arrepentido de haber aprobado la Ley de Seguridad del Estado— no votaría la propuesta.32
Otra preocupación embargaba a la izquierda. El comunista Enrique Rodríguez preguntó en la Cámara de Senadores: “¿Cuándo es que tendrán preparada la reglamentación sindical? […] ¿Es un secreto de Estado? […] A mí me consta que el señor [Alejandro] Rovira [exministro del Interior] dejó pronto el proyecto”. Se buscaría restringir el margen de acción de la cnt, cumpliendo uno de los compromisos en que se basaba el Acuerdo Nacional, pero según el diario democristiano Ahora —en contacto con hipotéticos militares progresistas— las ff. aa., que no habían tenido parte en la formulación de la Ley de Educación, también se opondrían al proyecto de reglamentación.33
En el campo acuerdista blanco tampoco reinaba la tranquilidad. Wáshington Beltrán tenía sus reservas respecto de la Ley de Educación, aunque se contentó cuando supo los nombres de los posibles directores del ente que le merecían confianza. En lo que quedaba del herrerismo, luego de la muerte de Herrera (1959) y otras figuras del sector, se perfilaba el alejamiento entre el otrora estrecho colaborador de Herrera activo pese a su edad, Martín R. Echegoyen, y los hermanos Alberto y Mario Heber Usher, no menos cercanos al finado caudillo. Pero estos sostenían a su vez una pugna por el control de su grupo, el Movimiento Herrera-Heber, mientras arriesgaban perder la adhesión del senador Alejandro Zorrilla de San Martín, proclive al igual que Echegoyen a continuar en el oficialismo. Con trabajo paciente Mario Heber avanzaba en su carrera política y le ganaba terreno a Alberto, caracterizado por un comportamiento errático desde que fuera presidente rotativo del último Consejo Nacional de Gobierno en 1966-1967. El ministro de Trabajo designado por el Acuerdo Nacional, Carlos Abdala, respondía en principio a los Heber, pero estos se decían inconformes con la designación de los miembros del Conae, que no respetaba a su juicio el criterio de ubicar personas de prestigio docente con prescindencia de afiliaciones políticas. El también herrerista Luis Alberto Lacalle de 31 años de edad, recién electo diputado en 1971 y muy unido a Mario Heber, volvía al país luego de tres meses de viaje y se suponía que abandonaría el Acuerdo, pudiendo llevar consigo a la oposición a otros legisladores del sector.
Cundía la inquietud en el espectro gubernista blanco y colorado por la demora en la integración de las autoridades de los entes autónomos y servicios descentralizados, pendiente desde la entrada en funciones del nuevo gobierno en marzo de 1972. Bordaberry rechazaba candidatos propuestos por sus aliados nacionalistas, prefiriendo incluso proveer vacantes en el Banco Hipotecario del Uruguay (bhu) sin consultar al Senado, mediante el inconstitucional mecanismo de la intervención directa por decreto ya practicada por Pacheco.34
II. El Río de la Plata
Para la Marina Armada febrero también comenzó en enero y en las aguas del Río de la Plata. El día 26, un alijo de dos barcos mercantes en la zona en discusión entre Argentina y Uruguay estuvo a punto de generar un enfrentamiento entre navíos de guerra de ambos países, siendo los argentinos apoyados por aviones de su fuerza naval. Tras horas de tensión los uruguayos se retiraron por orden del gobierno, que envió una nota diplomática de protesta el día 27, acorde con la resolución del Consejo de Ministros de pedir aclaraciones antes de otra disposición. La respuesta argentina fue dura, pero el canciller Juan Carlos Blanco dio por superado el incidente. Más adelante, durante el mes de mayo, sería por ello objeto de una interpelación en el Parlamento, inconclusa por falta de quórum. Extraoficialmente se supo que se habían estimado satisfactorias sus explicaciones en sesión secreta. Se seguía el criterio de solucionar los diferendos internacionales por medios pacíficos, pero el asunto resultaba humillante para oficiales y tropa que no hubieran querido replegarse y en especial para el comandante en jefe de la Marina, el contralmirante Juan José Zorrilla, que había dado orden de enviar refuerzos a la zona.35
El año anterior Wilson Ferreira Aldunate había denunciado la llamada Orden Secreta No. 14, por la que el Comando de la Armada habría autorizado ilegalmente operaciones de alijo argentino en la zona uruguaya del Plata. La Armada reaccionó acusándolo de revelar un documento secreto y como ya se estaba volviendo costumbre desde la aprobación de la Ley de Seguridad del Estado, los militares amenazaron con pedir su desafuero e incluso habrían considerado apresarlo sin más, con el pretexto de que por tratarse de un acto de imprenta se configuraba delito continuado y el legislador sería tomado infraganti. “¿Que es esto del secreto? [saltó Ferreira defendiendo la primacía del Parlamento] […] yo no soy subordinado ni del ministro de Defensa Nacional, ni del ministro de Relaciones Exteriores. Yo soy su superior”. Mas era cierto que si por el artículo primero de la Ley de Seguridad del Estado que su grupo había votado y contribuido a redactar, se le encontraba culpable de revelar un secreto militar que atentara contra la seguridad, podía ser castigado con diez a treinta años de penitenciaría. El miércoles 22 de noviembre de 1972 un juez militar envió el pedido de su desafuero para el que no habría votos en el Senado: la mayoría de los acuerdistas blancos cerraban filas con el partido adhiriendo a la defensa de la soberanía y oponiéndose a la violación de la investidura parlamentaria. El líder nacionalista llamó a sala al ministro Juan Carlos Blanco y la mayoría de la Cámara aceptó también en esta ocasión las explicaciones del funcionario. Una resolución de Bordaberry puso a salvo el honor del comandante en jefe Zorrilla, mas es de suponer que el marino no quedaría con sentimientos de simpatía hacia Ferreira.36
El problema se originaba porque los barcos de gran calado no podían llegar a Buenos Aires y hacer alijo les resultaba más económico que usar el puerto de Montevideo para trasbordos. Las operaciones por la discutida Orden No. 14 (cuando el ministro de Relaciones Exteriores era José Antonio Mora Otero y el comandante en jefe de la Marina el contralmirante Guillermo Fernández) estaban permitidas entre buques del vecino país, pero la de enero de 1973 había enlazado a uno de estos con otro de bandera noruega, suscitando la intervención de las autoridades uruguayas. Del otro lado les habían replicado que buques mercantes y fuerzas navales que los protegían estaban “en aguas argentinas”.37
La disputa se había agudizado a inicios del siglo xx, cuando el canciller argentino Estanislao Zeballos sostuviera la doctrina de la “costa seca”, según la cual Uruguay no tendría en absoluto soberanía en el Plata. Posteriormente, al quedar fijado a los efectos internacionales el límite exterior del río con el océano Atlántico, se estableció que solo ambos países tendrían derecho a ejercer dominio en la corriente fluvial. Uruguay reclamaba la mitad de la superficie, mientras que Argentina —dadas las complejidades de un cauce de poca profundidad— prefería demarcar la frontera siguiendo la línea de mayor profundidad (el thalweg) lo que quedó consagrado por el protocolo Ramírez-Saenz Peña de 1910, complementado por otro de 1964. Tal consenso estaba desvirtuado porque el dragado del canal navegable por Argentina y la ubicación de las correspondientes boyas luminosas habían llevado el trazado cada vez más cerca de la costa uruguaya, de tal modo que —decía Ferreira— el alijo de enero se daba “frente al Hospital de Clínicas” de Montevideo. Criticaba al canciller Blanco por defender la tesis del adversario, consistente en que Argentina podía alijar del lado oriental por ser ribereña, “Cuando es exactamente al revés, si vienen los griegos y los coreanos […] no hay que preocuparse demasiado porque Corea nunca va a sostener que el Río de la Plata va a ser coreano”. El asunto se volvía más candente por la posibilidad de que hubiera yacimientos de hidrocarburos en la cuenca.
Por ser un periodo de vacaciones ni el presidente del gobierno militar argentino, el teniente general Alejandro Agustín Lanusse, ni su ministro de Relaciones Exteriores se encontraban en Buenos Aires, por lo que al principio la reacción del vecino país había estado a cargo de su Armada. Lanusse tenía que vérselas con sus propias facciones castrenses a menudo enfrentadas, pero tras una reunión con los comandantes de las tres armas convino el envío de la nota de protesta.38
Incidentes en el Plata se producían desde fines de los años sesenta, mas la cautela del gobierno uruguayo obedecía a que una comisión mixta binacional trabajando discretamente estaba por llegar a una solución, lo que desconocía el público. A fines de ese mismo año el nuevo presidente argentino Juan Domingo Perón —que buscaba reavivar su proyección
