Las guerras de Yugoslavia (1991-2015). Eladi Romero García
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La primera consecuencia de estos cambios fue un caos económico abrumador debido al aumento del estatismo centrípeto en cada una de las repúblicas. De esta forma, al cabo de una década la economía yugoslava había alcanzado un punto de alineación regional tal que los movimientos de capital entre las repúblicas casi se habían extinguido. Cada república había constituido su propio banco central, adicional al Banco Central Federal Yugoslavo; el comercio interregional descendía vertiginosamente, y cada república desarrollaba su propia política tecnológica, impositiva o de precios sin ninguna coordinación con las de las otras repúblicas, y sin ninguna consideración con las de la misma república federal. En resumen, los resultados obtenidos de la bienintencionada Constitución de 1974 fueron nefastos. El texto hipotecaría el proceso de toma de decisiones económicas a nivel federal, al prevalecer el requisito de la unanimidad entre repúblicas en relación con un área de interés tan destacable.
En el terreno político ocurrió más de lo mismo, pues las repúblicas fueron adquiriendo poderes normativos y legislativos comparables a los de la república federal, provocando un vacío de funciones y autoridad en esta última. A su vez, el Partido Comunista Yugoslavo (por aquel entonces partido único, sabido es) no fue ajeno al proceso de desagregación. Los activistas dejaban de serlo del PCY para ser los valedores de la Liga Comunista de sus repúblicas respectivas, así que paulatinamente los congresos regionales fueron sustituyendo el papel dirigente del comité central. De hecho, los miembros del comité central eran elegidos por los respectivos congresos regionales y no por el congreso federal de partido. Esta nueva situación provocó que las decisiones del PCY no fueran más que una síntesis de las decisiones que previamente habían adoptado los congresos regionales.
La muerte de Tito y el caos subsiguiente
El 7 de mayo de 1980 Tito fallecía en Liubliana y la presidencia del país pasó a ser colectiva (seis representantes de las repúblicas más dos de las provincias autónomas de Serbia, aunque estos dos últimos solo estuvieron hasta 1988). Cada año, de forma rotativa, uno de esos representantes pasaba a ser el Presidente de la Presidencia. En 1981, Yugoslavia sobrepasaba los 21 millones de habitantes, con 8 millones de serbios, 4,5 millones de croatas, 2 millones de musulmanes en Bosnia, Montenegro y Serbia, y 1.730.000 albaneses musulmanes en Kosovo y Macedonia. Los que se declararon simplemente yugoslavos sumaban 1.219.000.
Menos de un año después de fallecer Tito, volvieron a surgir las protestas en Kosovo, acaso la región más pobre de Yugoslavia y de toda Europa, si exceptuamos la propia Albania. De hecho, en 1980 un obrero kosovar ingresaba de media 180 $ al mes, frente a los 235 de la media federal o los 280 de los obreros eslovenos.
Protestas que se iniciaron de forma espontánea el 11 de marzo por parte de los estudiantes universitarios de la capital, Priština, muy resentidos por el paro y la falta de futuro en un territorio que decían abandonado por el gobierno de Belgrado. Sin embargo, los primeros motivos de queja eran más simples: la mala calidad de la comida en la cafetería universitaria y las largas colas que debían hacer los jóvenes para obtenerla. La primera protesta de 4.000 manifestantes sería disuelta por la policía, que practicó unas 100 detenciones.
Pero las quejas estudiantiles se reanudaron dos semanas más tarde, el 26 de marzo, cuando varios miles de manifestantes corearon consignas cada vez más nacionalistas, y la policía utilizó la fuerza para dispersarlos, hiriendo a 32 personas. Una reacción desmesurada que, lejos de calmar los ánimos, los encrespó.
El 1 de abril, las manifestaciones se extendieron por todo Kosovo, y 17 policías resultaron heridos en enfrentamientos con los estudiantes. El dirigente comunista albanokosovar, Mahmut Bakalli, solicitó la intervención del ejército federal, que hizo acto de presencia sacando los tanques a la calle. En pocos días, las protestas por las condiciones de los estudiantes se convirtieron en un claro descontento nacionalista, siendo la demanda principal que Kosovo se convirtiera en una república dentro de Yugoslavia, en contraposición a su estado vigente en ese momento como una provincia de Serbia.
Las autoridades culparon a los radicales nacionalistas de las protestas. El diario serbio Politika afirmó que el objetivo de las protestas era, en última instancia, la independencia de Kosovo y su posterior unión a Albania, lo que resultaba inaceptable tanto para la minoría serbia del lugar como para los serbios de la propia Serbia, que veían en Kosovo uno de sus centros históricos, religiosos y culturales más estimados. Tampoco la república macedonia, con una destacable minoría albanesa, se mostraba muy conforme con las protestas.
El 2 de abril, el presidente de Yugoslavia, el serbobosnio Cvijetin Mijatović, declaró el estado de emergencia en Kosovo, situación que se alargó durante una semana. 30.000 soldados se desplegaron por toda la provincia, acabando así con las protestas. La prensa yugoslava informó sobre 11 muertos y 4.200 encarcelados. El propio Bakalli, ahora en desacuerdo con la brutal actuación militar, acabó renunciando de sus cargos. Otras fuentes afirman que fue obligado a dimitir por las autoridades serbias. Posteriormente, en la universidad se prohibió el uso de libros de texto importados de Albania, usándose solo los escritos en serbocroata. En esencia, la revuelta fue considerada oficialmente como un acto contrarrevolucionario, fomentado en parte por agentes extranjeros (léase, procedentes de Albania).
Las manifestaciones también motivaron una tendencia cada vez más extendida entre los políticos serbios a exigir la centralización, la unidad de las tierras serbias, la disminución en el pluralismo cultural para los albaneses y el aumento de la protección y promoción de la cultura serbias, exigiendo el fin de la autonomía de la provincia. La universidad albanokosovar sería denunciada como un foco de nacionalismo albanés. También se dijo entonces que los serbios de la provincia estaban siendo obligados a abandonarla, principalmente por el crecimiento de la población albanesa, más que por la mala situación de su economía. La crisis que llevaría a la disolución de Yugoslavia estaba, pues, ya servida.
Mientras, durante la década de los 80 la Constitución de 1974 estaba dando sus frutos más negativos, con cada república encerrándose política y económicamente en sí misma. En cada una de ellas se aplicaban recetas propias (la legislación permitía el control del 70% de los fondos de inversión) sin apenas coordinarse con las demás y con criterios más bien exclusivistas. Lo que suponía, por ejemplo, la aplicación de barreras a la importación o exportación con respecto a las otras repúblicas por razones proteccionistas. En consecuencia, la economía de todo el país se resintió notablemente. En 1983, se divulgaron los primeros datos de esa caída, en los que se indicaba que el nivel de vida había descendido un 40% respecto a 1979, el paro alcanzaba el 15% y la inflación el 62%, con una deuda exterior tan acentuada que se hubo de recurrir al control financiero del Fondo Monetario Internacional.
Con el tiempo, los bancos regionales comenzaron a favorecer a los acreedores locales, a la vez que imponían severos vetos al movimiento de inversiones entre repúblicas. En 1981, este no pasaba ya del 4%, lo que implicaba una suerte de autarquía en cada territorio.
Al poco tiempo, esa economía «nacionalista» daría paso a una ideología cada vez más nacionalista, habida cuenta de la crisis que el comunismo integrador estaba viviendo en diversos países de la Europa del este, incluida la propia Yugoslavia. Estamos hablando la de la era de Gorbachov y de su perestroika o de las protestas en Polonia (promovidas por el sindicato de raíz católica Solidarność). A finales de septiembre de 1986, el diario