el derecho de los niños, niñas y adolescentes; el derecho de libertad de culto y de su libre ejercicio; el derecho fundamental a la seguridad jurídica individual y/o colectiva y a la seguridad física; y el derecho fundamental de cada individuo y de la sociedad a no sufrir la repetición de la tragedia del conflicto armado interno […]14.
En esta medida, la ausencia de claridad y la falta de precisión del documento, que no se ajusta a las necesidades de la población colombiana, vulnera la posibilidad de los ciudadanos a reconocer sus derechos y constituye una transgresión a uno de los fines esenciales del Estado que corresponde a: “garantizar el goce efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes de los ciudadanos”15, debido a que no los podrían exigir si no los comprenden o no saben sus implicaciones. A esto se suma que, si Colombia no realiza el reconocimiento pertinente de sus pueblos y comunidades indígenas, suscita la desaparición de sus expresiones culturales y saberes ancestrales.
De igual manera, cuando un documento gubernamental se emite para difusión general, resulta imprescindible que sea de fácil lectura. Para esta situación en específico, la claridad es especialmente importante en la medida en que se sabe que el contenido del documento tiene una incidencia particular sobre colectivos con enfoques diferenciales, algunos de los cuales se encuentran en riesgo de extinción. Esto debe hacerse tanto para eliminar las barreras de la comprensión, como para establecer un entorno participativo e incluyente que se aproxime a los propósitos de un Estado democrático.
En la misma vía, el Gobierno debe ser garante de los derechos de todos los colombianos, independientemente del idioma en que se comunican o de su nivel académico-profesional. Así lo dictaminó la Corte Constitucional en la Sentencia C-274/13, donde lleva a cabo la revisión del artículo 8 (criterio diferencial de accesibilidad para poblaciones específicas) de la Ley 1712 de 2014 (Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional). De acuerdo con este tribunal:
[…] dado que la publicidad de la información oficial es el principio general que rige en el Estado democrático colombiano, y que uno de los principios de esta ley estatutaria es la divulgación proactiva de la información pública, no resulta acorde con las normas constitucionales y las finalidades de la ley estatutaria, restringir la presentación de la información oficial en diversos idiomas y lenguas pertenecientes a poblaciones específicas de las comunidades étnicas y en formatos alternativos comprensibles para tales grupos, sólo al evento en que se haya presentado solicitud de las autoridades de dichas comunidades, máxime cuando se está frente a sujetos de especial protección constitucional.
En este sentido, y puesto que la garantía más importante del adecuado funcionamiento del régimen constitucional está en la plena publicidad y transparencia de la gestión pública, y que la diversidad de idiomas y lenguas constituye una barrera para el acceso a la información pública y el consecuente ejercicio del derecho a la participación y demás derechos fundamentales que del mismo derivan, la Sala encuentra que los sujetos obligados tienen el deber constitucional de traducir la información pública en todos aquellos casos en que se presente la posible afectación de una o varias comunidades étnicas que no tienen la posibilidad de comunicarse en castellano, lengua oficial de Colombia de acuerdo con el artículo 10 constitucional, aún en el evento en que no medie solicitud de la autoridad o autoridades correspondientes. Este deber se reafirma al consagrar la misma ley el principio de publicidad proactiva16.
Por lo mismo, resulta claro que la información contenida en el Acuerdo debería ser clara, de fácil comprensión y apta para la traducción a las lenguas étnicas oficiales de Colombia, en cumplimiento de los preceptos establecidos en la Constitución Política de Colombia de 1991. En caso de no ser así, se estaría atentando contra los principios de información, transparencia y publicidad que han sido promovidos mediante la legislación colombiana.
Más aún, el caso de los pueblos indígenas y los Acuerdos es solamente uno de los muchos problemas de comunicación que se originan en la falta de claridad del lenguaje y que derivan en procesos de discriminación y exclusión social. Siguen existiendo muchas situaciones similares en escenarios del diario vivir: funcionarios públicos que se comunican con un lenguaje que los ciudadanos no pueden entender; abogados que interactúan con sus clientes haciendo uso de términos innecesariamente complejos, sin que aquellos comprendan lo que está sucediendo; médicos que hablan con terminología propia de su disciplina, sin llegar a interactuar verdaderamente con sus pacientes y necesidades particulares.
Por eso, dentro de las comunicaciones que se llevan a cabo en diferentes áreas de la sociedad, resulta fundamental establecer una interacción en lenguaje claro y sencillo sin dejar a un lado el rigor que exige cada materia o temática. Por ejemplo, en el caso del lenguaje técnico de una disciplina, este en sí mismo no es un obstáculo para una comunicación eficaz. El verdadero inconveniente se encuentra en la forma como se utiliza, en las carencias de interacciones de fácil comprensión y en los obstáculos que impiden comprender adecuadamente el mensaje que se quiere comunicar al receptor.
Simultáneamente, es pertinente considerar que el lenguaje claro puede utilizarse no solo como mecanismo de inclusión social, también puede contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, así como generar escenarios y sinergias que favorezcan la interacción que los individuos tienen entre sí. Específicamente en un país como Colombia, donde existen tantas brechas de desigualdad, hacer accesible la información para todos los individuos resulta ser un mecanismo de transformación social imprescindible.
De esta manera, uno de los principales elementos de intervención del lenguaje claro se encuentra en la posibilidad de acción mediante la cual se puede generar la eliminación de barreras sociales, en una sociedad donde continuamente se presentan circunstancias de ambivalencia y donde existen constantes de desigualdad graduales que pueden evidenciarse en el trato hacia las élites y el que reciben los habitantes de calle. Debido a ello, si bien la estructura social colombiana cambia y se moderniza, sigue siendo necesario contar con un factor adicional para fortalecer la inclusión social. A partir de eso, se puede considerar que el lenguaje claro es uno de los mejores medios para modificar las condiciones de vida de quienes no se encuentran incluidos debido a su estatus académico, profesional o social.
Asimismo, el lenguaje claro permite establecer un sentido de igualdad entre los seres humanos. Esto, toda vez que al materializar la posibilidad de que todas las personas puedan acceder a los mismos recursos, simultáneamente se favorece el reconocimiento equitativo entre las partes. En este sentido, las brechas de desigualdad que diferencian a las personas por sus niveles de educación o sus condiciones económicas encontrarían un contraflujo en el hecho de que todos los seres humanos posean el mismo nivel de entendimiento sobre asuntos fundamentales. Eso se lograría especialmente por la influencia de la capacidad de comprensión del lenguaje mediante el cual se expresan dichos asuntos.
Por otra parte, en lo que se refiere a la defensa y el reconocimiento autónomo de los derechos fundamentales, tampoco se puede desconocer que uno de los principales efectos de la comunicación en lenguaje claro consiste en las facilidades del acceso a la justicia. Ciertamente, uno de los principales obstáculos para que las personas reconozcan, identifiquen y exijan sus derechos, radica en la dificultad de conocerlos o saber cómo exigirlos, tal como se demostró en el ejemplo de los pueblos indígenas según se planteó previamente. Sin embargo, el propósito de emplear lenguaje claro dentro de los ámbitos estatales y jurídicos permite llevar a cabo ese proceso de reconocimiento de derechos y abre la posibilidad de acceder a mecanismos jurídicos y judiciales comprensibles.
Debido a ello, para referirse al establecimiento de entornos verdaderamente participativos, es necesario aclarar la relación que existe entre el lenguaje claro como herramienta de inclusión social y la participación. En ese sentido, puesto que el lenguaje claro favorece el mejoramiento de la comunicación humana y el método de inclusión social hace referencia a la persecución de mejores posibilidades de vida, enfocadas a alcanzar el éxito en la participación en la sociedad, el uso del lenguaje claro favorece la comunicación
