de órdenes”. Es decir, no nombró a los tecnócratas, pero estos incluso para mantener sus cargos y desempeñar sus funciones, debieron contar con su visto bueno. Para todos los que debían ser “transmisores de órdenes” Eva aplicó un criterio básico selectivo: asegurarse primero el grado de lealtad. Seleccionó al personal con prescindencia de sus capacidades técnicas, morales e intelectuales.
Los altos funcionarios de vocación más tecnocrática o los dirigentes políticos más preocupados por los resultados electorales y la obtención y permanencia en los cargos públicos coincidían en una visión de la sociedad que desconfiaba de los empresarios y de las supuestas virtudes de las autorregulaciones del mercado
Al crear ese doble juego de lealtades, al fortalecer el poder del líder que impartía órdenes a unos planos medios de lealtad doblemente probada, creó un sólido sentido de grupo en el elenco gobernante. Por eso, de buen o mal grado, tanto la elite política como los planos medios tuvieron que aceptar la situación, y por esa vía quedar anudados por una “solidaridad” y homogeneización de grupo impuesta más que libremente consentida.[113] La unidad de la nueva fuerza política se formó en la común identificación con el Estado intervencionista.[114]
Un balance provisorio
En la Argentina, como en el resto del mundo, las funciones del Estado se incrementaron como respuesta a las demandas económicas producidas por la crisis de 1929. En la década del 30 se crearon una serie de instituciones, como las Juntas Reguladoras de la Producción, el Banco Central y la Dirección de Impuesto a los Réditos. Este crecimiento, que se llamó incrementalista, porque eran organismos de menor jerarquía que se creaban sin plan y solo para hacer frente a los problemas en la medida que iban surgiendo. Estos cambios fueron criticados por algunos contemporáneos porque se hacían al margen de la estructura ministerial.
Como se dijo, para solucionar las consecuencias sociales producidas por el proceso de industrialización, el peronismo intentó convertir el Estado como árbitro de los conflictos, y motor del crecimiento económico.
En este marco, la gestión de las nuevas autoridades buscó la legitimación en la planificación y la capacidad de “hacer”.
En el curso de este capítulo hemos analizado:
las características de los cambios del período 1943-1955: una presidencia convertida en centro de decisiones; un gabinete más numeroso y diversificado, la creación y fortalecimiento de organismos técnicos productores de información, así como la creación de los organismos de control;
el fracaso de la construcción de un Estado independiente de las influencias y presiones de los actores sociales, y
un Estado capaz de tomar decisiones desde una perspectiva racional y “técnica”. Esta intención se frustró por la demanda contradictoria de funcionarios técnicamente capaces, que a la vez fueran partidarios de lealtad probada.
Los gobiernos del período tuvieron como preocupación mejorar la calidad del aparato estatal. Para concretar este objetivo recurrieron a la planificación y la capacitación y selección del personal
Para este fin el gobierno militar estableció un Estatuto del Servicio Civil que fijaba los criterios de idoneidad para desempeñar la función pública
El gobierno de Perón mantuvo esta preocupación. Así, el Primer Plan Quinquenal preveía mejorar la competencia de los funcionarios a través de la creación de una Escuela de Administración y una cultura administrativa.
Pero este objetivo sufrió una desviación que cambió el criterio burocrático por la exigencia de lealtad partidaria. Ejemplo de esto fueron la transformación de la Escuela de Administración en Escuela Superior Peronista y el adoctrinamiento de los funcionarios previsto en el Segundo Plan Quinquenal.
A partir de ellas pretendimos explicar las diferencias entre los dos elencos gubernamentales del peronismo. El primero de ellos reclutado entre los dirigentes de los grupos que conformaron el peronismo y/o profesionales técnicos. El segundo elenco, más homogéneo, seleccionado por Eva Perón con criterios de lealtad al presidente
[1]. La Ley transformaba al Ministerio de Trabajo en autoridad de aplicación y ente fiscalizador de los contratos colectivos de trabajo R. Gaudio y J. Pilone, “Estado y relaciones laborales en el período previo al surgimiento del peronismo, 1935-1943”, en Desarrollo Económico, Nº 94, vol. 24, julio-septiembre de 1984, p. 268.
[2]. El Consejo Nacional de posguerra estuvo presidido por José Miguel Francisco Luis Figuerola y Tresols, quien había nacido en 1987, en la ciudad de Barcelona. A los veintiún años se doctoró en Derecho y obtuvo la licenciatura en Filosofía y Letras. Preocupado por las cuestiones del orden social, se especializó en asuntos vinculados con las relaciones laborales. Durante la dictadura del general Miguel Primo de Rivera (1923-1930) se desempeñó como jefe de gabinete del Ministro de Trabajo Eduardo Aunós. Desde esta función estableció relaciones con la Unión General de Trabajadores (UGT), central sindical vinculada con el Partido Socialista Obrero Español y creó organismos auspiciados por el gobierno para resolver las disputas laborales.
Cuando en 1931 cayó la dictadura española Figuerola emigró a la Argentina, donde se integró al Departamento Nacional del Trabajo. Entre otras funciones, se ocupó de la recopilación de la Legislación Laboral, proponiendo reformas y profundizando los estudios estadísticos y censales en el área. Los gobiernos conservadores de la época deben en gran medida su acción intervencionista en el ámbito social a las ideas de Figuerola. En nuestro país colaboró con el grupo de Alejandro Bunge, escribiendo para la Revista de Economía Argentina, y fue codirector de la Revista de Derecho Social.
[3]. N. Girbal-Blacha, “El Estado benefactor, dirigista y planificador. Continuidad y cambio en la economía y sociedad argentina”, en N. Girbal-Blacha (coord.), Estado, sociedad y economía en la Argentina (1930-1997), Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 2001, p. 69.
[4]. Véase H. Gaggero, “Notas sobre el gobierno peronista 1946-1955”, en T.S. Di Tella y C- Lucchini (comps.), Aspectos de la conformación de la sociedad argentina moderna, Cuadernos Simón Rodríguez Nº 23, Biblos-Fundación Simón Rodríguez, Buenos Aires, 1992.
[5]. Decreto 21.877/44, en Anales de Legislación Argentina, Buenos Aires, La Ley, 1954, t. IV: Decretos, p. 489.
[6]. Ley 14.250, en Anales de Legislación Argentina, Buenos Aires, La Ley, 1960, t. XIII-A, pp. 195-199.
[7]. R. Gaudio y J. Pilone, ob. cit., p. 249.
[8]. D. García Delgado, Raíces cuestionada. La tradición popular y la democracia, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1989, p. 135.
[9]. H. Gaggero, ob. cit., p. 97.
[10]. R. Sidicaro, Los tres peronismos. Estado y poder económico
