desenraizados de la tierra, que seguían engrosando, desde la época colonial, la población de vaga-mundos en los caminos de Chile77.
Desde Aconcagua a Biobío, al interior de los fundos y haciendas del centro del país, se conformaba una «estructura laboral piramidal», en cuya cúspide el patrón delegaba sus funciones en un «administrador» secundado por una serie de «supervisores llamados mayordomos, capataces y sotas (vigilante de diez hombres)», quienes tenían bajo su mando a los trabajadores-campesinos en sus distintas figuras: inquilinos, reemplazantes u obligados, voluntarios, afuerinos, peones78.
2. Condiciones de vida del campesinado chileno
En el agudo tiempo de crisis que se inició con la primera guerra mundial y, especialmente, con el colapso mundial del capitalismo en los años de 1930, la mirada de los grupos dirigentes, especialmente de las izquierdas, se dirigieron hacia la situación social y económica que se vivía en la tierra y su influjo sobre la ciudad. Era la tierra la que, como siempre y más que nunca, debía seguir sustentando a la población en medio de la tormenta de la crisis comercial: del trabajo de sus cultivadores pendía la sobrevivencia de la población en su conjunto.
Sin embargo, estos cultivadores eran, mayoritariamente, trabajadores agrícolas mal pagados, mal comidos, mal dormidos; asalariados temporales sin arraigo o inquilinos cuya «regalía» de chacra y talaje le daba «derecho» a un latifundista, generalmente ausentista, a contar indiscriminadamente con su trabajo, el de su familia y de un trabajador extra. Como veremos, se trataba de un latifundista muy consciente de sus intereses particulares de clase y muy inconsciente acerca del valor social y humano de la fuerza de trabajo de sus fundos, así como acerca de su responsabilidad como propietario de un fragmento nada menor de la tierra de la nación. Dejadas en manos de administradores, las tierras de estos propietarios eran de baja rentabilidad y explotadas con escasa innovación en sus métodos productivos; tierras que servían más como fundamento de su poder de clase, que como fuente de producción y de generación de bienestar colectivo.
La situación de la miseria campesina y de la concentración de la propiedad terrateniente y su inefectividad productiva comenzó a ser, poco a poco, sacada a la luz desde principios del siglo xx y, con mayor énfasis, como decíamos, a partir de la crisis capitalista de 1930, cuando la supervivencia de todos pendía de la producción de alimentos. Las voces críticas de la época señalaban como el principal problema del régimen agrario, la mala distribución de la tierra y los bajos salarios de los trabajadores agrícolas, cuestionando el estancamiento de la producción de alimentos y el pauperismo del campesinado. Los estudios del norteamericano George MacBride sobre la situación del agro hacia 1924 revelaron la excesiva concentración de la propiedad de la tierra en Chile: entre Coquimbo y Biobío la tierra estaba principalmente en manos de hacendados con propiedades mayores de 2.000 hectáreas (5.396 haciendas, 11 millones de hectáreas), controlando el 89% de la tierra. El resto, un total de 1,3 millones de hectáreas, estaba repartida entre 76.688 propietarios con predios de menos de 5 hectáreas (1,4% de la tierra agrícola), un 40% de los cuales tenía en promedio apenas 1,5 hectáreas. En otros términos, la extensión del suelo cultivable alcanzaba al tercio de la superficie territorial: el 62% eran haciendas de más de 5.000 hectáreas, pertenecientes a 568 propietarios y el 16% eran predios entre 1.000 y 5.000 há., pertenecientes a 2.052 propietarios. En suma, «el 78% de la extensión cultivada chilena pertenece a 2.620 personas, (mientras) 57.360 personas son dueñas de propiedades de menos de 5 hectáreas»79.
Tal como existe en nuestro valle céntrico, el latifundio significa (…) rutina y producción incompleta; en lo social, la supervivencia de un sistema semi-feudario que es la más cerrada valla en contra del advenimiento de un bienestar holgado para nuestro pueblo; en lo económico, una riqueza hoy muy inestable para el dueño y miseria de por vida para el hombre que unce junto con el buey, al arado; y en lo cívico, depósito de materia inflamable para cualquier explosivo revolucionario80.
Se vislumbraba la necesidad de una reforma que permitiese abordar la mala distribución de la propiedad, siguiendo el cercano ejemplo del México post-revolucionario y de la Europa de post-primera guerra. Esta crítica alcanzó niveles cada vez más resonantes, especialmente al momento, como veremos, de la formación en Chile en 1936 del Frente Popular (en adelante FPCh), que constituyó una importante alianza de fuerzas políticas críticas, proclives a hacer del Estado un instrumento de cambio social al servicio de una democracia que resguardara los derechos sociales de los trabajadores y del pueblo en general. A través del periódico vocero de dicha alianza, el que justamente portaba el título de Frente Popular, esta coalición denunció los problemas de subsistencia popular, especialmente la carestía de vida, exacerbada por la exportación de alimentos, mientras se visibilizaba la grave situación salarial de los trabajadores, especialmente de los trabajadores agrícolas.
El trabajador agrícola gana, computando sus entradas por habitación y especies, $6.50 al día. El minero gana $11 diarios. El obrero de la industria gana $7.80 por día. El obrero ferroviario (…) gana $13.70 diarios. ¿Pueden bastar estos salarios para la subsistencia de una familia obrera? (…) El Dr. González demuestra que una familia obrera media, con 3 hijos, debe gastar a lo menos $13 diarios por el sólo capítulo de alimentación81.
Un panorama acerca de las condiciones de vida de sectores del campesinado de la época en estudio fueron reveladas a través de un Informe de Visitación del Trabajo presentada al Congreso Nacional a raíz de una petición de Oficio requerida por el diputado y dirigente de la Liga Nacional de Defensa de los Campesinos Pobres, Emilio Zapata. En dicho Informe (1937), relativo al fundo «Santa Elisa»82, se daba cuenta que los 22 inquilinos que allí laboraban percibían un salario consistente en $0.80 diarios, 3 galletas diarias de valor de $0.60 cada una, media cuadra de terreno para chacra de valor de $600 (anuales) y talaje para 10 animales de un valor de $6 mensuales por cabeza, haciendo presente que «este derecho a talaje puede considerarse casi nominal, por cuanto la pobreza de estos inquilinos no les permite tener animales». La pulpería del fundo, entregada a un concesionario, era la encargada de pagar a los inquilinos, los cuales, con los descuentos realizados, por lo general no recibían pago alguno en dinero efectivo. Requerido el pulpero para que publicase los precios de los productos, este habría declarado que estaba de más porque los campesinos jamás alcanzaban a llevar un kilo, lo cual «me demostró palpablemente la pobreza suma en que vive la gente del fundo». Los inquilinos, además, estaban sometidos a una serie de multas «sin tasa ni medida». Había inquilinos a quienes se le aplicaban multas de $20 el día del pago, los cuales, habiendo tenido un alcance líquido en la quincena de $9.60, quedaban sin sueldo alguno y endeudados. Se le obligaba al inquilino a proporcionar cada 15 días un arreador de ganado para ir a la feria, el cual estaba obligado a servir en caballo y montura propia, remunerándoseles con un viático de $2.50 para tres días. No existían contratos de trabajo y no pudo saber el Visitador si las libretas del Seguro Obligatorio (que todos tenían) estaban al día. Había reclamos respecto de los desahucios, no otorgándose los dos meses que requería el Código del Trabajo. La vivienda se describe como «rucas primitivas o ranchos de paja», existiendo 10 casas de teja y zinc en regular y mal estado. La única expresión de «modernidad» era la existencia de una escuela al interior del fundo. En suma, el Visitador anotaba que el patrón sólo cumplía en parte con el Código del Trabajo, manifestando que los escasos salarios y las pocas facilidades que se les otorgaba se expresaba «en los rostros de todos los inquilinos muestras de descontento, angustia y miseria»83.
Las denuncias sobre los bajos salarios y sobre los abusos en relación a los precios de compra-venta de productos y mercaderías en las haciendas, eran pan cotidiano en la década de 1930. Como ejemplo, en la prensa de Talca se denunciaba que en el fundo «San Pedro» de Molina (departamento de Lontué) la comida de los trabajadores no era ni para perros, intragable, que los sueldos eran de $2.50 al día, suma con que los inquilinos, con 4 y 5 hijos, no alcanzaban a alimentar a su familia; las mujeres ganaban $1.80 diarios y los afuerinos $3 y $3.50. A los inquilinos que recién
