vs. Colombia, sentencia del 27 de noviembre de 2008.
Corte IDH. Caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuador, sentencia del 22 de noviembre de 2007.
Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, sentencia del 12 de agosto de 2008.
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Universidad Santiago de Cali (USC). (2016). Abogados son responsables de readaptar su rol a desafíos jurídicos y socio-jurídicos del postconflicto. Recuperado de http://www.usc.edu.co/index.php/noticias/item/2434-abogados-son-responsables-de-readaptar-su-rol-a-desafios-juridicos-y-socio-juridicos-del-postconflicto
Notas
1 Ver principio 3: principios contra la impunidad.
2 Según las estadísticas del informe general del Centro Nacional de Memoria Histórica, desde 1985 a 2012, han sido aproximadamente 25 000 las víctimas por desaparición forzada.
3 Ver anexo: encuestas.
4 Ley de Justicia y Paz.
5 Cfr. Corte idh, Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, sentencia del 27 de noviembre de 2008, párr. 157; Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, sentencia del 12 de agosto de 2008, párr. 145; y Caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuador, sentencia del 22 de noviembre de 2007, párr. 62.
6 Ley 975 de 2005.
7 ¡Basta ya!, documento realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, en el cual son recogidos diferentes eventos del conflicto armado de Colombia; en este se explica el origen y desarrollo del conflicto en el país. El documento estima una duración del conflicto de aproximadamente 50 años.
8 Ver anexo.
¿Qué le hace falta a la memoria histórica para representar el terror?
Estudiantes: María Camila Castro Montealegre, Juliana Garavito Rojas y María Manuela Márquez Velásquez
Fecha: I semestre de 2016
La memoria y la reconstrucción de los hechos ha sido una responsabilidad eludida. Las voces de las víctimas han sido silenciadas y se ha reemplazado su lugar con narraciones por parte de los victimarios, de las diferentes instituciones estatales y de los medios de comunicación. Sin embargo, existe una nueva apuesta en Colombia por un proceso de reconciliación y, en especial, por la consolidación de la memoria histórica, es por esto que el problema que ahora nos atañe es saber si dicha memoria es o no fiel a la representación del terror.
Para tratar el asunto en el presente texto, en primer lugar, se presenta una breve exposición de los elementos generales del tema, y luego se realiza una exhibición de los conceptos de memoria histórica más relevantes; en segundo lugar, se hace un análisis de las tres masacres objeto de discusión: El Salado, Trujillo y San Onofre; y, en tercer lugar, se plantea una breve discusión del tema fundamentada en posiciones críticas sobre la construcción del concepto de memoria. Finalmente, se exponen algunas críticas frente al debate historiográfico y conclusiones al respecto.
La memoria histórica tiene como finalidad principal esclarecer los hechos derivados del conflicto armado que se ha vivido en Colombia por más de 60 años. Busca generar un cambio en las actitudes y perspectivas de las víctimas, ayudar a cerrar los laberintos de horror e impulsar a la población a una verdadera reconstrucción del tejido social. Es por medio de esta como los abogados seremos capaces de aplicar adecuadamente la justicia y reparación, en otros términos, podremos decidir, juzgar y comprender con una aproximación un poco más humana y abierta a un fenómeno con tantas aristas como lo es el conflicto armado.
2. Exposición de los elementos del tema
2.1. Deber estatal de memoria: una perspectiva dogmática
Entrando en materia, se conoce que Colombia ha vivido más de 60 años de conflicto armado, y aunque un gran número de soluciones se han planteado a lo largo de los años, estas han carecido de organización y efectividad, dejando a la población y especialmente a las víctimas sin ningún tipo de reparación o justicia, a la par de que los actores armados del conflicto y sus crímenes han quedado en el olvido.
Como mecanismo para enfrentar la realidad nacional, en 2005, entró en vigor la Ley 975, también conocida como Ley de Justicia y Paz, la cual grosso modo pretendía generar una reintegración de los desmovilizados y una transición hacia la paz en Colombia. Dicha ley cobijaba a todos los grupos armados que voluntariamente quisieran someterse a ella y a las víctimas del conflicto armado mediante la búsqueda de una verdadera reparación y satisfacción de sus necesidades y derechos. La Ley de Justicia y Paz de manera directa vela para que los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la paz y a la reparación se hagan efectivos de acuerdo con el modelo internacional de justicia transicional. Así, el artículo 4º establece lo siguiente: “Derecho a la verdad, la justicia y la reparación y debido proceso. El proceso de reconciliación nacional al que dé lugar la presente ley deberá promover, en todo caso, el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y respetar el derecho al debido proceso y las garantías judiciales de los procesados”.
