la prensa.
Es necesario abordar el mes previo, porque en varios aspectos febrero comenzó en enero; o incluso antes, pues tras la sacudida que habían recibido el estatuto jurídico y el presidente con la insubordinación militar de octubre de 1972, había surgido el rumor de nuevas elecciones, mediante una reforma constitucional que consagraría el ballotage o escrutinio a dos vueltas. Ferreira Aldunate, que podía estar interesado negó que la propuesta viniera de sus filas, mientras que el reeleccionista Jaime Montaner no la descartó y dijo que la conversaría con Jorge Pacheco Areco, embajador en Madrid.26 Ningún sector partidario se hacía responsable del origen de esta idea que no fructificó, pero es importante retenerla, porque muestra que la hipótesis de remoción de Bordaberry que se manejaría en febrero y la fórmula de ballotage con que se elegiría en tal caso un nuevo gobierno, son anteriores a la nueva crisis de este mes. Los partidos buscaban reacomodarse, teniendo en cuenta la debilidad del presidente y su incapacidad de manejar los apoyos con que contaba. El procesamiento de Jorge Batlle por la justicia militar había mostrado que incluso el Partido Colorado, oficialmente en el gobierno, carecía de protección.
Sin embargo Batlle era optimista a inicios del año, previendo posibilidades de mejora si se contenía la inflación. En signo de paz visitó a Bordaberry y corrió la versión de que su grupo volvería al gabinete para resolver la crisis económica, promoviendo un segundo “cimbronazo” (expresión del líder quincista en 1968) congelatorio de precios y salarios. La Comisión Reguladora de Precios, Salarios e Ingresos (Coprin) creada hacía cinco años seguía funcionando pero, decía el destacado reeleccionista Agustín Caputi, “No hay manera [de] controlar los precios […] habría que tener un ejército como el que tiene nuestro país para defender sus instituciones”. La crítica apuntaba al ministro de Economía y Finanzas Moisés Cohen, hombre de confianza del influyente titular de Ganadería e íntimo amigo de Bordaberry, Benito Medero, a quien había servido Cohen como subsecretario.
Tres diputados del izquierdista Frente Amplio —José Pedro Cardoso, Hugo Batalla y Héctor Bruschera— con quien Bordaberry se había entrevistado en agosto del año anterior con el pretexto de una consulta sobre hidrocarburos (y en realidad a causa del preocupante ascenso del poder militar) le hicieron nuevos señalamientos en telegrama abierto acerca de torturas en reparticiones castrenses. El mandatario les reprochó que hubieran elegido el camino del escándalo: a su entender dicho tema no había sido el principal en la entrevista y por lo demás —dijo confundiendo ser con deber ser— no podía “disponer el cese de algo que no se ordenó y que no está permitido”. El Frente Amplio rechazó también el comunicado No. 670 de las Fuerzas Conjuntas (ff. cc.) policiales y militares, que involucraba a algunas organizaciones de la coalición en sospechas de subversión, catalogándolo como nueva prueba de una “escalada fascista, ahora prohijada desde la misma presidencia de la república”. Para el fa, no menos que para la oposición blanca ferreirista, ni el Acuerdo Nacional formalizado en 197227 ni los proyectos de ley que el Ejecutivo hiciera aprobar o estaba por enviar al Parlamento, satisfacían las expectativas de pacificación y de cambio.28
Luego de la sanción de la Ley de Coprin en 1968, de la Ley de Seguridad del Estado en 1972 y de la Ley de Educación General en el mismo enero de 1973, el paquete de iniciativas estratégicas de los gobiernos de Pacheco y Bordaberry buscaba completarse con la puesta en marcha del Plan de Desarrollo Económico y Social 1973-1977 (simplemente conocido como Plan Nacional de Desarrollo o pnd) más la aprobación de una Ley de Consolidación de la Paz (en un primer momento ominosamente bautizada “Ley de Estado Peligroso”) y un por largo tiempo acariciado proyecto de reglamentación sindical. Este conjunto de normas permitiría concentrar fundamentales poderes de decisión en el Ejecutivo, limitando los contrapesos del Legislativo y salvando la polémica por las irregularides jurídicas que habían salpicado el periodo de Pacheco Areco.
La Ley de Educación General que creó el Consejo Nacional de Educación (Conae) —organismo rector de las tres ramas de enseñanza primaria, secundaria y técnica— quedó consagrada en enero por el voto del Senado, mediando el aval de la mayoría acuerdista blanca y colorada que se negó a quitarle la declaración de urgencia, permitiendo agilizar su trámite. El Frente Amplio criticaba la orientación del proyecto y que no se hubiera consultado a los expertos nacionales (muchos de ellos opositores) recurriéndose al asesoramiento externo de la Organización de Estados Americanos (oea). En la discusión, Juan Pablo Terra al igual que otros frentistas se manifestó especialmente concernido por el tenor punitivo del texto, pues como miembro de una corriente religiosa tenía la experiencia de haber sufrido desde pequeño imposiciones y marginaciones en el Uruguay laico y democrático (“hay gente que cree que eso no existía […] porque no se siente la imposición hecha a otros, sino la que se sufre”). Zelmar Michelini reclamó que se desconociera a los gremios estudiantiles y contestó a quienes le reprochaban abandonar el batllismo:
Y nos costaba creer que el batllismo [con Pacheco] fuese eso, que pusiese [empleados públicos] destituidos en la calle, después que habíamos defendido durante años […] juntos ustedes y yo, la licitud de la huelga [en la administración] pública […] señores senadores [batllistas], ¿quién cambió? ¿Ustedes o nosotros?.29
Para el radical frenteamplista Enrique Erro era legítimo ejercer el derecho de resistencia contra la nueva ley. En la bancada colorada Amílcar Vasconcellos (abogado y maestro de escuela) criticó que la norma no considerara debidamente la autonomía de los entes educativos y la libertad de expresión de los educandos; pero creía correcto que se controlara la propaganda política en los centros de estudio. Por el flanco oficialista Luis Hierro Gambardella —de la lista 15— aseguró que nadie de la oea había intervenido antes de que el proyecto estuviera formulado y el pachequista Montaner adujo: “No somos marcianos. Estamos viviendo en este país. Conocemos como se desarrollan las actividades en los centros docentes. Basta pasar frente a ellos para ver cómo están empapelados de propaganda”. Ferreira Aldunate lamentó que la ley se hubiera hecho para dividir, pero su sector y el de Carlos Julio Pereyra se sumaron a favor del voto secreto y obligatorio para la elección de autoridades universitarias (mecanismo que a la postre favorecería la expresión de un núcleo nacionalista entre los estudiantes de la institución). Más allá de sus diferencias, nacionalistas y colorados no congeniaban con una universidad dominada por la izquierda. Con la aprobación de la norma llegaba para el diario batllista El Día, “una sensación de alivio al alma democrática de la ciudadanía”. No así para la Convención Nacional de Trabajadores (cnt) que la condenaba. Dado el ambiente de confrontación el diario Acción —cuyo subdirector era el exministro de Educación Julio María Sanguinetti, artífice del proyecto— proponía sin ser escuchado que la norma fuera sometida a referendum.30
En aplicación de la Ley de Educación General el Poder Ejecutivo con venia del Senado debía nombrar a los miembros del Conae y estos deberían designar, en un plazo de 180 días, a los directores de los tres consejos subordinados de educación primaria, secundaria y técnica. (La universidad permanecía al margen, con su estatuto de autonomía.) Pese a que el justificativo de la reforma era despolitizar el servicio, pronto se supo que dichos puestos serían distribuidos entre blancos y colorados, siguiendo en los hechos la desprestigiada regla del tres y dos de acuerdo al balance electoral. Vencido el plazo de ley sin que el Senado se pronunciara, estos nombramientos se darían en forma automática.31
Por lo que concierne al proyecto de Ley de Consolidación de la Paz, en el análisis del penalista Carlos Martínez Moreno contenía disposiciones acerca de detenciones preventivas, definición de un estado peligroso para el orden público que limitaba la libertad individual, estatuto de libertad vigilada para sospechosos y tecnificación de la justicia militar. Oficialmente se fundaba en la presunta permanencia de la subversión y la necesidad de un pasaje gradual del estado de guerra al de paz. El estado peligroso, en forma similar a las medidas prontas de seguridad, sería decretado por el Poder Ejecutivo ante peligro de subversión, comunicándolo en 48 horas a más tardar a la Asamblea General que tendría la última palabra. Mas no aseguraba un juicio con garantías, permitía la vigilancia e internación de sospechosos al margen de delito probado y creaba nuevos delitos de opinión y de
