Historia crítica de la literatura chilena. Группа авторов

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chonos al sur de Chiloé, quienes quedan sometidos efectivamente a nuevas reglas del juego, en relación con las cuales se recrean sus identidades en formas que aún deben ser reconocidas y más estudiadas30.

      De modo complementario a los énfasis en la desaparición de lo indígena, la historiografía del Chile colonial ha abundado en la afirmación de la rápida constitución de una sociedad mestiza en lo «biológico», aunque hispana en sus dimensiones sociales y culturales31, caracterizada por su desarraigo y, como tal, resistente al ideal de normalización de la ciudad y el cuerpo político cristiano. La idea de un mestizaje veloz, sobre la que volveremos más adelante, ha opacado el reconocimiento de una sociedad con amplios ámbitos de negociación y transculturación en la que los espacios habitados, los bienes consumidos, el léxico y el habla corriente, permitirían pensar en mecanismos de inscripción social a partir de elementos que provienen, también, de las poblaciones indígenas prehispánicas y coloniales. En este otro cuadro, y siguiendo una línea fructífera de la historiografía reciente, cabe también visibilizar la población afrodescendiente, en un amplio espectro que va desde los mayordomos y el servicio doméstico, a esclavos en minas, haciendas, estancias, y negros libres desempeñándose en diversos oficios y actividades, desde sastres y zapateros hasta amas de leche y curanderas32.

       3. Segunda parte: desde 1655 hasta 1812

       3.1. Para una lectura del siglo XVII en el Reino de Chile: espacios y vida cotidiana

      El siglo XVII en Chile cuenta con pocas investigaciones, aunque las existentes han permitido hacer visible el llamado «siglo oscuro», imagen generada por la historiografía del XIX que posicionó al siglo XVI como el periodo de acción en tanto «conquista» y al XVIII como el de incubación de los elementos de una nueva gesta heroica llamada «independencia». Entre los autores que permiten nuevas miradas se cuentan Marcello Carmagnani (2001) desde las estructuras económicas, Jaime Valenzuela desde la cultura política, Isabel Cruz respecto a aspectos culturales y sociales, las propuestas de Ximena Azúa y Lucía Invernizzi, que desde los estudios literarios abren el mundo de los textos posibles, así como la publicación de valiosa documentación notarial por Julio Retamal, Cedomil Goic y Raïssa Kordic33.

      La segunda mitad del siglo XVII merece ser revisitado pues, como planteamos en este texto, es una centuria en la que se cierran y definen los procesos más significativos de una sociedad marcada por la guerra, una centuria marcada por la legalización de la esclavitud de los indios por la cédula de Felipe III de 26 de mayo de 1608, que para Álvaro Jara (1971) fue tanto una reacción al gran levantamiento de 1598 como una respuesta a las presiones de los grupos hispanos para legitimar las acciones que de facto se habían ejecutado contra los indios, transformándolos en piezas cautivas y mano de obra esclava. La cédula, dice Jara, también fue una medida de fuerza que manifestaba la decisión imperial de quedarse en forma definitiva en estos territorios, pues llegó junto con los oidores de la nueva Real Audiencia de Chile, creada por Real Cédula de 17 de febrero de 160934. Ambos hitos definen una nueva jurisdicción para el llamado Reino de Chile asociada a un proyecto de conquista de reducción, pacificación y poblamiento: «todas las ciudades, villas, i lugares, i tierras que se incluyen en el gobierno de las dichas provincias de Chile, así lo que ahora está pacificado y poblado, como lo de aquí en adelante se redujere, pacificare y poblare» (Recopilación de leyes, ley XII, libro II, título XV, 191-192).

      La Real Audiencia era un tribunal judicial colegiado (el más alto tribunal judicial de apelaciones de las Indias) integrado por el gobernador que lo presidía, cuatro oidores, un fiscal, un alguacil mayor, un teniente de Gran Canciller, un escribano de cámara, relatores, intérpretes, ejecutores y un portero. Al integrar al gobernador como presidente se intentaba tener mayor control sobre la guerra al no dividir los poderes políticos que, en definitiva, debían atender los intereses de la corona; sin embargo, esta misma intención hizo de esta institución un espacio de articulación del poder local en torno a los temas relevantes del control colonial, tal como puede verse en sus propios archivos: juicios por protección de naturales (esclavitud y mano de obra: juicios por encomienda y autos de libertad), juicios civiles (tensiones entre privados, como el cobro de pesos), juicios criminales, juicios de patronato (poder eclesiástico en tensión con el poder real) y juicios de hacienda (constitución de la propiedad: juicios de tierra por deslindes, remates, derechos de estancias, venta de chacras, mayor derecho a un pedazo de tierra, etc.) (Archivo Nacional de Chile 48-49).

      La esclavitud como medio para generar riqueza personal, fuese por venta o como mano de obra, se encuentra en la base de la constitución de los grupos de poder local que se visibilizan como encomenderos, administradores de justicia y poseedores de oficios reales o soldados (pudiendo ser todas esas cosas a la vez). Esta situación encontró en los jesuitas a férreos opositores y denunciantes ante el Rey, quienes apelaron a una ética del buen gobierno y al deber de conciencia del monarca respecto de lo que se llamaba el buen trato a los súbditos y en especial a los indios. Este escenario ya se figuraba desde fines del siglo XVI, periodo marcado por la llegada de la Compañía de Jesús (1593) y por la presentación del memorial de Melchor Calderón, secretario de la Catedral de Santiago, conocido como Tratado de la importancia y utilidad que hay en dar por esclavos a los indios rebelados en Chile (1599). Este escrito fundamentó la cédula real de 1608, al mismo tiempo que presentaba propuestas alternativas de acercamiento y comprensión hacia los mapuche llevadas a cabo en particular por el Padre Luis de Valdivia (1561-1642)

      –redactor de la primera gramática en lengua mapuche con fines confesionales y de evangelización, obra que en este contexto tiene un profundo sentido político–.

      Ese mismo año se dio un importante debate respecto al curso de la Guerra de Arauco, en el cual el oidor de la Real Audiencia de Lima, Juan de Villela, en coincidencia con las ideas de Valdivia, propuso un sistema denominado Guerra Defensiva. El recién llegado virrey, el marqués de Montesclaros, también acogió los informes del jesuita sobre la guerra. Valdivia proponía eliminar los servicios personales, establecer una frontera firme en el río Biobío y sustentar una conquista religiosa por medio de la actividad misionera. El mismo año en que se instaló la Real Audiencia en Santiago, Valdivia viajó a España en busca de apoyo. Los «colonos» de Chile, en oposición a esta idea y al virrey, contaban con el gobernador Alonso García de Ramón (1552-1610) y enviaron a su propio representante a la corte, el capitán Lorenzo del Salto, con el objeto de desmentir y desvirtuar los fundamentos de las propuestas del jesuita. Ambos viajaron en el mismo barco a Europa.

      Valdivia logró convencer a Felipe III de su plan, consiguió que se lo nombrara Visitador General de Chile y regresó en 1611 acompañado de otros diez misioneros jesuitas, dispuestos a solucionar el conflicto mapuche por medio de la prédica.

      Pero tal proyecto terminó en 1612 con el asesinato de los misioneros en Elicura por el cacique Anganamón, uno de los grandes líderes de la sublevación de 1598 que se extendió hasta 1604. Valdivia insistió en su propuesta, pero finalmente en 1626 se restituyó el permiso para esclavizar indios capturados en guerra. En este contexto se producen las obras conocidas como crónicas e historias sobre Chile en manos de jesuitas como Diego de Rosales (1601-1677) y Alonso de Ovalle (1603-1651)35, como también el relato de Francisco Núñez de Pineda (1607-1682) como cautivo español en tierras mapuche36.

      La mitad de la centuria está marcada, por un lado, por la muerte de los misioneros jesuitas mártires de Elicura, tras la que se pone fin al proyecto de la guerra defensiva en el año 1622, y por otro, por el alzamiento de 1655 o maloca de Paicaví, considerada ilegal luego de un largo juicio. La relación entre vida cotidiana y guerra puede leerse en la vida de los gobernadores y los tipos de gobierno; por ejemplo el de Martín de Mujica (1646-1649), durante el que se realiza el Parlamento de Quilín del año 1647; o el gobierno de Alonso de Figueroa de Córdoba, quien vive 59 años, 43 de los cuales fue soldado en la guerra de Arauco; o el de Antonio de Acuña y Cabrera,

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