y la aplicación conjunta.[10]
Mientras tanto, la participación de la sociedad civil en las COP, visible en un arco amplio de movimientos ecologistas y ONG ambientalistas de proyección internacional, fue en aumento. A la COP 11 de Montreal, celebrada en 2005, asistieron unos diez mil participantes. En 2007 un ecologismo cada vez más activo confluyó en la conformación de Climate Justice Now! [Justicia Climática Ahora!], una red de organizaciones y movimientos de diversas partes del globo comprometidos a luchar por la justicia social, ecológica y de género.[11] Un elemento importante por considerar es el vínculo entre esas organizaciones y los movimientos antiglobalización, que asomaron a la escena pública global en 1999 tras la batalla de Seattle, cuando lograron interrumpir la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC). De la mano de una narrativa que cuestiona la globalización neoliberal y responsabiliza al capitalismo por la degradación social y ambiental, los movimientos y las organizaciones ambientalistas comenzaron a interpelar a las instituciones internacionales que regulan el capitalismo en el mundo.
En el año 2000, la cuestión del cambio climático llegó con fuerza al Foro de Davos con Al Gore, vicepresidente de Bill Clinton, que en 2006 presentó el documental Una verdad incómoda. Gracias a su compromiso con el ambiente, Gore recibió el Premio Nobel de la Paz en 2007.
En 2009, la COP 15 de Copenhague desembocó en un rotundo fracaso: no solo no arrojó ningún acuerdo vinculante, sino que apuntó a restringir la participación de la sociedad civil. Allí se aprobó un documento en que las partes se comprometían a impedir que la temperatura aumentara más de 2 ºC, redactado por unos pocos países (Estados Unidos, China y otros países emergentes). Más allá de su falta de transparencia, quedó en una mera declaración de intenciones por no haber incluido compromisos de reducción de emisiones para evitar el calentamiento global, aunque cabe mencionar que promovió la creación de un fondo de treinta millones de dólares anuales para la adaptación de los países pobres en los dos años siguientes, y cien mil millones de dólares desde 2012 hasta 2020. Las tensiones vividas dentro y fuera de la cumbre no solo rubricaron el acta de defunción del Protocolo de Kioto, sino que reflejaron el cambio de fuerzas en términos geopolíticos. El rol desempeñado por China, principal país emisor de gases de efecto invernadero, fue una señal incuestionable de cuánto habían cambiado los tiempos entre 1997 (año de la firma del Protocolo de Kioto) y 2009.
El fracaso en Copenhague significó el cierre de un ciclo para no pocos movimientos sociales y ONG. Excluidos de la cumbre, convocaron a una movilización multitudinaria que literalmente sitió la capital nórdica. Como afirma Ramón Fernández Durán (2010), el broche de oro fue la represión policial, pues mostró que “el ojo público ciudadano ya no era bienvenido en un encuentro vacío de contenido y secuestrado por los poderosos”. En consecuencia, los grupos más críticos se distanciaron tras llegar a la conclusión de que no era posible enfrentar el cambio climático sin cuestionar el capitalismo global (“Cambiar el sistema, no el clima”).
En 2010, los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), liderada por Bolivia, convocaron a una contracumbre en Tiquipaya, a 30 km de Cochabamba: la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra reunió a más de treinta mil personas de 140 países. La ambiciosa iniciativa comandada por Bolivia[12] y celebrada por su carácter rupturista denunció la responsabilidad del capitalismo en el deterioro del ambiente y la deuda ecológica, y buscó poner en agenda los Derechos de la Naturaleza y el Buen Vivir. Sin embargo, la iniciativa del gobierno boliviano fue de corto aliento. Un año después su propuesta no fue contemplada en la COP de Cancún; los movimientos sociales que cuestionaban la cumbre fueron mantenidos lejos del recinto oficial y Bolivia quedó sola a la hora de las votaciones. Como broche de oro, el fondo verde creado en la COP y orientado a mitigar los impactos del cambio climático quedó bajo la supervisión del Banco Mundial.
Tampoco hay que olvidar que la promesa de Evo Morales –respetar los derechos de la Madre Tierra– fue desmentida en su propio territorio por el avance de proyectos de carácter neoextractivo y la expansión de la frontera agropecuaria. Como veremos en el capítulo 5 sobre “los puntos ciegos”, esa retórica se reveló inconsecuente luego del conflicto de Tipnis en 2011. La apertura de una carretera en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure enfrentó al gobierno con varias comunidades indígenas, puso al descubierto su doble discurso y dio paso a una política desarrollista descalificatoria en relación con los ambientalismos antiextractivistas.[13]
Para explicar el fracaso de las sucesivas cumbres del clima, la periodista Naomi Klein alude al proceso de radicalización del capitalismo en las últimas décadas. Sostiene que el fracaso está vinculado a la importancia del libre comercio desde la creación de la OMC, en 1995. Esto deja en claro que el negacionismo no es solo una ideología del libre mercado, puesto que, al calor de la globalización, tuvo profundas consecuencias en el armado de la nueva arquitectura comercial mundial. A través de la OMC y sus nuevos acuerdos comerciales, el fundamentalismo de mercado –el capitalismo neoliberal en su formato actual– es el gran responsable de sobrecalentar el planeta (Klein, 2015: 122).
Del desarrollo sustentable a la economía verde
A nivel global, desde la Cumbre de Río en 1992, se sucedieron numerosas crisis económicas, sociales y políticas, entre ellas la del sudeste asiático (1997/1999), el efecto tequila en México (1994), la crisis argentina (1998/2001) y, por supuesto, la gran crisis financiera de 2008, que comenzó en los Estados Unidos pero impactó sobre el mundo entero y generó millones de desocupados. La crisis de 2008 fue un trampolín para los nuevos negocios: los países centrales comenzaron a impulsar el modelo denominado “economía verde con inclusión”, que extiende el formato financiero del mercado del carbono hacia otros elementos de la naturaleza –como el aire y el agua– y también hacia sus procesos y funciones. Por paradójico que suene, los modelos económicos que mercantilizan todavía más la naturaleza fueron vistos como una alternativa para combatir la profunda recesión.
En su forma más básica, la economía verde presenta bajas emisiones de carbono, utiliza los recursos naturales de forma eficiente y es incluyente en lo social. En una economía verde, el aumento de los ingresos y la creación de empleo deben derivar de inversiones públicas y privadas destinadas a reducir las emisiones de carbono y la contaminación, a promover un uso eficiente de la energía y los recursos, y a evitar la pérdida de diversidad biológica y de servicios de los ecosistemas, ya que de esa diversidad depende la provisión de recursos (como alimentos, aire limpio, agua potable), o de procesos (como la descomposición de desechos) (Pnuma, 2011: 9). Sin embargo, esta visión no cuestiona el crecimiento indefinido de la economía ni los impactos socioambientales y su relación con el modelo capitalista. La premisa general sostiene que los mercados han operado con “fallas de información”, sin incorporar el costo de las externalidades y con políticas públicas inadecuadas, como los “subsidios perversos” para el ambiente.
En esta línea, la economía verde exacerba el modelo de mercantilización de la naturaleza, pues considera que las funciones de los ecosistemas pueden ser tratadas como mercancía y que, por lo tanto, sus “servicios” deben cobrarse (Pnuma, 2011: 44). Los bienes comunes son valorados por su dimensión económica. El razonamiento subyacente es que la protección de los ecosistemas y de la biodiversidad funciona mejor si sus usos cuestan dinero, es decir, si los servicios ambientales integran el sistema de precios. Así, lejos de cuestionar la relación entre desarrollo y crecimiento económico, estas políticas promueven incentivos basados en el mercado para reorientar las inversiones del capital hacia las inversiones verdes, entre ellos algunos nuevos mecanismos de financiación como la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques (REDD+). La REDD+ tiene por objetivo “la reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal; además de la conservación, el manejo sostenible y el mejoramiento del stock de carbono de los bosques en los países en desarrollo” (COP de Bali, 2007). Forma parte de las falsas soluciones de mercado que permiten a las naciones contaminantes seguir incumpliendo sus compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
