style="font-size:15px;"> Como ocurre con muchos otros fenómenos de la vida social, hay ciertos procesos de “naturalización” de prácticas que se consideran impropias, inadecuadas o inmorales (la corrupción, por ejemplo). Se observan como algo lógico, obvio, sin implicaciones graves para nadie, pues, se supone, todo mundo lo hace y, por lo tanto, si es más o menos tolerado significa que es más o menos correcto. ¿Qué explica este razonamiento que alimenta determinados comportamientos en la universidad, tanto de profesores como de estudiantes?
Una de las fuentes explicativas del fenómeno tiene que ver con la expansión acelerada y anárquica de la carrera académica como opción laboral para no pocos jóvenes universitarios. Nunca como en años recientes se ha incrementado tanto la competencia por honores, dinero y prestigios entre los académicos mexicanos. Un vistazo a algunos datos nos muestra la magnitud de la expansión. En 1970, sólo estaban registrados 5,953 estudiantes de posgrado en México (incluyendo especialidades, maestrías y doctorados); en 2010, ya fueron más de 208 mil. Casi 70 por ciento de los estudiantes de posgrado son de maestría, contra 20 por ciento de las especialidades y solamente 11 de doctorado. Pero si concentramos la atención en este último nivel, se observa que en 1980 había un total de 1,308 estudiantes registrados; treinta años después la cifra supera los 23 mil. En términos de oferta de programas doctorales, en 1960 había 20 en todo el país; en 2010, son casi 700 (http://www.comepo.org.mx/images/publicaciones/diagnostico-del-posgrado-en-mexico.pdf).6 En 2013 egresaron de dichos programas 4,871 nuevos doctores, la mayoría del campo de las ciencias sociales y las humanidades (http://www.conacyt.mx/siicyt/index.php/indicadores-cientificos-y-tecnologicos/indicadores-actividades-cientificas-y-tecnologicas).
Estos datos muestran que México ha dejado de ser el país de los licenciados que Ibargüengoitia se imaginaba en los posrevolucionarios años sesenta, para convertirse aceleradamente en la república (imaginaria) de los posgraduados. Para muchos de los miembros de los estratos medios y altos urbanizados y escolarizados de la sociedad, la licenciatura ya no basta. Desde hace años, en algunos círculos sociales con extrañas pretensiones académicas o intelectuales, obtener una maestría o un doctorado se ha vuelto un deporte nacional, una obsesión para alcanzar estatus y posiciones en el mundillo académico y laboral mexicano. Las políticas públicas de estímulos a la calidad de la educación superior que hemos observado desde hace casi un cuarto de siglo, combinada con las restricciones a la contratación masiva de posgraduados tanto en las universidades públicas como privadas, han desatado entonces una feroz lucha por las becas y por los nombramientos académicos, desatando sentimientos de frustración y envidia, oportunismos y desarrollo de habilidades de algunos individuos para alcanzar dinero, influencia, poder.
El problema es que esa lucha está en función de la obtención de certificados y diplomas, de la productividad individual, de la publicación a toda costa de artículos, ensayos, ponencias, producto de investigaciones reales o imaginarias de corta o larga duración, con resultados específicos y, por supuesto, publicables en revistas indizadas, arbitradas, de preferencia internacionales y en inglés. Como cada vez son más los individuos que compiten por el acceso a dichas publicaciones, y por los recursos y puestos asociados a la productividad académica, la competencia se vuelve más dura y encarnizada, y se construyen estrategias para optimizar los esfuerzos individuales. También está el tema de la dirección de tesis, de impartir cursos en programas de posgrado de calidad reconocidos por el Conacyt, de tener presencia en comités y juntas académicas, comisiones variopintas de evaluación, dictaminadores de revistas. En fin. Es el conocido mundo de lo que algunos autores han denominado como el “capitalismo académico”, un sistema que se basa en la competencia por los recursos escasos y la acumulación de capital académico que pueda ser intercambiado por recompensas monetarias, burocráticas o simbólicas.
Ese parece ser el mar de fondo del plagio académico, el ecosistema que explica el comportamiento de los moralistas y depredadores académicos. Pero más allá de los lamentos morales o denuncias por la pérdida de los valores, lo que tenemos es una especie de “tropicalización” de la vida intelectual y académica universitaria, es decir, la irrupción a mayor escala de prácticas de tolerancia al oportunismo académico e intelectual en el campus. La simulación, el plagio, el robo intelectual, el secuestro de ideas y obras, sin ser asuntos inéditos ni recientes en la historia de las universidades, forman parte de las nuevas estrategias de promoción de los intereses individuales de hombres o mujeres en el territorio académico universitario. O sea, la academia como un espacio social más de las prácticas de cálculo para la obtención de los mayores réditos, en un contexto institucional que desde hace tiempo tolera por incapacidad, por dolo o por comodidad, la expansión de comportamientos depredadores o canallescos de algunos para apropiarse de manera poco escrupulosa de los productos creados por otros. Quizá ello explica el hecho de que cada nuevo escándalo de plagio académico resuene en el campus universitario como el delicado sonido del trueno, justo como al que se refería, con la fuerza metafórica del rock, el Pink Floyd de hace un par de décadas.
5 Nexos en línea, agosto de 2015.
6 Los datos del documento de COMEPO se complementan con información tomada del libro de Concepción Barrón Tirado y Gloria Angélica Valenzuela Ojeda, El posgrado. Programas y prácticas, IISUE/UNAM, México, 2013.
Gobernanza y desempeño en educación superior7
Desde hace por lo menos un par de décadas se instaló firmemente en la agenda nacional e internacional de las reformas de la educación superior el tema de la gobernanza. Por razones intelectuales, políticas y de políticas públicas poco exploradas y menos discutidas, el énfasis en la gestión de las reformas se asoció de manera implícita al gobierno de las transformaciones impulsadas por la configuración de un nuevo entorno de políticas de educación superior, basadas en un paradigma dominante que combina institucionalización de la evaluación, aseguramiento de la calidad, diversificación de la oferta y la demanda pública y privada, promoción de la internacionalización, financiamiento gubernamental condicionado, competitivo y diferenciado. Por alguna razón, el tema clásico del gobierno de la educación superior fue subordinado al enfoque de la gobernanza sistémica e institucional del sector, un enfoque inspirado en las teorías de la Nueva Gerencia Pública. Para decirlo en breve: desde los años noventa del siglo pasado, la música de fondo de las reformas y los cambios en la educación superior está dominada por la clave de la gobernanza.
Aunque existen varias definiciones del concepto (que no siempre resultan complementarias, sino, inclusive, rivales), la idea de la gobernanza se impuso poco a poco en el terreno de las interpretaciones orientadas hacia la solución de los problemas más que hacia la comprensión de los mismos. De algún modo, la gobernanza se colocó como la lente conceptual principal en la búsqueda de cooperación entre diversos actores para identificar objetivos y estrategias comunes orientadas hacia el cambio institucional, entendido básicamente como el proceso de adaptación de los sistemas e instituciones de educación a las transformaciones ocurridas en sus entornos locales y globales. De este modo, los problemas clásicos del poder, la autoridad y el gobierno de la educación superior fueron reinterpretados a través de los cristales y anteojos de la gobernanza.
El dato duro es que los nuevos lentes desplazaron claramente al énfasis tradicional en la gobernabilidad como eje del gobierno de la educación terciaria, y ese giro interpretativo constituyó una novedad importante en el campo. En otras palabras, la gestión del cambio (la gobernanza) sustituyó a la gestión del conflicto (gobernabilidad). La expansión de las ofertas y demandas de la educación superior, la diversificación y diferenciación institucional, los cambios en las relaciones entre lo público y lo privado, la continua mezcla de diversos instrumentos de políticas que combinan estímulos financieros y recompensas simbólicas para la promoción de cambios en las instituciones y sistemas, se colocaron en el centro de la acción pública, aunque sus hechuras específicas varían de manera significativa entre un país y otro, y también al interior de los sistemas
