más bien una nueva formulación de las pretensiones de esa gente decente asegurada en su hegemonía en tiempos coloniales por la existencia de un aparato administrativo y eclesiástico de bases más que locales, y deseosa de volver a ella luego de las tormentas revolucionarias.
Pero esa divergencia entre las jerarquías sociales heredadas y las diferencias económicas vigentes sólo se afirmará de modo decisivo luego de la revolución; antes de 1810, si bien no es posible identificar al grupo de la gente decente con el sector económicamente dominante, este tiene el predominio dentro de aquel. En este grupo hegemónico –minoría dentro de esa minoría que es la gente decente– las raíces locales del poder y las derivadas de su vinculación con el aparato administrativo y eclesiástico se complementan en grado variable, según lugares y situaciones: hemos visto ya cómo en Salta (y del mismo modo en Córdoba, donde sin embargo el aumento de gravitación aportado por el monopolio de los oficios de república es más decisivo) la base del poderío de este sector se encuentra en la tierra (gran propiedad en la entera campaña de Salta; estancias grandes del norte de Córdoba); en Cuyo, en Tucumán, sin que este elemento deje de gravitar, es fundamentalmente la riqueza comercial la que se complementa con la participación en el poder administrativo local. Esta última no sólo concede prestigio, no sólo da una consagración visible a las preeminencias que la riqueza otorga; facilita su acrecentamiento, y la corrupción, multiplicada por las dificultades de controlar desde tan lejos el funcionamiento del aparato administrativo, deja de ser un rasgo anecdótico y exige ser considerada en un plano no exclusivamente moral: sin duda ha facilitado a la vez el enriquecimiento de los funcionarios peninsulares, y su rápida incorporación a los sectores localmente dominantes, con los que debía entrar de inmediato en un complejo juego de complicidades.
También para los preeminentes lugareños la participación en el aparato administrativo concede sus ventajas. Cuando, desde fines del siglo XVIII, el Interior es invadido por esa misma actitud más impaciente en la búsqueda de la riqueza –que en el Litoral se manifiesta en aventureras empresas comerciales y especulativas–, esa ansiedad se satisface de modo diferente, mostrando perfectamente hasta qué punto es aquí decisiva la participación en el poder político-administrativo. Los papeles del consulado están llenos de testimonios de esa nueva actitud y sus curiosas consecuencias, sobre todo a través de las lamentaciones de sus víctimas. Pongamos algunos ejemplos: en Salta, es una familia vieja e ilustre –los Saravia– la que propone dotar a la ciudad de una fuente; la generosa oferta esconde mal una segunda intención: a cambio de ello debe concedérsele el monopolio de introducción de coca altoperuana. Los mercaderes de Salta apoyan la solicitud, invocando explícitamente el prestigio social de los peticionantes. Este apoyo se explica: la introducción de coca está prohibida por el momento, y corre a cargo de contrabandistas muy modestos, que no podrían hacerse oír en la diputación local del consulado.[40] En Tucumán, son dos prósperos comerciantes –Huergo y Monteagudo– quienes han asentado con el cabildo (sobre cuyos miembros tienen sólido ascendiente) la percepción del impuesto de sisa sobre los aguardientes importados de las comarcas andinas; la diestra utilización de las ventajas que esta situación les confiere frente a los demás importadores –juntamente, si hemos de creer a los denunciantes, con un empleo adecuado de la intimidación– les permite monopolizar no sólo la importación sino también la venta del licor, abriendo tienda propia y arruinando a los pequeños tenderos que no pueden mantenerse contra quienes debieran ser sus proveedores.[41] En San Juan, el camino buscado por el fiel ejecutor Pedro del Carril es más decididamente expoliatorio: fija a su voluntad impuestos a los comerciantes rivales; instalado en el cargo desde 1792 lo renuncia en 1804 en su cuñado Francisco de la Rosa; también el diputado del consulado, José Godoy Oro, es su cuñado y –al decir de sus adversarios– lo favorece.[42]
Estos episodios no son una cosa nueva en la historia de las Indias españolas: la inventiva desplegada para acrecentar provechos abusando de la propia posición jurídica y social fue en ellas desde muy temprano uno de los rasgos más alarmantes de los grupos hegemónicos. También está muy cercana a la situación tradicional la importancia decisiva que la utilización del poder político tiene en estos planes de rápido enriquecimiento mediante métodos más afines a la rapiña que a la especulación. Estos rasgos arcaicos corresponden muy bien al carácter menos dinámico que la realidad del Interior revela cada vez más claramente en ese fin de siglo. En el Litoral, por el contrario, ya antes de la revolución las innovaciones económicas comienzan a cambiar lentamente los datos de las relaciones sociales.
Se ha señalado ya una de las razones por las cuales la división entre españoles y castas no tenía en el Litoral la relevancia que conservaba en el Interior: aquí los españoles conformaban la mayoría de la población, los indios faltaban casi por completo (por lo menos en las ciudades) y casi todos los africanos estaban separados del resto por el régimen de esclavitud. Aun faltando –o funcionando muy defectuosamente– la división según castas, la sociedad urbana del Litoral se diferencia menos de lo que cabría esperar de la del Interior: encontramos también en ella un sector alto de dignatarios y grandes comerciantes, muy ligados por otra parte entre sí; hallamos sectores intermedios igualmente vinculados a la vida administrativa y mercantil en situación dependiente… Hasta aquí el esquema repite el vigente en más de un centro urbano del Interior. La diferenciación comienza a ser sensible –por lo menos para la más importante de las ciudades del Litoral, Buenos Aires– a través de la incidencia numérica de ese sector dependiente, que excede en mucho lo habitual en el Interior. Otra diferencia, también sensible sobre todo en Buenos Aires, está dada por la presencia de un abundante sector medio independiente formado por artesanos. En este aspecto la diferencia no sólo está dada por la mayor gravitación numérica: también la situación del grupo artesanal dentro de la sociedad urbana es distinta que en el Interior. En esta última región el artesanado no produce sino en mínima parte para el mercado local; sus actividades, orientadas hacia un mercado consumidor más amplio, se concentran en una gama relativamente reducida de productos, y dependen en mayor medida que en Buenos Aires de la benevolencia de los comercializadores: estos, que controlan el acceso a los mercados remotos, hacen además adelantos que son imprescindibles para cerrar el hiato entre la producción y la adquisición por el consumidor. Por una y otra vía la independencia de este sector artesanal es duramente cercenada. En Buenos Aires –gracias a la existencia de un mercado local más vasto y de exigencias más diferenciadas– el sector artesanal puede subsistir mediante el contacto directo con su público consumidor; no sólo es entonces más amplio que cuanto se conoce en el Interior, su independencia es también menos ilusoria.
Igualmente es mayor la complejidad real de los sectores altos: sin duda los caracteres cada vez más especulativos que la coyuntura impone al comercio en Buenos Aires exigen la benevolencia del poder político; esta benevolencia, en algunos casos debida a afinidades de origen muy variado, en otros comprada directamente, no implica que los lazos entre sectores económicamente dominantes y altas dignidades administrativas deban alcanzar intensidad comparable a los conocidos en las ciudades del Interior. Beneficiado a partir de 1777 de la política general de la corona, el alto comercio de Buenos Aires necesita menos que el del Interior ese complemento de poder que el ejercicio directo del poder político-administrativo aporta.
La alta clase comercial porteña encuentra un modo de afirmar su presencia en otro plano menos dependiente de la estructura administrativa: los hijos de los comerciantes ricos se vuelcan a las carreras liberales con una frecuencia ya señalada como rasgo notable por los observadores contemporáneos,[43] y en primer término a las del foro: las remotas Charcas y Santiago de Chile, después la más cercana Córdoba, acogen a esos hijos de familia deseosos no sólo de acrecentar la riqueza heredada; alguno de ellos destinado luego a larga nombradía –Manuel Belgrano– completará esos estudios indianos con otros en Salamanca.
Pero las borlas doctorales no sólo atraen a los hijos de las clases altas; también los de los grupos intermedios aspiran a ellas,
