“No hay un sólo ejemplo en el mundo de un partido comunista que haya demostrado con sus obras el menor respeto por las reglas del juego democrático una vez ha alcanzado el poder.”61
La respuesta ofrecida por una parte de la oposición franquista vino reflejada en el documento publicado en París dos días después de la publicación. En el escrito, la JDE planteó la situación política española desde una perspectiva del pasado y su proyección al futuro. En el texto se aludía al aperturismo del 12 de febrero de 1974 presentado por el presidente Arias como una táctica defensiva frente a la crisis del régimen, en contraste con el programa de ruptura democrática planteada por la oposición. El documento nos recordaba que un año y medio después, el 24 de junio de 1975, el gobierno dio por finalizada la apertura siendo calificada por la oposición como el reinado de la “trinidad franquista”, terror y represión como única política del Estado monárquico, avalado por la Ley Antiterrorista y por las concentraciones antieuropeas de la plaza de Oriente.
Con la desaparición del Caudillo, la política del gobierno optó por una táctica reformista gradual, siguiendo las recomendaciones de algunos gobiernos europeos que aconsejaban olvidar la ruptura democrática verbal como alternativa pacífica del poder democrático de la sociedad, dado el riesgo de provocar una crisis.
Tras la confirmación de Carlos Arias Navarro como presidente del gobierno y ante la dificultad de conceder la amnistía solicitada por parte de la sociedad española, daba la sensación de que era el propio régimen franquista quien intentaba perpetuarse a través de una monarquía de y para los franquistas, donde sólo había cambiado el titular del poder. La oposición mayoritaria, reunida bajo el nombre que tiempo después algunos medios periodísticos denominarían “Platajunta”, contemplaba la situación de esta forma:
“Lo que hoy contemplamos en España con solo abrir los ojos es justamente la quiebra del principio de autoridad, la desconcentración de las funciones del gobierno, la autonomía de las esferas de control estatal sobre la sociedad. El rey no puede nombrar al presidente del gobierno que desea. El presidente Arias no puede nombrar libremente a su gobierno y tiene que aceptar toda clase de limitaciones y condicionamientos. El Ejército no encuentra una sola autoridad, incluida la del rey, a la que atribuir la responsabilidad de la ‘dimisión’ deshonrosa del Sahara, y reclama una Vicepresidencia militar (…) Las Cortes se revelan contra cualquier anécdota liberal del gobierno. La Iglesia advierte con solemnidad al rey que su apoyo será condicionado”.62
Este documento fue firmado por: Ramón Tamames, Luis Larroque Allende, Paloma Cruz, Manuel Pastor, Eugenio Triana, José Antonio Alonso, Mª del Carmen Jiménez Sabio, Ángel Rojo, Tranquilino Sánchez y Juan Antonio Bardem. Por la Plataforma: Javier Solana, Luis Anzola, Leopoldo Torres, José Luis Doreste, Ciriaco de Vicente, José Ramón Rincón, Joaquín Ruiz-Jiménez y Luis Mª González Llano.
En vista de la actitud del gobierno y a pesar de su apuesta propagandística alabando su apertura democrática, la conclusión en los medios opositores fue que Juan Carlos I no era la solución sino que había agravado la situación. Incluso aceptando el sufragio universal en contra de las Leyes Fundamentales, las reformas que se implantasen no introducirían la democracia porque no podían poner en juicio electoral las cuestiones del poder político, del Estado autoritario, de la soberanía popular, de la monarquía impuesta por Franco ni, en definitiva, de la libertad. En consecuencia, uniendo la falta de autoridad del Estado a la propia descomposición estructural del régimen con la aceleración liberal y democrática de toda la sociedad española, daba como resultado una aparente incoherencia a la política de la monarquía. Por tanto, si el análisis era correcto, la misión de la oposición democrática debía hacer fracasar el plan gubernamental con la colaboración de los partidos no comunistas, los partidos de centro en Cataluña, País Vasco y Galicia, la colaboración exterior del Parlamento Europeo y la Comisión de la Comunidad Europea, proponiendo un congreso de la democracia española en el mismo Parlamento Europeo para hacer fracasar el intento de perpetuación del franquismo con la oligarquía monárquica.
La unidad de la Junta y la Plataforma se hizo indispensable como oposición al régimen para conseguir la “ruptura democrática” de las instituciones franquistas, donde el movimiento obrero sería la verdadera punta de lanza de la ruptura. Sin embargo, hasta que eso sucediera, de momento cada organismo iría por su lado.
Por otra parte, la JDE se opuso a la idea de que la congelación de salarios decretada por el Consejo de Ministros pudiera resolver los problemas actuales de la economía española. También exigió la inmediata libertad de los nueve jefes y oficiales del Ejército acusados de pertenecer a la Unión Militar Democrática (UMD). Y con respecto al problema del Sahara, consideró que:
“El gobierno ha despreciado el legítimo derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y no ha consultado al pueblo español, lesionando con ello los intereses generales del mismo y los particulares de la región canaria, cuya situación reviste una particular gravedad. La solución del gobierno respecto al problema del Sahara ha dañado gravemente el honor del Ejército español así como la dignidad nacional”.63
No obstante, dos días después de la reunión celebrada en París, Junta y Plataforma comenzaron a planificar su fusión, resolviendo que el principal punto de discrepancia entre ambas organizaciones consistía en la incongruencia de que los partidos democráticos pudieran colaborar con un partido comunista totalitario y antidemocrático.
Sin embargo, el 15 de enero de 1976 se consiguió llegar a un acuerdo, consensuado por ambas organizaciones, aludiendo al apoyo al movimiento obrero e indicando que los incrementos salariales no podían ser considerados como causa fundamental de la inflación. También se pidió la liberación de los trabajadores detenidos y la negociación directa entre empresarios y trabajadores.
Como apoyo a esta estrategia, se convocaron diversas manifestaciones, siendo la realizada el 17 de enero en Valencia la más numerosa, contando con alrededor de veinte mil personas a favor de la JDE y el Consell Democratic.
En toda España se sentía una auténtica efervescencia política con la presentación pública de los partidos políticos, la mayoría emergiendo desde la clandestinidad mientras que otros nuevos que se incorporaban al espectro político. Algunos se constituían en plataformas unitarias a fin de conseguir la mayor representatividad posible. Este fue el caso de la Confederación Socialista que finalmente llegó a unirse con la Conferencia Socialista Ibérica; o como en Galicia, donde se constituyó la plataforma del Consello de Forzas Políticas Galegas.
Sin duda, estos pactos resultaron frágiles en su contenido, llegando a crear confusión y enfrentamiento entre ellos, dada la volatilidad de las alianzas entre los diferentes organismos políticos que se sucedían constantemente en función de lo que defendieran en cada momento. Como ejemplo de ello, el comité de relaciones exteriores de la AD de Euzkadi y la comisión de enlace de la Asamblea, acordaron el 28 de enero denunciar la vigencia del Decreto-Ley Antiterrorista.
En Cataluña, dentro de la propia FSC-PSOE saltaron las alarmas al publicarse un artículo escrito por José Luis Fernández Casado que pertenecía a la Comisión de Trabajo de la FSC titulado “El PSOE contra el Consell de Forces Polítiques”. En el se indicaban las distintas tendencias del socialismo catalán así como los problemas ideológicos entre las dos formaciones:
“Los señores del Consell han demostrado demasiado pronto su antisocialismo (…) Corren rumores de que lo más molesto para los señores del Consell es la ‘E’ del PSOE, es decir, lo que tiene el Partido Socialista de ‘Español’. Tratan así de utilizar el catalanismo para excluir, con aparente justificación, al socialismo. Y además parecen ignorar con ello la composición actual de la población de Cataluña y las actuales relaciones de producción (…) Otros, sin embargo, afirman que lo que molesta de verdad a los del Consell no es la ‘E’ sino la ‘O’, es decir, la palabra OBRERO que tiene en su anagrama el
