style="font-size:15px;"> Es común observar cómo se emplea el clientelismo en nombre de las víctimas para mostrar afinidades con determinado partido político y, así mismo, para atacar a los contrarios, lo que lleva a considerar que todos aquellos que sufrieron por los actos de las guerrillas son más ‘importantes’ que aquellos que vivieron los sucesos de los paramilitares —entre tantos otros grupos armados—, donde las víctimas de estos últimos son dejadas de lado por haber considerado ese grupo como ‘un mal necesario’, así que se minimizan —y en ocasiones se suprimen— las acciones cometidas por aquellos (paramilitares) y se consideran como atroces los hechos ocasionados por estos (guerrillas). Debemos tomar a los actores del conflicto como un todo, sin dejar de lado a las víctimas y a la sociedad colombiana, pues fueron los principales causantes de esta guerra y todo lo que ha acarreado.
Por consiguiente, el orden y la violencia en Colombia no constituyen dimensiones separadas y excluyentes, al contrario, entre sí hay una relación de complementariedad. La violencia en Colombia es inherente al ejercicio de una democracia fundada en adhesiones colectivas y, además, redes privadas de dominación social (Pécaut, 2012).
Teniendo en cuenta a Valencia Villa, es preciso decir que, si no se emplea la verdad en el posconflicto, el derecho dejará de ser la paz para seguir siendo guerra, y esta continuará haciendo que el pueblo sea reprimido tanto por las clases dirigentes como por los diferentes grupos armados que han propiciado la violencia. No se puede permitir que la guerra siga siendo una manera de ver la vida y, peor aún, de subsistir, sino como algo que debe combatirse de raíz, para lograr salvar la situación económica, política y sociocultural del país.
Pero, sobre todo, es esencial tomar en consideración que, contrario a lo que afirma Posada Carbó, un estereotipo no puede ser lo que ha llevado a que la situación económica en Colombia esté en la crisis actual, sino que es el mismo abandono del Estado, ante lo cual las personas debieron llegar a obedecer a grupos al margen de la ley, dado que estos les brindaban resguardo, seguridad, apoyo, entre otras cosas. Tampoco se puede decir que en Colombia ha existido una democracia plena, cuando precisamente el conflicto en el que hemos estado inmersos desde hace tanto tiempo se ha presentado debido a la restricción existente hacia la participación política o, mejor dicho, la restricción a tener el poder.
Sin embargo, es oportuno decir que Posada Carbó tiene razón en su percepción de los medios de comunicación, pues son ellos los que han hecho de la importancia de la verdad, en la historia y en el ámbito jurídico, una burla, donde se le hace ver como algo completamente innecesario e inútil para las víctimas, y donde, además, se presenta una minimización hacia algo tan relevante como son los acuerdos de paz y la terminación del conflicto con las FARC.
El derecho a la verdad implica saber qué ocurrió; por esto, comparte un núcleo común con otros derechos, como el derecho a la justicia —conocimiento de autores, cómo actuaron, cuándo, por qué— y el derecho a la reparación (Rincón, 2010, p. 53). No obstante, si bien guarda una relación con estos, el derecho a la verdad es un derecho autónomo y complejo, que busca dar cuenta de manera amplia y detallada de lo sucedido en Colombia: autores, estructuras criminales, conexiones políticas y sociales, contextos, prácticas y patrones, hechos, causas y circunstancias relacionadas con el conflicto y toda violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
Es importante que el estudiante de derecho reconozca esta realidad y la afronte, de manera que entienda que el derecho va más allá de leyes y códigos, y vea en el posconflicto su mejor campo de trabajo.
La educación jurídica ve el posconflicto como un tema para hablar de y no para tratar de, donde se deja de lado la relevancia que tiene el ser preparado para enfrentarse a una etapa donde se estará dejando el conflicto atrás, se empleará una justicia distinta a la ordinaria y se manejará la verdad como factor fundamental para alcanzar todos los fines establecidos en el acuerdo. Tomar la educación jurídica como una simple forma de llegar a ganar dinero es, por mínimo, una situación preocupante. Pero es todavía más preocupante que aquellos que la enseñan lo hagan de un modo meramente formalista, donde se deja sobreentendido que el único deber del abogado es interpretar la ley y solucionar casos. No se debe olvidar que el objeto primordial del abogado es saber y encontrar la verdad, en cualquier caso, y esto se debe propiciar en una etapa tan relevante para la historia del país como lo es el posconflicto.
En las encuestas dirigidas a estudiantes de diversos semestres de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario,8 se vio reflejada, en gran parte, la falta de criterio frente a estos temas, una realidad que nos incumbe a todos, en especial al estudiante de derecho. Como gran parte de colombianos, los estudiantes y futuros abogados no son conscientes de que el conflicto armado nos ha afectado a todos, que siempre ha estado ahí.
Es frecuente que, en cuestiones que atañen a posturas políticas, religiosas o ideológicas, se llegue al punto de nublar el juicio y afectar directamente las percepciones de justicia, de las cuales las víctimas necesitan una completa imparcialidad. Es por esto que el estudiante de derecho se ve íntimamente implicado en el análisis de la problemática del conflicto desde sus orígenes, buscando posibles soluciones y optando por la ley como herramienta fundamental para la construcción de la verdad. Pero esta no se limita solo a leyes como la Ley de Justicia y Paz o el Acuerdo de Paz con las farc, tampoco a documentos como ¡Basta ya! ni a lugares como el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre otros, pues esta va más allá, es un trabajo conjunto en el que todos los miembros de la sociedad deben aportar un recuento de sus vivencias en el conflicto, garantizando la certeza, veracidad, oportunidad y necesidad de los datos brindados.
El rol del abogado en el posconflicto es más que indispensable, ya que el cambio será un desafío para todos, especialmente para el abogado, quien deberá adaptar su rol a este nuevo escenario para apoyar en la sociedad la superación de los retos que se acercan tanto en materia jurídica como en materia social (USC, 2016).
La responsabilidad del abogado radica en su conocimiento, el cual en sentido jurídico es mayor al de un ciudadano promedio, y en cómo utiliza este conocimiento para alcanzar la paz construyendo verdad. El abogado conoce la Constitución y las leyes, y es por eso que debe tener claras sus obligaciones, no solo como ciudadano, sino como alguien que ejerce el derecho, sabiendo que le es posible ayudar de manera directa a la construcción de paz (usc, 2016). Pero, sobre todo, debe estar abierto y entender el cambio significativo en cuanto a derecho penal se trata, adoptando la justicia transicional como un mecanismo útil y pertinente para la finalización del conflicto, y mostrando los beneficios de esta a todo aquel que no la considere adecuada sino inútil e injusta.
Además de aplicar el conocimiento jurídico, el abogado debe apropiarse del respeto de los derechos humanos, la democracia y, en especial, la paz. Es por esto que todos los mecanismos de solución de conflictos representan herramientas de paz para los profesionales del derecho, revistiéndolos como actores clave en los diferentes lugares afectados por la violencia, principalmente en los contextos de las regiones apartadas y zonas marginales de las grandes ciudades, donde se ha impartido tradicionalmente justicia fáctica por parte de los actores violentos del conflicto.
La verdad es un derecho necesario e íntimamente vinculado a la construcción de una memoria colectiva, así como el principal componente para avanzar en el camino de la justicia transicional y consecutivamente llevar a cabo la superación del conflicto.
Fuente: Jesús Abad Colorado.
Construcción de verdad
Encuestas: proyecto de investigación
