se logra disimular el empleo lucrativo que dichas empresas hacen de los recursos biogenéticos.
En este contexto, cabe explicitar que la relación Estado-EMN ha sido y es fundamental, sobre todo para el control de las economías más débiles de los estados nacionales periféricos (ENP)16; por lo tanto, resulta errada la creencia de que las transnacionales se han erigido como un actor autónomo en las relaciones económicas internacionales. En efecto, este discurso ofrece una interpretación equívoca, pues, virtualmente, todas las transnacionales —lejos de ser stateless corporations— operan desde una base nacional que se mantiene en estrecha relación con un Estado que es altamente funcional a los intereses privados (un caso excepcional es Estados Unidos), que las regula, protege y subsidia en formas diversas, ya sea por medio de un alto gasto público, mediante intensas relaciones industriales-militares o a través del despliegue de instrumentos de proyección diplomático-militar o económico-institucional, con la participación de organismos multilaterales de financiamiento, como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
De manera que no resultan casuales ni la forma ni el ritmo creciente con que se despliegan los proyectos de bioprospección a nivel global, ni su impulso por parte de organismos e instituciones nacionales e internacionales, como el Departamento de Defensa de Estados Unidos, la Organización Mundial del Comercio (OMC) o el consorcio International Cooperative Biodiversity Groups (ICBG), que, a la larga, buscan homogeneizar, subordinar e integrar las principales oficinas de patentes del mundo en un único sistema internacional.
Este es el contexto en el que surge el programa ICBG, cuyas actividades dependen de la planeación estratégica realizada en el Grupo de Asesoramiento Técnico (TAG, por sus siglas en inglés), instancia gubernamental de altísimo nivel conformada por miembros de tres instituciones públicas estadounidenses: el Servicio de Agricultura Extranjera (FAS, por sus siglas en inglés), la Fundación Nacional de Ciencia (NSF, por sus siglas en inglés) y el Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), dentro de este último se encuentra el Centro Internacional Fogarty (FIC, por sus siglas en inglés), cuyo representante asume el cargo de director del Programa de Biodiversidad.
En marzo de 1991, el TAG, junto con la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), de EE. UU., convocó a una conferencia de expertos sobre el descubrimiento de drogas, biodiversidad y crecimiento económico, en la que participaron representantes de la industria farmacéutica, expertos en etnobiología, medicina tradicional y cuestiones jurídicas relativas a la propiedad intelectual. Con base en las conclusiones del evento, se lanzó, en junio de 1992, una convocatoria para formar el consorcio ICBG, que formalmente promueve la participación internacional en iniciativas de bioprospección con fines farmacéuticos, conservación de la biodiversidad y desarrollo de proyectos económicos sustentables en países del Sur global17. Atendiendo a esta convocatoria, entre septiembre y noviembre de ese mismo año se registraron 97 solicitudes proponiendo proyectos en trece países de América Latina y el Caribe, siete en Asia, cuatro en África y uno en el Medio Oriente. Las propuestas fueron evaluadas por un equipo multidisciplinario proveniente de universidades, museos, compañías farmacéuticas, el BM e instituciones sin fines de lucro con experiencia en química de productos naturales, propiedad intelectual, sistemática, ecología, etnobiología y desarrollo internacional.
En diciembre de 1993, se seleccionaron cinco proyectos ganadores18, los que recibirían un presupuesto anual del Gobierno de Estados Unidos que oscilaba entre los 400,000 y 475,000 dólares, el cual se fue incrementando según las necesidades de cada propuesta, que además debía contar con el soporte económico de la industria privada.
El TAG controla el proyecto general (a través del FIC), que se segmenta en siete subproyectos en once países diferentes, todos en regiones tropicales del planeta, excepto uno que concierne a zonas áridas. El TAG administra todo el conocimiento obtenido y los bancos de información que se han ido construyendo, los cuales son custodiados por diferentes universidades estadounidenses. Las muestras son entregadas a empresas privadas para que realicen investigaciones acerca de sus principios activos y potenciales aplicaciones19.
Una cuestión resaltante, más allá de la abierta relación entre dependencias gubernamentales y empresas privadas, es que el ejército estadounidense es el que lidera el proyecto en Nigeria, por considerársele a este último un país riesgoso (Giménez, 2001).
Los objetivos formales de los ICBG son: abordar aspectos interdependientes de la conservación de la biodiversidad, promover el crecimiento económico sustentable y mejorar la salud humana mediante el descubrimiento de nuevas drogas para enfermedades actualmente críticas (cáncer, hepatitis, sida). Sin embargo, la estructura de los ICBG deja entrever una marcada hegemonía del Norte sobre los países del Sur, poseedores de recursos biogéneticos, pues la institución que lidera los grupos y administra sus fondos debe ser estadounidense, al igual que el director del comité asesor.
Las acciones por desarrollar no son menos convenientes para los países industrializados: descubrir, aislar y evaluar preclínicamente compuestos naturales con potencial medicinal; colectar e inventariar la mayor biodiversidad posible (información que está disponible para cualquiera, incluso fuera del grupo); y apoyar la capacitación, incluyendo la experiencia de campo de científicos estadounidenses.
Sin embargo, el programa de los ICBG considera la incorporación de los derechos de patentes y la protección de la propiedad intelectual —ya sea de instituciones o de grupos de pobladores de los países en desarrollo que sean proveedores de material— siempre a través delos ICBG. Para ello, la investigación etnobotánica resulta relevante, y es el coordinador científico de Estados Unidos quien debe centralizar todos los datos obtenidos. En lo relativo al apoyo al crecimiento económico de los países del Sur, mediante el soporte para establecer políticas y planes de conservación de la biodiversidad, el programa es esencialmente declarativo20.
En síntesis, los países del Sur proveen información básica que facilita el trabajo para el posterior desarrollo de drogas en los países industrializados, recibiendo a cambio algún beneficio de las patentes, que no les pertenecen, al tiempo que tampoco se les reconoce la propiedad sobre los recursos biogenéticos que poseen. En consecuencia, la debilidad tecnológica del Sur convierte al Norte industrializado en el primer y principal beneficiario de la bioprospección21.
El siguiente cuadro muestra las instituciones involucradas en el desarrollo del ICBG en diversas zonas del planeta.
A la luz de lo conocido hasta ahora, una cosa parece quedar clara: el consorcio ICBG le otorga a Estados Unidos un soporte fundamental para lograr la supremacía político-tecnológica a través del monopolio del conocimiento, el que pretende justificarse en un difuso discurso científico conservacionista que se funcionaliza para dar paso a la expropiación de los saberes y la vida. Hay que recordar que el saber y el conocimiento —como bien diría Foucault— devienen en espacios atravesados por relaciones de poder que es necesario deconstruir.
3. Consideraciones para un debate sobre políticas de gestión del patrimonio biogenético y biocultural de América Latina
A partir de los fundamentos expuestos en el presente análisis, nos permitimos alcanzar un conjunto de consideraciones para aportar al debate sobre biopolítica, biopiratería y geopolíticas del conocimiento en América Latina.
3.1. Geopolítica de la biodiversidad y concentración del conocimiento
a) La posibilidad de un acceso, sin mayores restricciones, a los recursos biogenéticos y bioculturales de los países de América Latina, por parte de Estados Unidos u otros países del Norte, y la protección de sus tecnologías de manipulación —mediante patentes sobre formas de vida— sustentan una geopolítica de la biodiversidad que se despliega para consolidar el corporativismo biotecnológico
