Por el derecho comprender. Henrik López Sterup

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Por el derecho comprender - Henrik López Sterup Derecho y sociedad

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      77 Ángel Núñez Sánchez, “El derecho a comprender”. Lenguaje jurídico y comunicación. Revista del Ministerio Fiscal, n.° 8 (2019): 109.

      78 En México, Uruguay, Costa Rica y Perú existen otro tipo de iniciativas sobre lenguaje ciudadano, lenguaje llano, lenguaje fácil y lenguaje democrático que buscan objetivos similares.

      79 Seguimos haciendo uso de las terminologías ofrecidas por Keck y Sikkink.

      80 XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana. Conclusiones de la Tercera Ronda de Talleres, 2015.

      81 En época de pandemias, como la generada por el coronavirus, parece justificarse la necesidad de que los ciudadanos puedan comprender la medida de los hechos y del riesgo, actuar con conocimiento de causa y formarse su propio juicio.

      82 Barbro Ehrenberg-Sundin, “The Swedish Approach to Clear Legislation and Clear Official Texts”, en Obscurity and Clarity in the Law. Prospects and Challenges, editado por Anne Wagner y Sophie Cacciaguidi-Fahy (Hampshire: Ashgate, 2008), 166.

      83 Heuman Sigurd, “För vem skriver domstolen sina domar?”, en Juridisk sprog i Norden. Rapport fra en nordisk konference om klarsprog (Reykjavík: 2011), 18 (traducción propia).

      84 Marius Rohde Johannessen, Lasse Berntzen y Ansgar Ødegård, “A Review of the Norwegian Plain Language Policy” (16th International Conference on Electronic Government (EGOV), St. Petersburg, 2017), 187 (traducción propia).

      85 El capítulo de Mónica Andrea Rosero Latorre, en este mismo libro, “El lenguaje claro como herramienta para la participación e inclusión social” ofrece algunas ideas desde una experiencia colombiana.

      86 El capítulo, en este libro, de la profesora Betsy Perafán propone las bases para la incorporación del lenguaje claro en la formación jurídica.

      Mónica Andrea Rosero Latorre

      La claridad en el lenguaje tiene un sentido transformador en la sociedad. Facilita la comunicación entre personas, elimina las barreras que evitan la comprensión y contribuye a que los seres humanos puedan identificarse como iguales. Del mismo modo, permite la defensa y el reconocimiento autónomo de los derechos fundamentales, pues desliga el acceso a la justicia de las condiciones económicas y el nivel de educación, entre otros factores determinantes. Por lo mismo, el objetivo del presente capítulo consiste en analizar el rol del lenguaje claro como instrumento de inclusión social. Sostiene que el lenguaje claro constituye un mecanismo de inclusión social que equipara a las diversas poblaciones e incluso permite establecer entornos verdaderamente participativos.

      Para cumplir con este propósito, en primer lugar, se expone una breve conceptualización con respecto al término lenguaje claro y su relación con la inclusión social y la participación. Luego, se analiza el problema de la exclusión social generado por el uso de lenguaje oscuro o de difícil comprensión. Para ilustrar el efecto del lenguaje oscuro en contravención de la inclusión social, se examina el caso de los Acuerdos de paz en Colombia y los pueblos indígenas. Posteriormente, se argumenta cómo el desarrollo tecnológico podría contribuir a reducir escenarios de discriminación invisible producto de la ausencia del uso de lenguaje claro. En virtud de ello, se establece que el lenguaje claro puede implementarse como una herramienta para generar intervenciones efectivas para la inclusión social. Finalmente, se presentan las conclusiones con respecto a los efectos del lenguaje claro en términos de inclusión, especialmente en relación con la participación social y la protección de derechos fundamentales que pueden generarse gracias a su uso.

      Mediante este procedimiento, se establece que el lenguaje claro representa una herramienta que contribuye a fortalecer la inclusión de los individuos dentro de la sociedad en igualdad de condiciones y a generar preceptos sociales más democráticos. Esto, a su vez, permite demostrar que el lenguaje claro favorece el reconocimiento de los derechos fundamentales.

      Para empezar, como se señala en el primer capítulo de este libro, existen una multiplicidad de acepciones del concepto del lenguaje claro, pues se trata de un término relativamente inexplorado. Esencialmente, su finalidad consiste en lograr la comprensión de documentos por parte de la ciudadanía mediante una comunicación basada en el uso de expresiones sencillas, con párrafos breves y sin tecnicismos innecesarios. Esto concuerda con el trabajo de organizaciones como PLAIN y Clarity que han explorado la comunicación en lenguaje claro durante muchos años. Ambas consideran que se evidencia el uso de lenguaje claro “si la lengua, la estructura y el diseño son tan claros que el público al que está destinada puede encontrar fácilmente lo que necesita, comprende lo que encuentra y usa esa información”2.

      Esto implica que el lenguaje claro pretende garantizar la transparencia, así como el entendimiento fácil de la información, especialmente aquella que proviene desde el sector público. Así mismo, ha sido comprendido como la expresión simple, clara y directa de la información. De ese modo, la comunicación en lenguaje claro se convierte en un proceso complejo, donde no basta con tener buena ortografía o un vocabulario amplio, sino que también se necesita obrar con eficiencia, coherencia y practicidad.

      Adicionalmente, no se puede desconocer que existen innumerables beneficios en la implementación del lenguaje claro: las instituciones se vuelven más eficientes, pues no necesitan realizar aclaraciones a los ciudadanos (por lo que el número de interacciones con un mismo individuo se reducen); se ahorran recursos tanto temporales como económicos; se evitan demoras transaccionales; se promueve la transparencia de las entidades; se garantiza que los ciudadanos puedan comprender la información y, por lo mismo, que reconozcan sus derechos; entre otras contribuciones que han sido contempladas por organismos estatales3. Conforme a ello, al observar los beneficios de implementar el lenguaje claro, resulta inevitable tomar en consideración el papel de este como herramienta de inclusión social.

      La expresión inclusión social se ha explorado en múltiples ocasiones. Así pues, se refiere a la posibilidad de acceder a mínimos de bienestar y de protección conforme al nivel de desarrollo de la sociedad4 y al incremento de capacidades para el ejercicio de las libertades5. Para este análisis particular, se tienen en cuenta ambas definiciones, pues esta perspectiva permite concebir, de forma simple, que el ejercicio de los derechos se encuentra ligado a la posibilidad de ser parte de la sociedad. En este sentido, la inclusión se considera un elemento necesario para que se pueda llevar a cabo una verdadera titularidad de la ciudadanía.

      No obstante, al llevar a cabo una revisión de literatura relacionada con el lenguaje claro y la inclusión social, se evidenció que este tema se encuentra mencionado someramente en memorandos e instructivos de la administración pública, en guías de lenguaje claro diseñadas por el Instituto Caro y Cuervo y por el Departamento de Planeación Nacional y en el artículo gubernamental publicado en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “Programa de Lenguaje Claro: evidencia en la reducción de la carga administrativa en Colombia”. Sin embargo, aún no existe un producto que explore la importancia para la ciudadanía del lenguaje claro desde la academia, su estudio se ha enfocado en torno a la administración pública especialmente en cuanto a la eficiencia que proporciona. Por lo mismo, resulta pertinente el aporte del presente documento, no frente al sistema, sino en relación con los primeros beneficiarios del lenguaje claro: las personas.

      Así

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