de Barack Obama, se inyectaron unos 7 billones de dólares a los bancos, a pesar de que el rescate original aprobado por el Congreso estadounidense en 2008 fue de 800 millones de dólares. Este dinero sirvió
[…] para sostener otros treinta billones de productos especulativos (más de dos veces el producto bruto anual de los Estados Unidos). Desde entonces, el FED [Federal Reserve System] ha creado más de 3 billones de dólares de liquidez a través de su programa de flexibilización cuantitativa (Quantitative Easing Program, QE), permitiendo que la tasa oficial de interés (préstamos de un banco a otro) fuera cero durante casi seis años. (Damon, 2014, párr. 11)
En Europa, el colapso del sistema financiero internacional generó dos recesiones (2008-2010 y 2011-2013) que provocaron efectos sociales y, con el tiempo, demostraron la inestabilidad anómica del sistema, esto es, los efectos de la ausencia de normas justas de convivencia democrática o de la falta de aplicación de otras que retóricamente buscaban el bien común. La crisis puso en evidencia que este régimen protegía los intereses de los sectores dominantes, banqueros en particular. La corrupción del orden financiero internacional se sumó al premeditado fraude fiscal en la eurozona: en 2011, el Banco Central Europeo (BCE) tuvo que prestarles dinero a los bancos nacionales a bajos intereses (1%), dinero que ellos invirtieron en comprar una deuda pública a intereses del 5%. El propósito era salvar a la banca a fin de que su estabilidad permeara a la sociedad entera y esto garantizara el orden social. No obstante, estos estímulos no solucionaron la crisis de liquidez, pues cinco años después de finalizar la última recesión, en 2017, el BCE volvió a inyectarle dinero a los bancos, esta vez a una tasa de interés del 0% “para dotar a las entidades financieras de todo el dinero que quisieran para prestar” (Lalo, 2017, párr. 1).
En este último caso la realidad desbordó el plan inicial. Las poblaciones de la eurozona fueron fuertemente castigadas con las medidas de austeridad impuestas por la llamada Troika, que como su nombre lo indica está conformada por tres instituciones europeas: 1) el BCE, 2) el Consejo Europeo y 3) la Comisión Europea. Esto último con el respaldo y asesoramiento de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se encargó de mantener a raya las economías nacionales. En Chipre, para poner solo un caso, la Troika, el Eurogrupo y el FMI impusieron un verdadero “corralito” financiero, pues ordenaron “bloquear un porcentaje de los depósitos de los ahorradores para pagar parte del rescate financiero del país” (La Vanguardia, 2013, párr. 1), además de imponer un impuesto extraordinario del 9,9% sobre los depósitos mayores a cien mil euros y otro de 6,75% para los depósitos menores, así como un aumento del impuesto de sociedades del 10% al 12,5%.
A esta escalada económica se sumó pronto Grecia, donde el 13 de julio de 2015, la Troika impuso medidas de austeridad con la aquiescencia del gobierno presidido por el socialdemócrata Alexis Tsipras, pese a que tales medidas habían sido rechazadas por el pueblo en un plebiscito celebrado ocho días antes, el 5 de julio. De la crisis griega da cuenta una novela como Pan, educación, libertad (2012), última entrega de la trilogía de Petros Márkaris (Estambul, 1937), donde esta crisis se vincula con una historia nacional de revoluciones estudiantiles. Contra los intereses sociales, el capitalismo financiero fue asegurando entonces el éxito de las instituciones bancarias. Y la cuestión no se detuvo ahí: todavía hoy, los bancos siguen obteniendo beneficios y la liquidez que inyectó el BCE no ha revertido en créditos a los ciudadanos ni en su bienestar, como se proponía. El desempleo, la crisis del sector inmobiliario y del sistema financiero son evidencias de la desmejora de las condiciones de vida.
España también se vio afectada por la crisis financiera, pero a esta se agregó otra: la crisis en la construcción, un sector que había sido el pilar de la economía en la década de 1990 y que hacia 2008 tenía “un peso del 17,9% en el Producto Interno Bruto (PIB) y daba empleo al 13% de la población activa” (González Cuesta, 2018, párr. 1). La conjunción de la especulación inmobiliaria, el hundimiento del sector de la construcción y el colapso del sistema financiero internacional, que redujo drásticamente la liquidez del sector bancario, así como el aumento de la inflación y del precio de los alimentos, precipitaron al país en una crisis de la que en lo corrido del siglo XXI no se ha podido recobrar: “Esto ha provocado el hundimiento del consumo, lo que supone a su vez el desplome del crecimiento de la economía española y con ello la pérdida de miles de empresas y puestos de trabajo” (Ibídem, párr. 7).
Como consecuencia de esta crisis en España se reactivaron o surgieron movimientos de oposición al capitalismo y al neoliberalismo, hecho que hace parte de lo que en este libro se entiende como anomia positiva, es decir, como una oportunidad para la construcción de un sistema más justo. Así, se han creado o han resurgido movimientos en contra de los desahucios y los alquileres injustos, en contra de los bancos y sus hipotecas; movimientos sindicalistas, anticapitalistas, anarquistas, independentistas y de izquierda.
Grupos organizados durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) —como es el caso de Defensa Interior, en el exilio; el Primero de Mayo y Acracia de Madrid, de raíz estudiantil; y grupos anarquistas, anarcosindicalistas y anticapitalistas como el Movimiento Ibérico de Liberación de Cataluña— se sumaron a aquellos surgidos en la Transición a la Democracia, período en el que se legalizó el Partido Comunista y se renovó el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Plataforma por una Vivienda Digna (PVD), nacido en 2003, por ejemplo, representa el sector de las viviendas en España; y V de Vivienda, surgido en 2006, reúne “a un grupo de jóvenes afectado por el empleo precario y las dificultades para acceder a una vivienda” (Álvarez de Andrés, Campos y Zapata, 2015, p. 254). Asimismo, se pueden mencionar los colectivos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), originada en 2009 en la ciudad de Barcelona, que se extendió a “160 ciudades y ha detenido más de 1.135 desalojos a través de España” (Ibídem, p. 252); y el Movimiento Indignados, el más importante de los movimientos sociales surgidos como consecuencia de la crisis, que emergió el 15 de mayo de 2011, cuyas protestas atraen desde entonces a millones de personas que llenan las plazas y calles de varias ciudades de España. Su popularidad estriba en el hecho de que logra atraer a gente de todo el espectro ideológico, desde socialistas hasta conservadores y cristianos demócratas, lo que confirma el carácter “transversal y plural de este movimiento” (García, 2014, p. 204).
Por su parte, numerosas corrientes anarquistas ilustran vertientes diferentes del pensamiento libertario. Desde el anarco-comunismo (de Embat, de Cataluña, y Apoyo Mutuo, de Madrid) hasta los insurreccionalistas que “viven la anarquía ahora”, no evitan el conflicto con las fuerzas del orden y se forman en el momento que así lo amerita para una determinada acción, pasando por los anarcosindicalistas constituidos, los anticivilización o primitivistas, derivados del ecologismo radical, el anarco-veganismo, el anarquismo nihilista, el posanarquismo, crítico del anarquismo moderno, hasta el anarco-independentismo, con municipios o comunas libres en Cataluña o el País Vasco, el neorruralismo, el anarco-feminismo, el Queer o, incluso, el anarcocapitalismo derivado del liberalismo y el nacional-anarquismo de carácter fascista. A estos movimientos, se agregan varias organizaciones federales o coordinadoras como la Confederación General del Trabajo de España, el mayor sindicato anarcosindicalista del país, con unos 80.000 afiliados y presencia en empresas importantes como RENFE o Correos; la Federación de Estudiantes Libertarixs, la Federación Ibérica de Juventudes Anarquistas (FIJA), la Federación Anarquista de Gran Canaria, la Cruz Negra Anarquista, que lucha contra las cárceles, y algunas coordinadoras libertarias como Euskal Herrietako Libertarioak (EHKL), Nafar Libertarioak (Navarra), la Coordinadora anarquista de Mallorca o la Federación Anarquista de Catalunya. A estos grupos anarquistas, se vinculan asociaciones de cooperativismo libertario como las de Sants Cooperatiu y Gràcia Cooperatiu en Barcelona, la Federación de Proyectos Autogestionados en Madrid, el Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión (ICEA), dedicado a estudiar la economía desde una perspectiva libertaria; y cooperativas integrales que buscan garantizar las necesidades básicas (vivienda, salud, educación, alimentación, ropa, trabajo, etc.) en una misma organización económica. También, multitud de colectivos donde confluyen grupos e individuos: los Ateneos libertarios, las distribuidoras contrainformativas, los Centros Sociales Okupados, numerosos grupos de
