este estado de situación –la de encontrarse con una gran incertidumbre ante un nuevo fenómeno social, y por lo tanto sin claras ideas de cómo contenerlo y encauzarlo– el que generó un clima muy especial aquí en Uruguay, y que permitió que la ley finalmente fuese votada.
Finalizada esta digresión, lo que quería remarcar para justificarla es que por primera vez la fundamentación y la defensa de un proyecto de ley en el país se realiza a partir de estudios sociográficos, es decir, de la producción sistemática de información social de base empírica. Y con ello procuro señalar que, aun en ese momento de auge del ensayismo, no se desprecian los datos empíricos como fuente de fundamentación de políticas.
Para culminar estas referencias a esa etapa ensayística, quería también referirme a Víctor Arreguine, un uruguayo que llegó a ser profesor de Sociología en la Argentina donde realizó auténticas investigaciones sociológicas –por ejemplo, sobre el suicidio en Buenos Aires– y que nunca fue citado por aquellos que han estudiado la historia de las ideas sociales a fines del siglo XIX. Sin embargo, este autor escribe antes de partir a vivir en Buenos Aires sobre temas de Uruguay.
En efecto, Arreguine, en un ensayo sobre la época de Juan Manuel Rosas y su influencia en Uruguay, casi de forma marginal, realiza algunas observaciones sociológicas de base empírica, que me parecen de relevancia para comprender ciertas evoluciones sociales, culturales e ideológicas que son muy específicas de Uruguay en el concierto latinoamericano.
La tesis que defiende emerge de una anotación que realiza indirectamente sobre las relaciones extramatrimoniales a mitad del siglo XIX. Señala que en gran parte la falta de matrimonios constituidos y consagrados existentes en el interior del país se debe a la falta de curas en estas áreas.
Esta anotación es una expresión de la debilidad de la Iglesia en Uruguay en todo el siglo XIX, que quizá se mantenga hasta ahora. Situación que diferencia a Uruguay de forma muy importante de otras sociedades latinoamericanas. Y es esta debilidad de la Iglesia la que permite comprender, por un lado, la facilidad con que Battle y Ordóñez, y las corrientes liberales que en ese plano representa, logra imponer tanto la separación de la Iglesia del Estado tan tempranamente como el divorcio e, incluso antes de su período, que se imponga la educación laica. Con relación también a otros Estados latinoamericanos, se observó también la temprana laicidad de la enseñanza entre otras reformas que debilitaron los espacios institucionales que usualmente fortalecían la legitimidad de la Iglesia Católica en los sectores populares. Pero donde salta a la vista su auténtica debilidad es con su falta de reactividad, y la de los sectores burgueses católicos, ante estas leyes que suponen cambios institucionales que debilitan los propios fundamentos de la Iglesia Católica. Si uno observa lo que ha sucedido en otras naciones en América Latina, como la sangrienta guerra cristera en México, y lo compara con cómo sucedieron estos cambios en este terreno, lo que ocurrió en Uruguay no es banal, por cierto.
De hecho, no hubo nunca en Uruguay una Iglesia de masas basada en una profunda devoción popular como existe actualmente en muchas regiones de América Latina. Esa inserción social hace que la vivencia, y quizá incluso la sobrevivencia de la Iglesia Católica en Uruguay en el tiempo, pasa mucho más por el papel que supo jugar en el seno de la propia intelectualidad uruguaya que en su penetración en los ámbitos populares.
Por ello, la Iglesia uruguaya debe ser la más intelectual de América Latina, en términos relativos, y ello ya desde el siglo XIX. En su trabajo Espiritualismo y positivismo en Uruguay, analizando el pensamiento uruguayo a fines del siglo XIX, Ardao reconoce la capacidad intelectual de monseñor Soler y lo señala como uno de los principales pensadores espiritualistas de su época y, quizá, en uno de los principales intelectuales de su propia generación, comprendiendo en ella todas las corrientes intelectuales.1 Y ello a pesar de que el clima intelectual era en ese momento muy favorable a las corrientes de pensamiento positivista.
Esta perspectiva sobre el poder de la Iglesia Católica quizá pueda ayudar a explicar algunos aspectos del desarrollo de la sociología en la segunda etapa, como veremos enseguida, pero, para culminar la etapa ensayística, querríamos decir que Arreguine nos aporta con este dato sociodemográfico una pista para hipotetizar las bases empíricas para comprender la existencia de un conjunto de instituciones emergentes y de institucionalizaciones sociales y de estilos de vida y de convivencia social y política, que diferenciaron muy fuertemente a la sociedad uruguaya de otras sociedades latinoamericanas en esa época. Que incluso, quizá, está en el origen de ciertos habitus en la propia sociedad, en el sentido que le da Pierre Bourdieu, que de alguna forma posiblemente se mantengan hasta hoy en día; habitus que permitieron a nuestra sociedad salir de forma muy original, en el sentido de pacífica, de los regímenes autoritarios que sufrió en su historia en el siglo XX por ejemplo. Regímenes autoritarios que, además, fueron solamente dos, y mucho menos sangrientos que en el resto de la región.
Segunda etapa: la emergencia sociográfica de la sociología
Se puede decir que la sociología comienza a profesionalizarse fuertemente sobre todo a mediados de los años 50 cuando culmina el período de bonanza de la guerra de Corea. De hecho, es un período cuando comienza a percibirse una crisis mucho más profunda del modelo social, político y económico que se había implantado luego de la dictadura de Gabriel Terra en la década de 1930 y que se había reforzado con la Segunda Guerra Mundial en la que, en esa coyuntura, Uruguay se había visto muy favorecido en la división internacional del trabajo, modelo que tuvo una segunda prolongación con la guerra de Corea. En este contexto se da la emergencia de los consejos de salarios para favorecer un aumento del poder adquisitivo de la población trabajadora obrera y de clase media empleada, para dinamizar el mercado interno uruguayo.
Este modelo socioeconómico fue fundamentalmente agroexportador, pero incluye una industria de productos de origen agropecuario, como lo fueron los cueros y las lanas. Pero claramente se agotó y entró en crisis una vez que los países europeos y Estados Unidos volvieron reconstruir una industria orientada al consumo luego del período de la Segunda Guerra Mundial, cuando sus industrias estaban orientadas a la guerra.
La crisis se instaló poco a poco e hizo funcionar distintos mecanismos sociales y políticos en diferentes esferas del orden social, ello como forma de intentar ajustarse al modelo ya agotado, o directamente de intentar modificar las reglas de juego del modelo anterior, buscando encontrar un nuevo modelo socioeconómico viable para nuestra sociedad.
Dos posibles ejemplos de este ajuste e innovación pueden ser las elecciones de 1958, cuando el Partido Nacional gana las elecciones por primera vez en algo menos de cien años, y los trabajadores asalariados, que inician un proceso de unificación sindical que termina con divisiones que parecían definitivas, proceso que culminará en 1966.
Es en este contexto cuando poco a poco se comienza a percibir la falta de información existente en Uruguay sobre sí mismo. Y también poco a poco comienza a haber conciencia de que era imposible cambiar sin tener información de cómo era Uruguay en muchos planos.
Recién en 1963 se realiza el Censo de Población y Vivienda, que no se llevaba a cabo desde 1908. En 1958 se crea el Instituto de Ciencias Sociales con el fin inicial de realizar un censo de las poblaciones universitarias. Por esas fechas se crea la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, se realizan más de veinte estudios sobre distintos tópicos que abordan la situación del agro, de la industria, de los servicios, de la administración del Estado, de la educación, entre otras temáticas. Participan en ella una gran cantidad de académicos de la Universidad, como también altos funcionarios del Estado de distintas orientaciones políticas, e incluso los sindicatos, en la elaboración de estas informaciones “de base”.
Este involucramiento del Estado en la producción de información sociodemográfica y económica tuvo sin embargo como antecedente inmediato la producción de información por institutos
