Argentinas —una de las principales comercializadoras de granos del país—, porque resultó que los hermanos Vitelli le pagaban a su peón un 10% de la tarifa que cobraban por cosechar un campo, y esa tarifa eran 2 quintales de soja por hectárea. La tarea de los peritos fue traducir esa figura en un monto de dinero más o menos asible, que permitiera a los magistrados calcular la suma de una probable indemnización, o la medida en que las remuneraciones de Amici estaban en regla con las que pautaban las tablas salariales oficiales, que a la sazón, eran fijadas por esos años por el Estado sin instancias de discusión en la que participara ningún representante obrero rural.
La ecuación era larga y complicada: hubo que conseguir el precio del quintal de soja al día en que le liquidaron el último sueldo al peón —el 15 de junio de 1989—; averiguar cuántas hectáreas habían sido efectivamente cosechadas por él; multiplicarlas por dos quintales de la oleaginosa e igualar esa suma al precio que había dado la cerealera ese día; para finalmente, calcular el 10% de ese monto, que representaba el salario del demandante. Los peritos hacen estas cuentas muy raramente, cuando llega a sus oficinas un caso como el de Ramón Amici. Los obreros agrícolas de la zona pampeana las hacen todo el tiempo. El régimen del destajo los sigue llevando aún hoy a calcular cuál fue el saldo de su esfuerzo al terminar cada jornada, aunque sea en improvisadas libretas llenas de números y tachaduras, como hace Antonio, un maquinista de cosecha de la zona de Pergamino: “yo por ejemplo voy anotando en una planilla todo lo que se va haciendo, hectáreas, rendimiento. […] Y bueno de ahí te dan el porcentaje tuyo. […] Yo tengo todo anotado y les voy diciendo [a los compañeros], ‘mirá, más o menos van a sacar tanto con esta cosecha’. Y sale siempre así, viste”6.
Estos registros paralelos no evitan las luchas interminables entre obreros y patrones por los verdaderos montos trabajados y cobrados. De hecho, probablemente las estimulen. Según el “Flaco Loco”, los hermanos Vitelli le habían pagado 230.000 australes cuando él debió cobrar 322.300. Por su parte, para rebajar cualquier probable indemnización, los Vitelli respondieron que le habían pagado 217.620 australes y ni un centavo más. A su vez, de acuerdo a Amici, en su última temporada había trabajado 400 hectáreas; pero en la versión de sus patrones, sólo habían sido 200. Los hermanos Ripoll también le pagaban a destajo y “en negro” a Héctor Sumich en Arrecifes, y de hecho, el destajo era por esos años —y lo sigue siendo en la actualidad— la modalidad salarial dominante, así como las disputas cotidianas de los obreros por defender su paga de los recortes informales de sus patrones. Así, operarios como Diego saben que “el porcentaje era una cosa, y te agarran la tijerita y te recortan un poco por acá un poco por allá y cuando querés acordar no estás cobrando lo que vos calculás. Uno que ya anduvo en estos trabajos te das cuenta más o menos”7. Por eso, en el caso Amici —y en el de miles de obreros que no llegaron a emprender demandas judiciales— no hubo nada parecido a un recibo de sueldo que se pudiera fiscalizar para saldar las discusiones. Para colmo, “la 22.248” no obligaba a los empleadores a entregar sus registros contables en caso de controversia, a diferencia de la Ley de Contratos de Trabajo que regía para el resto de los asalariados del país. Así, los Vitelli pudieron presentar en lugar de sus verdaderos registros, unas boletas muy burdamente fraguadas por sus contadores que de todas formas fueron desestimadas por los jueces.
Recién cuando aumentaron los controles a partir de 1997, los empleadores agrícolas de la zona comenzaron a formalizar una parte de los ingresos de su personal. Sin embargo, los trabajadores nunca dejaron de recibir sumas que —por encima o por debajo de la norma— eran informales. Además, se trató de montos relativamente bajos, sobre todo teniendo en cuenta la proporción mínima en que participaron de la masa de riquezas creada por su trabajo. Para colmo, los periódicos ciclos inflacionarios deterioraron mucho la economía de trabajadores con ingresos estacionales como el “Flaco Loco”. De hecho, si acaso no hubiera habido aumentos de precios como los de los últimos espirales hiperinflacionarios, los ingresos declarados por Ramón Amici al finalizar la cosecha de 1989 le podrían haber servido para vivir al nivel de la línea de pobreza durante seis meses8. Sin embargo, entre los primeros días de abril —cuando Amici subió a la cosechadora— y los últimos días de junio —cuando se bajó—, los precios habían aumentado 17 veces, y debía esperar muchos meses más para volver a ocuparse. Un año después, la inflación había transformado su dudosa fortuna en papeles que no alcanzaban a cubrir tres cuartos de la canasta básica9.
En definitiva, el caso de Ramón condensa buena parte de las problemáticas obrero-rurales que marcaron el período posterior a la década de 1970 en la agricultura pampeana: una legislación desfavorable, combinada con informalidad y precariedad laboral —cobrando “en negro”, con acuerdos de palabra y de manera intermitente—; la generalización del pago a destajo; y como resultado final, remuneraciones ajustadas o insuficientes para cubrir las cuentas de un año entero. Lo que no llegó a experimentar Amici, es el rol que cumpliría en todo este panorama el salto tecnológico de los años ‘90. Aunque por lo pronto, sus patrones se adelantaron a los acontecimientos y ya lo habían despedido para fines de los ‘80.
La excepción que confirma la regla
Acaso un contraste entre el “Flaco Loco” y los otros como él, es que perteneció a la minoría infrecuente que rompió el silencio e hizo visibles sus reclamos. En este caso, animándose a emprender un juicio contra sus viejos patrones por salarios adeudados, otros mal calculados, aportes sociales nunca descontados, y su correspondiente indemnización por despido. Fue un acto de resistencia individual, como casi todos los que distinguieron a los trabajadores agrícolas en una época marcada por su más completa dispersión política y sindical. Con todo, su demanda expresó las reservas de “buen sentido” —a decir de Gramsci— que operarios como él cultivaron en condiciones difíciles para la emergencia de episodios de acción colectiva o para la construcción de lazos efectivos de solidaridad de clase.
A pesar de sus limitaciones, sin proponérselo y probablemente sin saberlo, Amici puso de manifiesto algo más que su problema particular con los hermanos Vitelli. En efecto, vehiculizó una contradicción social, que no hizo más que expresarse en su caso puntual. Dicho de otro modo, manifestó un antagonismo de intereses entre todos los asalariados de su clase frente a los intereses del conjunto de los empleadores, personificados respectivamente en él y en la pequeña empresa contratista de Manuel Ocampo. Sin ser una lucha de todos los obreros contra todos los empleadores, es decir, una verdadera lucha social, exhibió el tipo de tensión que existía entre todos ellos, fruto del lugar de cada uno en el régimen de explotación del trabajo asalariado.
El reclamo del “Flaco Loco” es muy valorable teniendo en cuenta la plena vigencia de la ley 22.248, que arrasó con todos los derechos conquistados por los obreros rurales en el siglo XX. En efecto, los pronósticos para cualquier juicio laboral que se iniciara bajo el imperio de esta normativa eran decididamente adversos. En este sentido, parte del mérito del caso Amici residió en que fue uno de los pocos —sino el único— que llegó a luchar por la inconstitucionalidad de ese Régimen de Trabajo. Hasta su demanda, la estrategia de abogados como el suyo había consistido en desencuadrar a sus clientes de la ley que regía las relaciones laborales en el campo. Esta maniobra ya había sido puesta en práctica a principios de los años ‘70, cuando el Estatuto del Peón de 1944 había sido podado de buena parte de los beneficios que otorgaba a los obreros, y estos trataban de zafarse de esa desventaja legal haciéndose pasar infructuosamente por empleados de comercio u otros10. Luego de la imposición de la ley 22.248 en 1980, muchos obreros y sus abogados reprodujeron esa estrategia. Pero lo original del caso Amici es que encaró de frente la cuestión de fondo, desafiando a los propios jueces respecto al contenido y las contradicciones de la ley:
“V.E. deberá en consecuencia pronunciarse efectuando el debido control Jurisdiccional, decretando para el caso concreto la inconstitucionalidad de la referida normativa haciendo aplicación de la preeminencia del principio fundamental consagrado por la Carta Magna.— Evidentemente, no puede aceptarse dentro del derecho laboral una discriminación tal que excluya a los trabajadores agrarios aún “no permanentes” de la protección contra el despido arbitrario.”11
A pesar
