Las guerras de Yugoslavia (1991-2015). Eladi Romero García
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El memorándum mencionaba la creciente autarquía de las repúblicas, pero hacía referencia sobre todo a la discriminación que había vivido el pueblo serbio durante la Yugoslavia de Tito. Sin embargo, y siempre de acuerdo con el documento, los partidos comunistas croata y esloveno, y en conjunto sus respectivas repúblicas, habían sido beneficiados por la política del fallecido dictador. Todo ello con la perversa intención de mantener subordinados a los serbios, convertidos en verdaderas víctimas de dicha política. Una afrenta especialmente gravosa por cuanto, como insistía el memorándum, el número de serbios que vivía fuera de la república madre era muy elevado, según el censo de 1981, casi 2 millones de personas que representaban el 24% de todos los serbios. Serbios que, en repúblicas como Croacia, donde representaban el 11,5% de la población, estaban viviendo un sutil proceso de asimilación. O serbios que, como ocurría en Kosovo, vivían claramente un proceso de genocidio físico, político, legal y cultural, tal como rezan sus palabras: «El genocidio físico, político y cultural contra el pueblo serbio en Kosovo constituye la mayor derrota de Serbia en las guerras que ha mantenido por su iberación (...). La responsabilidad de esta derrota es del Partido Comunista Yugoslavo, y de la fidelidad de los políticos serbios a esta política, a las ilusiones políticas e ideológicas, al oportunismo de los políticos serbios, siempre a la defensiva y siempre pensando qué es lo que piensan otros de ellos, condicionando así el futuro del pueblo al que gobiernan». Y como solución, la Academia proponía un cambio en la Constitución de 1974 que reformulara Yugoslavia y las autonomías de las repúblicas desde un punto de vista serbio.
Los dirigentes de la Liga de los Comunistas Serbios, con el presidente de la república de Serbia a la cabeza, Ivan Stambolić, pusieron el grito en el cielo al conocer el memorándum y criticaron su contenido por excesivamente nacionalista. Sin embargo, en Eslovenia y Croacia tomaron buena nota del texto. Además, el ejército yugoslavo, en el curso de los años 1987-88, llevó a cabo una política secreta de entrega de armas a la población serbia de Bosnia y Croacia. Actividades que serían reconocidas posteriormente por altos mandos de dicho ejército, según publicó 28 de junio de 1997 el semanario Vreme (Tiempo), una de las pocas revistas serbias que no cayó en las garras del nacionalista serbio Milošević. Un personaje del que tendremos ocasión de hablar a menudo en este relato.
Para muchos serbios, incluidos los redactores del memorándum, el mayor problema estaba en Kosovo, república autónoma que, según el censo de 1981, tenía una población de 1.227.000 albaneses frente a solo 209.000 serbios. Además, el índice de natalidad era más alto en los primeros (más del 30‰ frente al 11‰ de los serbios). Musulmanes frente a ortodoxos, albaneses frente a eslavos, mezquitas frente a los monasterios medievales del antiguo reino serbio, una historia de opresores (primero los albaneses musulmanes; luego, al crearse el reino de 1918, los serbios, y de nuevo los albaneses con la república socialista) y oprimidos. Y una provincia pobre, con una elevada tasa de paro y cada vez más olvidada por el resto de las repúblicas y por la propia Serbia, que apenas invertían y cotizaban en el denominado Fondo Federal para el Desarrollo Acelerado de las Repúblicas y Provincias autónomas subdesarrolladas, el viejo mecanismo yugoslavo de solidaridad interregional creado en 1965.
Para Eslovenia y Croacia, la nefasta gestión aplicada por Serbia en su provincia autónoma de Kosovo constituía un síntoma de lo que les podía ocurrir a ambas. Solo faltaba que, para colmo, el emergente nacionalismo serbio pusiera en tela de juicio la propia autonomía de la provincia argumentando la opresión que la minoría serbia sufría en ella. La prensa, con datos inventados o exagerados, divulgaba noticias sobre miles de serbios y montenegrinos malvendiendo sus propiedades y abandonando Kosovo, a fin de escapar de un ambiente cada vez más irrespirable para ellos. El 1 de mayo de 1985, un agricultor serbio llamado Đorđe Martinović, de 56 años, se presentó en el hospital de la localidad kosovar de Gjilane con una botella de cerveza incrustada en el recto, afirmando que había sido maltratado por dos albanokosovares. Ya lo había dicho el memorándum: en Kosovo se estaba llevando a cabo un genocidio contra los serbios, con violaciones, asesinatos y chantajes. También lo había publicado el obispo serbio Atanasije Jevtić en su libro Od Kosova do Jadovna (traducido, De Kosovo a Jadovna, publicado en Belgrado en 1984): las mujeres serbias de Kosovo estaban siendo sistemáticamente violadas por los albaneses. Pero nada de eso era cierto. Los expertos serbios en derechos humanos llegaron a la conclusión de que, en 1990, había muchas más violaciones de mujeres en el resto de Yugoslavia que en Kosovo. La prensa serbia divulgó profusamente el caso Martinović, y aunque las investigaciones posteriores determinaron que el asunto se había debido, casi con toda probabilidad (aunque Martinović siempre lo negara), a un intento de automasturbación y no se persiguió por ello a nadie, los albaneses de la provincia se convirtieron en los herederos de los turcos empaladores. Noticias como esta, o la divulgada en septiembre de 1987, según la cual un recluta albanokosovar llamado Aziz Keljmendi había asesinado, la madrugada del día 3, a cuatro compañeros y herido a cinco en su cuartel de Paraćin (Serbia central), no ayudaban a calmar los ánimos. Poco importaba que solo uno de los muertos fuera serbio, y que todo se debiera a un brote de locura sin trasfondo político.
Keljmendi acabó suicidándose (al menos esa fue la versión oficial) tras ser rodeado por la policía militar, lo que impidió conocer las verdaderas causas del suceso. Sin embargo, el sentimiento antialbanés, ya propiciado por noticias anteriores sobre crímenes contra los serbios perpetrados en Kosovo, se hizo fuerte en Serbia. La prensa de esta república, y en especial el rotativo Politika, llegó a afirmar que Keljmendi había mostrado públicamente simpatías hacia los separatistas albanokosovares. Los rumores se dispararon, divulgándose la especie de que los albaneses dueños de tiendas de comestibles vendían alimentos envenenados a los serbios, lo que provocó el apedreamiento de algunos de estos locales en las ciudades serbias de Paraćin, Belgrado, Valjevo y Subotica.
En Bosnia y Herzegovina, la situación también fomentaba las tensiones interétnicas. Tras la muerte de Tito, los serbios de la república vieron aumentadas sus posibilidades en todos los ámbitos, en detrimento de bosniacos musulmanes y croatas. Para lanzar una señal de aviso a los disidentes, las autoridades de Sarajevo decidieron castigar al intelectual y abogado musulmán Alija Izetbegović, quien de joven ya había apoyado la presencia de voluntarios bosnios en las SS alemanas, motivo por el que tras la Segunda Guerra Mundial fue condenado a tres años de cárcel. En 1970 publicó un manifiesto titulado Declaración islámica (Islamska deklaracija), donde defendía un tipo de Estado basado en los principios islámicos, que Izetbegović consideraba moralmente superiores a los occidentales. En 1983, él mismo y doce seguidores fueron juzgados en un tribunal de Sarajevo por llevar a cabo diversas actividades hostiles (propaganda, asociación ilegal). Todos recibieron diversas condenas, siendo la mayor la de Izetbegović, sentenciado a catorce años de prisión. Diversos organismos internacionales protestaron, y casi cinco años después este fue indultado, aunque su paso por la cárcel provocó un grave quebranto en su salud.
Las ideas de Izetbegović y sus partidarios aumentaron las inquietudes de los serbobosnios, temerosos de que su república acabara convirtiéndose, debido a la explosión demográfica de los musulmanes, en un país fundamentalista islámico como el nuevo Irán de los ayatolás. De este temor se hizo eco un profesor de Derecho de la Universidad de Sarajevo llamado Vojislav Šešelj. En diversos escritos, algunos no publicados, defendió la división de Bosnia y Herzegovina entre Serbia y Croacia, atacando a los musulmanes y declarándolos «nación inventada». Las autoridades yugoslavas lo detuvieron por sus actividades nacionalistas y fue condenado a ocho años de prisión, aunque el Tribunal Supremo de Belgrado conmutó la condena y fue puesto en libertad en 1986. Cuatro años después, junto a Vuk Drašković y Mirko Jović, fundaba el partido ultranacionalista Movimiento de Renovación Serbio (SPO, en sus siglas serbocroatas, que corresponden a Srpski pokret