempre se llevaron a la práctica. De hecho, los resguardos del sur del país, especialmente en los departamentos de Nariño y Cauca, continuaron existiendo gracias al poco desarrollo económico de la región y la ineficacia del Estado para llegar hasta estas zonas.3
Con la expedición de la Constitución de 1886 y la consolidación de la alianza entre el Estado colombiano y el Vaticano en el Concordato de 1887, el proyecto de los gobiernos conservadores de finales del siglo XIX y principios del siglo XX para la población indígena fue el de colonizarla y civilizarla con la ayuda de la Iglesia católica. Dicha empresa se resumía en “ganar almas para el cielo y ciudadanos para la República” y estaba dirigida especialmente a las zonas de más difícil acceso, consideradas áreas sin ley ni orden.4 Este proyecto se implementó con la ayuda de las misiones católicas, a las que por medio de la Ley 89 de 1890 se les otorgó una amplia autoridad sobre las poblaciones indígenas que estuvieran evangelizando.
Posteriormente, en las décadas de los veinte y los treinta, las formas de vida de los grupos indígenas empiezan a ser vistas por el Estado como un problema social relacionado no solamente con la educación, sino también con la tierra y la autodeterminación de dichos grupos;5 ante esto, se vio la necesidad de crear instituciones y organizaciones que promovieran la integración de los nativos a la vida nacional. La primera institución conformada con este objetivo fue el Instituto Indigenista de Colombia, fundado en 1943, pero este solo estuvo en funcionamiento unos años. Luego de este instituto, el trabajo de promoción y seguimiento de la asimilación indígena se delegó a la Sección de Negocios Indígenas del Ministerio de Agricultura, en 1958, y tan solo dos años después esta labor pasó a la División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno. Aunque dichas instituciones aún se centraban en la progresiva transformación de los indígenas de la vida “salvaje” a la vida “civilizada”, para la época ya existía un reconocimiento de la diversidad cultural de los pueblos y, en cierta medida, esta diversidad era valorada.6
Así, el Estado centralista colombiano buscó de distintas maneras llegar a las zonas más apartadas de la geografía nacional y llevar a cabo el proceso de “integración” de los indígenas; no obstante, y contrario a lo que suele creerse, este proceso no fue únicamente unidireccional e impositivo, ya que se pueden encontrar matices donde las poblaciones indígenas demandaron la llegada del Estado a sus territorios. Siguiendo los planteamientos de Catalina Muñoz, este último es el caso de los indígenas arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta, quienes buscaron de manera voluntaria y estratégica la ayuda del Estado colombiano para reclamar protección y encontrar soluciones a los principales problemas de la comunidad desde las primeras décadas del siglo XX.7
Para solicitar la ayuda del Estado en aspectos como la explotación laboral, el cobro indebido de impuestos, la colonización y diversas amenazas a la autonomía de su pueblo, algunos indígenas arhuacos recurrieron a repertorios de acción colectiva, como el envío de memoriales, cartas y telegramas a autoridades, tanto regionales como nacionales, y comisiones de visita a instituciones estatales en Bogotá y Santa Marta. Las primeras acciones de este tipo de las que se tiene registro datan del año de 1916 y marcan el inicio del intercambio de comunicaciones o la interlocución entre el pueblo arhuaco y el Estado colombiano en este siglo.
Las cartas, memoriales, telegramas y artículos de prensa que forman parte o dan testimonio de dicha interlocución son los documentos base del corpus documental constituido para el desarrollo de esta investigación, pues contienen los reclamos que reflejan las principales problemáticas del pueblo arhuaco entre 1916 y 1972. No obstante, el corpus también contiene comunicaciones interinstitucionales, prensa, informes y correspondencias de terceros que ayudan a comprender los reclamos presentados por los arhuacos. Estas fuentes se ubicaron en diversos acervos, como el Archivo General de la Nación (AGN), la Biblioteca Nacional de Colombia (BNC), la Biblioteca Luis Ángel Arango (BLAA) y el Archivo Histórico del Magdalena Grande (AHMG). En el presente capítulo se ahondará en la descripción del corpus conformado y se presentarán los principales aspectos que fueron analizados en los documentos que lo componen, así como los alcances y limitaciones tanto de las fuentes como de las reflexiones hechas a partir de estas a lo largo de la investigación.
La mayoría de las fuentes que componen el corpus documental se encuentran en diversas carpetas del fondo del Ministerio de Gobierno del AGN, las cuales contienen las comunicaciones de la División de Asuntos Indígenas de esta entidad. Dado que dicha división inició su funcionamiento en 1960, gran parte de los documentos recopilados datan de esta década. Pero, ya que en un principio el objetivo del corpus era reunir parte de la interlocución de indígenas arhuacos con el Estado entre 1916 y 1972, se ubicaron otras carpetas de comunicaciones dentro del fondo del Ministerio de Gobierno del AGN que contenían correspondencias de indígenas y se recurrió a fuentes de otros acervos documentales, como el AHMG.
Además, se incluyeron distintos tipos de fuentes, como artículos de prensa hallados en la BNC y la BLAA, los cuales, si bien no hacían parte de la interlocución, sí daban testimonio de esta por medio de entrevistas a los indígenas que visitaron ciudades como Bogotá y Santa Marta para reunirse con representantes del Estado, con el fin de darles a conocer sus reclamos. De esta forma, se logró reunir documentos de todas las décadas dentro del periodo estudiado, aunque, como se mencionó, la mayoría de las fuentes de la interlocución corresponden a la época entre 1960 y 1972, dada la continua comunicación que existió entre algunos indígenas arhuacos y la División de Asuntos Indígenas en estos años.
Con esta búsqueda también se identificó que existía un gran número de documentos de diferente naturaleza que no formaban parte de la comunicación entre arhuacos y entidades del Estado, pero que podían ayudar a comprender el proceso de despojo en la Sierra Nevada de Santa Marta y el papel de intermediación que muchas de estas entidades estatales, junto con otras no estatales, llevaron a cabo para comunicar e intentar solucionar las problemáticas de los indígenas. Ante su relevancia para la investigación, dichos documentos se agregaron al corpus y este dejó de estar conformado únicamente por fuentes de la interlocución. Así, el corpus documental constituido se compone de 94 cartas, 15 memoriales, 21 telegramas, 7 artículos de prensa y 31 documentos varios, como informes y memorandos.
De estas 168 fuentes recopiladas, 37 cartas, 15 memoriales y 4 telegramas fueron enviados por indígenas arhuacos a diferentes funcionarios e instituciones del Estado y algunas organizaciones no estatales. Con excepción de los telegramas, la mayoría de estos documentos tienen una extensión de dos a tres páginas, aunque los memoriales rondan entre las cuatro y las ocho páginas; 35 de estos documentos corresponden a manuscritos y solo 17 se encuentran a máquina, pero algunos de estos son copias y transcripciones de los originales, hechas por las entidades que los recibieron. En el análisis de estas 56 fuentes de autoría indígena se identificó que existían diferentes maneras de firmar los documentos, razón por la que se establecieron cinco tipos de autoría o firmas denominadas de la siguiente forma: firmas a nombre de la comunidad, a nombre de instituciones u organizaciones, a nombre de grupos de particulares, a nombre de particulares y firmas mixtas.
En el grupo de fuentes a nombre de la comunidad se encuentran 17 documentos presentados bajo la autoría
