al árbol que más sombra da”
Una cruz de madera incandescente
Un tablero salpicado de agujeros de bala
Una mano callosa acuna una piña medio podrida…
El día en que conocí a Heraldo acababa de pasar la semana en una delegación de la organización no gubernamental (ONG) Acción Permanente por la Paz, conformada por estudiantes universitarios, asesores legislativos, abogados y activistas de Estados Unidos. Como lo indica el nombre en inglés de la organización (Witness for Peace), el propósito de nuestro viaje al Putumayo en aquel agosto de 2007 era servir como “testigos” presenciales de los efectos negativos del Plan Colombia en las comunidades y los paisajes locales. También debíamos recolectar evidencia testimonial y de otros tipos para apoyar los esfuerzos ciudadanos en oposición a la política antidroga estadounidense.1 La violencia producida por la guerra crea su propio régimen humanitario, una sombra dialéctica y denunciadora que, irónicamente, varias veces me dio la impresión de ser la otra cara de la misma moneda militarizada. El día antes de nuestra visita a La Hojarasca nos acompañaba una mujer campesina en un cacaotal moribundo, parte de un acuerdo de sustitución de cultivos ilícitos que los campesinos habían firmado con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), el cual había sido fumigado con glifosato hacía dos semanas. “No hay manera de contar esto”, nos dijo. Nos quedamos en silencio por un largo rato en su cultivo. Un grupo de vecinos indignados fue formándose frente a la casa, mostrando plátanos deformes, piñas podridas, cáscaras marchitas y más hojas de cacao llenas de huecos y manchas. Expresaban sus inquietudes sobre el largo tiempo que el herbicida glifosato puede permanecer en el torrente sanguíneo, en los suelos y en las cuencas de los ríos. Hablaron de las gallinas que les habían robado, de las cercas que les habían tumbado y de los abusos verbales y físicos que habían sufrido cuando erradicadores manuales acompañados de militares y policías pasaron a arrancar las tercas matas de coca que habían sido rescatadas de las avionetas aspersoras por campesinos igualmente tercos e ingeniosos. Los erradicadores fueron dejando hileras de huecos en el suelo, así como desempleo, hambre y violaciones de derechos humanos.
Figura 1.2. Plátanos fumigados con glifosato en el Valle del Guamuez, Putumayo, agosto de 2007
Foto de la autora
Las familias rurales, tanto aquellas con arraigo antes del auge comercial de la coca como las que migraron a la región y terminaron trabajando en distintas labores que las vincularon a la economía de la coca, tenían serias dudas sobre la posibilidad de seguir viviendo de la agricultura en el Putumayo, ya fuera por medio de la coca o de otros cultivos. Un silencio escalofriante asolaba gran parte del campo. Mucha gente, incluyendo un agrónomo empleado por la Secretaría Departamental de Agricultura, nos dijo que ya no seguiría sembrando alimentos ni cultivos comerciales hasta que el Estado o la Embajada de Estados Unidos abolieran definitivamente las fumigaciones aéreas. La política antidrogas “está acabando con la vida”, nos decían. La toxicidad era inevitable. En cualquier momento podrían ser arrebatados los recursos que hacen posible el florecimiento de los seres vivos. De repente, la punzada de una gota, una hoja humedecida, enzimas inhibidas y el final de la síntesis: un estrangulamiento de la vida de adentro hacia afuera.2 Para nadie era un secreto que su fuente de vida había sido extirpada para permitir que la vida en otra parte, así como en el propio suelo herido, pudiera decirse segura, sana, protegida y próspera.
Las comunidades que aceptaron erradicar ellas mismas la coca como requisito para participar en los programas de desarrollo alternativo de la Usaid siempre estaban a la espera de la siguiente ronda de nuevos subcontratistas, tristemente célebres por su mal manejo de los presupuestos para los proyectos. Las organizaciones comunitarias improvisadas que se formaban para asegurar la asignación de fondos casi siempre se derrumbaban tan pronto como terminaban los ciclos de proyectos. La preocupación principal de la gente tenía que ver con cómo inscribirse en el siguiente programa de ayuda estatal o, en palabras de un campesino, “cómo arrimarse al árbol que más sombra da”. En mis entrevistas en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Bogotá, la cual alberga el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), los funcionarios expresaron sus dudas sobre por qué el Estado debería verse obligado a desarrollar zonas remotas del territorio que la gente penetró —es más, deforestó— para involucrarse en actividades ilícitas de manera clandestina. Las familias del campo, por su parte, afirman que se vieron obligadas a migrar a zonas marginales debido a los ciclos de violencia y despojo en el interior del país, la falta estructural de acceso a mercados viables y a servicios estatales, la implementación de políticas neoliberales que han empeorado la pobreza urbana y rural y finalmente la naturaleza represiva e indiscriminada de la política antidrogas. En las fases I y II del Plan Colombia (aproximadamente, entre 1999 y 2010), los paradigmas del desarrollo alternativo hicieron una transición de un enfoque inicial en pactos sociales y sustitución de cultivos hacia la creación de una “cultura de la legalidad” basada en proyectos de orientación agroindustrial y alianzas con el sector privado. Las intervenciones asistencialistas, condicionadas a un imperativo de “cero tolerancia, cero coca”, relegaron a las comunidades a un papel de beneficiarias. El desarrollo alternativo ha seguido la misma lógica de mercado de los cultivos comerciales de coca, una lógica que busca remplazar cultivos ilícitos para la exportación por cultivos comerciales legales también para el mercado internacional, como la pimienta negra, el café, la vainilla, los palmitos, las heliconias y el cacao.
En mis entrevistas con la Usaid, el personal de esa entidad se refirió al fracaso de los proyectos de desarrollo en el Putumayo a lo largo de más de una década y a un costo de más de 80 millones de dólares como “una curva de aprendizaje desafortunada, pero instructiva”. Los costos de producción en zonas lejanas con poca infraestructura fueron mucho más altos de lo anticipado. No se llevaron a cabo estudios de mercado para garantizar la existencia de oportunidades para nuevos productos agroindustriales. La ayuda dirigida únicamente a las familias cultivadoras de coca tan solo estimuló el aumento de los cultivos y dejó sin apoyo a quienes no tenían cultivos, pero dependían para su sustento de otros eslabones de la cadena de valor de la coca. Los cultivos comerciales se vieron afectados por problemas de “control de calidad”, como hongos y plagas tropicales. La expectativa de que la gente delataría a sus vecinos y ayudaría a arrancar sus matas de coca por la fuerza lo único que hizo fue fracturar las relaciones comunitarias y empeorar los conflictos sociales. Este listado de problemas no incluye otros fiascos de la Usaid que han señalado las comunidades: gallinas sin pico traídas de Estados Unidos, las cuales resultaron tan inútiles que fueron a parar directo a la olla del almuerzo; vacas entregadas a familias sin potreros, que terminaron vendiéndose a narcotraficantes; una planta de procesamiento de carne que se tuvo que cerrar indefinidamente, luego de que la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) voló la planta de energía regional; una fábrica de palmitos quebrada tres veces por la corrupción administrativa; cultivadores de pimienta que no podían pagar sus préstamos, porque esta resultó demorarse en madurar seis meses más de lo que habían previsto los agrónomos; heliconias destinadas a supermercados en Bogotá que se convirtieron en hogares para un gusano que ahora ataca las variedades locales de plátano de pancoger.3 La lista sigue y el panorama tan absurdo como trágico de incompetencia generalizada y de despilfarro económico empieza a parecer hasta conspirativo.
Figura 1.3. Resultado de la fumigación aérea con glifosato en el Bajo Putumayo, agosto de 2007
Foto de la autora
Nuestra delegación visitó la
