los ríos del antiguo virreinato del Río de la Plata seguiría crispando la región, involucrando también a Brasil y Paraguay. En el siglo xx habían amainado las fricciones de Uruguay con Brasil, mientras que las originadas con Argentina favorecían desde temprano los acercamientos con Estados Unidos. Ya en 1875, ante ostensibles preparativos de la Revolución Tricolor en la otra orilla y reclamos del gobierno uruguayo a los que el argentino hacía oídos sordos, el representante diplomático de ee. uu. ofreció insistentemente al presidente Pedro Varela el apoyo de la escuadra norteamericana surta en el puerto de Montevideo. El mandatario no aceptó, mas durante el siglo xx en distintos periodos, las administraciones de José y Luis Batlle ante problemas con Argentina se apoyarían en Estados Unidos, y no fue muy distinta la actitud del primer gobierno izquierdista de Tabaré Vázquez en el siglo xxi. En esta secuela quien más innovó fue el canciller colorado Héctor Luisi, quien enfrentado a parecidas dificultades consideró en 1968 hacer un guiño a la Unión Soviética, explicando a la embajada de Estados Unidos que en las complejas relaciones con sus dos grandes vecinos, un país débil como Uruguay requería la amistad de ambas superpotencias.39
III. La Junta Departamental de Montevideo
Durante enero también arreciaron las acusaciones de corrupción por la gestión del ente estatal Usinas y Teléfonos del Estado (ute, entonces encargado de la energía eléctrica tanto como de telecomunicaciones) a causa de un acuerdo con la compañía española privada sercobe. Coincidía que el antiguo director de ute, Ulysses Pereyra Reverbel, muy cercano a Pacheco Areco, tras concretar una jugosa jubilación del servicio público apelando al criticado expediente conocido como artículo 383, abandonaba el puesto que a continuación ocupara en la Comisión Técnico Mixta de la Represa del Salto Grande, para acceder por designación oficial a un cargo bien remunerado en el Banco Interamericano de Desarrollo (bid). Había concluido su trámite jubilatorio en 56 días, cuando era proverbial la tardanza que debían padecer los ciudadanos comunes; aparte se le autorizó un pago retroactivo por desempeños anteriores a la fecha de su solicitud. A principios de febrero una comisión investigadora del Poder Legislativo concluiría que “En el convenio celebrado con sercobe [...] se observa una proliferación absolutamente inusual de intermediarios y gestores privados [...] contiene cláusulas inconvenientes para la economía del país y lesivas para su soberanía”. La justicia de instrucción penal puso en marcha una indagatoria que alcanzaría a distintas personalidades del pachequismo además de Pereira Reverbel, quien regresaría en marzo al país para declarar. Pacheco, en España, comprometido por testigos sería interrogado mediante exhorto.40
En este clima lo que terminó por encender los ánimos fue el conocimiento de hechos de corrupción y desorden administrativo en la Junta Departamental de Montevideo (jdm) organismo legislativo comunal compuesto por 31 miembros electos, de los que once pertenecían a la mayoritaria Unión Nacional Reeleccionista, cinco a Unidad y Reforma grupo de Jorge Batlle, ocho al Frente Amplio y siete al Partido Nacional. Las denuncias provenían del diario El País, antecedidas por otras que no habían logrado tanto eco, formuladas por el semanario Marcha y los diarios El Día y Ahora.41 En 1971 el Tribunal de Cuentas (tc) había observado nombramientos irregulares de funcionarios, también señalados por ediles de la coalición izquierdista fidel.42
El Legislativo comunal sufría una contabilidad caótica si es que no inexistente, que habría desarmado su funcionamiento financiero. Las idas de ediles y suplentes al tradicional restaurante El Águila acumulaban en once meses, a partir de febrero de 1972, quince millones de pesos por seis mil consumiciones.43 Tal práctica se autorizaba desde 1953 a ediles y funcionarios que permanecieran en sesiones muy prolongadas (teniendo en cuenta que además los ediles no cobraban sueldo) con lo que se había modificado la costumbre de épocas de mayor austeridad republicana según la cual, los representantes populares se conformaban con una milanesa al pan que les era llevada a la Junta. Pero los gastos denunciados no tenían por razón sesiones largas. Los ediles —que por su trabajo debían hacer visitas barriales o de otro tipo— tenían pase libre en el transporte público, pero habían empezado a arrendar taxis, coches con chofer y por fin automóviles sin chofer, casi siempre de modelo deportivo. Desde febrero de 1972 se sumaban veinte millones de pesos por este concepto, registrando algunos automóviles viajes de hasta 600 kilómetros por día. En la compra de diarios y otros rubros de gasto corriente se insumían cifras siderales. La Comisión de Presupuesto, mediante una irregular transferencia de fondos, había logrado multiplicar milagrosamente una partida de seis millones de pesos hasta alcanzar los 72 millones, permitiendo designar a 250 nuevos funcionarios. El presidente del cuerpo, Ricardo Guariglia, había hecho sobregiros enormes y una afectación indebida de rubros por más de treinta millones. La mesa directiva bajo el anterior presidente Edegar Guedes había aprobado un monto de trescientos millones sin conocimiento de los demás miembros de la Junta. Se había adulterado el diario de sesiones para facilitar los nombramientos y gastado $1300 millones en 560 empleados, cuando por comparación el plan de obras públicas municipal solo llegaba a mil millones. Se habían adjudicado obras por 340 millones sin licitación. Existían trabajadores que no concurrían ni a cobrar, pero tenían derecho a aguinaldo y horas extras; trescientos estaban en comisión y desde 1970 solo dos habían ingresado por concurso. Un edil había vendido al organismo diez botellas de whisky provenientes de su club de bochas, precisando que lo hacía a un costo menor que el del mercado; El Día se preguntaba para qué necesitaría la Junta almacenar litros del destilado.44
Las denuncias eran inagotables: un chofer había sido sumariado por negarse a conducir a otro edil en vehículo oficial y compañía femenina a una casa de citas; alguien se hizo importar un perro de Inglaterra con cargo al presupuesto de la Junta; se pagaban aguinaldos a periodistas; se habían autorizado viajes al exterior con jugosos viáticos, incluido a un congreso en Caracas que nunca se realizó; algunos ediles habían servido de intermediarios para préstamos dinerarios de la jdm a personas que no trabajaban en esta. Para el semanario socialista El Oriental, “lo que posiblemente levantara más indignación popular [eran] los enormes gastos en centros de recreación nocturna”. Algo más grave, se había extraviado el expediente de la sospechosa adquisición de un parque de vacaciones en el balneario Marindia y se había incurrido en trasposición de rubros, por ejemplo en fondos destinados a viviendas de funcionarios.45
El organismo municipal se vio obligado a nombrar una comisión investigadora con representantes de todos los sectores partidarios, que debía expedirse antes del 15 de febrero. Durante sus sesiones iniciales, se registraron según la prensa “escenas de pugilato”. La jdm solicitó la intervención del Tribunal de Cuentas, no obstante que poco antes había rechazado las observaciones de este organismo al presupuesto de 1972-1977, que indicaban que solo 158 de sus 718 funcionarios podían ser legítimamente reconocidos como tales. Muchas designaciones eran de un año electoral, lo que está prohibido. La revisión se dificultaba porque habían desaparecido resoluciones de nombramiento y se hallaban actas falsificadas. Se había aprovechado una disposición de 1970 que autorizaba a la Mesa Directiva a proveer vacantes sin informar al pleno. Las vacantes autorizadas eran 26, pero se nombraron cientos entre 1970 y 1971, y de febrero de 1971 a febrero de 1972 otras 414, algunas a favor de parientes de ediles u otras personalidades políticas, incluidos menores de edad. Figuraban entre agraciados una nuera de Pacheco Areco, la esposa de Ricardo Guariglia, edil en 1971 y en enero de 1973 presidente de la Junta, un nieto de Martín R. Echegoyen e hijo del también senador nacionalista Jorge Barbot Pou, varios familiares del expresidente de la Junta Carmelo Cabrera Giordano, parientes del senador reeleccionista Ángel Rath (incluida su esposa) la secretaria privada y el chofer del reeleccionista Glauco Segovia y la hija de Armando Acosta y Lara, antiguo interventor de Enseñanza Secundaria y subsecretario del Interior (víctima de los tupamaros). También tenía un cargo el periodista Alberto Astesiano, autor de la noticia de la famosa “infidencia”, que en 1968 apresurara la devaluación del peso. Un cronista de Marcha preguntó: “¿Es que acaso diputados y senadores no sabían que se violaba la ley cuando [en la Junta] designaron como funcionarios a sus hijos menores de edad?”.46
Por si no bastara, media docena de muertos continuaba en planilla y alguien cobraba por ellos. Otros se registraban con datos falsos. El misterio de que al mismo tiempo hubiera funcionarios sin cobrar se develaba
