«no se detienen en el hombre, no captan la personalidad de Leguía, no relevan su figura en el panorama de nuestra democracia y no dan la sensación gigantesca de sus obras [...] olvidando algunas partes saltantes en la trayectoria luminosa de su vida pública». Véase Bonilla, José (1928). El siglo de Leguía, MCMIII-MCMXXVIII (pp. 121-123). Lima: T. Scheuch.
64 Algunas muestras de esta literatura antileguiista pueden verse en Tudela y Varela, Francisco (1925). La política internacional y la dictadura de don Augusto B. Leguía. París: Imprenta Omnes et Cie.; Andía, J. Antonio (1926). El tirano en la jaula. Augusto B. Leguía, agente de Chile, profesional en siniestros y disgregador del Perú. De la constitución al vandalismo. Buenos Aires: Imprenta Elze-Viriana de José Ramírez y Compañía; Armas M., Juan Luis Enrique (1930). Cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Trujillo: Imprenta Comercial; Mayer de Zulen, Dora, El Oncenio de Leguía, ob. cit.; Solís, Once años, ob. cit. Esa postura aún se puede discernir en trabajos propiamente historiográficos como los de Basadre, Jorge (1978). Perú: problema y posibilidad (1931). Lima: Banco Internacional del Perú; y de Planas, La República autocrática, ob. cit.
65 Mayer de Zulen, El Oncenio de Leguía, ob. cit., p. 57.
66 Villanueva, Así cayó Leguía, ob. cit., p. 7.
67 Bahamonde, Carlos (1925). Leguía y su obra. Lima: T. Scheuch; Bahamonde, Carlos (1928). Leguía o el renacimiento del Perú. Lima: La Revista; Guillén, Alberto (1927). Leguía. Lima: s/e.; Dávalos y Lisson, Leguía, ob. cit.; Denegri, Luis Ernesto (1938). Leguía y la historia (conferencia). Lima: Imprenta Lux de E. L. Castro; Capuñay, Manuel (1951). Leguía. Vida y obra del constructor del gran Perú. Lima: CIP; Hooper López, Leguía, ensayo biográfico, ob. cit.
68 Ver Karno (1970), Garret (1973), Caravedo (1977), Yépez del Castillo (1979), Burga & Flores Galindo (1980), Basadre (1983).
Once años de política legislativa: entre modernización y autoritarismo
En una de las muchas lenguas que se hablan en la península española, la voz leguía, significa ley.
Guillermo Forero Franco, Entre dos dictaduras (1934, p. 80)
En el Perú no ha habido una sola buena ley electoral, ni se ha aplicado ni cumplido correctamente jamás ninguna; sin la efectividad del sufragio, la democracia toda es una apariencia ridícula sobre una base falsa.
José Santos Chocano, Idearium tropical. Apuntes sobre las dictaduras organizadoras y la gran farsa democrática (1922, p. 1)
Descrito en grandes líneas el ropaje social y político, podemos iniciar un itinerario crítico a través del repertorio legislativo del Oncenio. Contra una imagen ya superada en la historia del derecho, no nos conformamos con formular una lista más o menos completa de la producción legal del periodo (1919-1930), que la metodología histórico-jurídica denomina «historia interna». En realidad, ocupa también nuestra atención la llamada «historia externa» de la masa legislativa. No solo con las grandes pinceladas, que buscaban recrear la época con propedéutico estilo, sino mediante la explicitación del contexto en cada una de las normas que desfilen en el trabajo.
Asumimos que el derecho, incluso en su más modesta faceta legislativa, constituye un artefacto cultural. En sentido amplio representa, pues, un depósito moral de la sociedad. El científico social haría mal (como desafortunadamente ocurre en la compartimentalizada vida académica peruana) en ignorar la estructura jurídica de las instituciones y procesos a través de los cuales la sociedad y el Estado han operado históricamente. Sería como pretender conocer la historia de Roma sin atender a su riqueza jurisprudencial. Y ello porque la materia prima de las leyes suele estar constituida por los rasgos de la sociedad tal como efectivamente era o tal como quieren los gobernantes que esta sea. En todo caso, el investigador no puede prescindir del estudio de la ley ni de su aplicación o desacato. Tras cualquiera de esas manifestaciones hay una finalidad instrumental que debe ser descubierta y explicada. La meta legislativa (y, consecuentemente, política) tiende a introducir reformas tibias o radicales, simplemente a mantener las cosas como están o, incluso, a desmontar el edificio social construido. Es cierto, sin embargo, que la interpretación del material jurídico puede conducirnos a errores de perspectiva tales como trasladar automáticamente el precepto legal a la práctica social, dar por sentado que la existencia de una norma supone su cumplimiento o atribuir demasiada importancia a disposiciones que ilustran en realidad situaciones de otros tiempos. No puede dejar de recordarse la lúcida advertencia de José de la Riva-Agüero: «si apreciáramos el Perú por la lectura de sus abigarradas colecciones de leyes, desde las constitucionales hasta las administrativas, concebiríamos una idea confusísima e inexactísima de su estado»69.
Más allá de la advertencia anotada, la compilación de leyes del Oncenio suministra valiosa información en torno a las instituciones políticas y jurídicas de este periodo, las tensiones sociales y los intereses en juego, así como de los esfuerzos de modernización que verticalmente implantaba el régimen. Pocas fuentes son más indicativas que la Ley como espejo de las aspiraciones e ideales sociales de los grupos dirigentes, especialmente cuando el espectro legal asoma como elemento esencial del cambio o de la conservación social70. Empero, no basta examinar la Ley misma si no se la confronta con la sociedad que hace de destinataria, como tampoco convendría acercarse únicamente a la sociedad o la economía y desatenderse del marco legal e institucional de cada cultura71. Surge entonces la necesidad de contar con un cuerpo documentado de fuentes no legales que proporcione datos sobre la realidad de la situación, escapando así a las trampas metodológicas que nos tiende la Ley. Por otro lado, esas fuentes no solo contribuyen a la comprensión funcional del orden jurídico, sino que también facilitan una labor reconstructiva —siempre imperfecta, claro— del vasto escenario dentro del cual el derecho funciona.
2.1. El marco constitucional
Al igual que los códigos, también la Constitución fue modificada. Aunque en verdad ella requería de algunos reajustes, pues venía de 1860, la razón principal de su cambio fue el capricho de Leguía, tras el golpe de 4 de julio de 1919, que le permitió acceder al poder algunos días antes de conocer los resultados oficiales de una elección que sin duda le sería favorable. El caudillo de la Patria Nueva temió que el Congreso civilista no le permitiera la victoria y, de paso, aprovechó la circunstancia para conseguir una Carta Política a su medida, donde se establecería la supremacía del Poder Ejecutivo encarnado en el presidente. Además, varió la forma de elección de los representantes, con lo cual se dejó de lado el aspecto técnico. El lado positivo de la reforma fue el fin de las llamadas mesas de sufragio, vergüenza de la política criolla72.
La Constitución de 1920 recogió, por encima de todo, la voluntad del presidente. No obstante que la reforma mediante el sistema plebiscitario había sido propuesta desde 1912 por Mariano H. Cornejo, la caída del presidente Billinghurst y el ingreso al poder del primer gobierno militar que encabezó el coronel Óscar R. Benavides impidieron que se llevase adelante el proyecto. El gobierno siguiente de José Pardo no le prestó la atención del caso, de ahí que recayese en Leguía la posibilidad de introducir las reformas que le permitieran eliminar los elementos de control y ejercer ampliamente su autoritarismo. Eso sí, fue siempre Cornejo quien se constituyó en uno de los adalides del régimen y quien manipuló a la Asamblea para conseguir la aprobación de las reformas. Reconocido partisano leguiista, Mariano Hilario Cornejo, a quien el presidente no dudó en considerar «filósofo de nuestro régimen»73, planteó como cuestión de Estado la adhesión en bloque a los resultados del plebiscito, que revestirían por ello el carácter de respaldo u oposición
