a aceptar la asistencia a los más necesitados como un deber y expidió las primeras leyes de beneficencia, ya que no existía una rígida delimitación entre lo público y privado, las dos esferas no estaban nítidamente separadas y dotadas de reglas propias y específicas.
En España y sus colonias, el cambio de concepción se dio a partir de la Constitución de Cádiz de 1812, en la que se consagró que la beneficencia pasaba a ser caridad social ejercida oficialmente por los poderes públicos. La caridad particular pasó a ser una beneficencia oficial. El espíritu católico, para cada necesidad, creaba un establecimiento dotándolo con abundantes bienes, pero, al hacerse la beneficencia oficial, esos bienes pasaron a ser patrimonio del Estado, y a partir de entonces este se impuso la carga de atender las necesidades de los pobres.32
Así, en España, la beneficencia, como política y ejercicio del Estado, se regularizó durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando, para perfeccionar el amparo al desvalido, el Estado tuvo que ensayar, probar y dudar, por lo que, en ocasiones, cometió errores de criterio, pero también tuvo muchos aciertos. Proceso que fue similar en las antiguas colonias españolas, con obvias particularidades marcadas por la conformación de aquellas en Estados nacionales.
Desde entonces hasta el presente, la beneficencia, además de perder su carácter místico y situarse en una perspectiva terrenal, ha tenido una orientación secular y eminentemente estatal, convirtiéndose en un problema político concerniente a la organización social y administrativa. En realidad, solo hasta el siglo XIX la administración pública reconoció los deberes que tenía que llenar con respecto a la beneficencia. Fue así como, en España, el 30 de noviembre de 1833, por primera vez se consignaron las funciones y obligaciones de la administración pública en lo concerniente a la beneficencia. Unos años después, el 20 de julio de 1849, se publicó la segunda Ley de Beneficencia, en la que se determinó que todos los establecimientos de beneficencia eran públicos, excepto aquellos cuyo costo era asumido con fondos propios, dotados o legados por particulares, cuya dirección y administración estuvieran confiadas a corporaciones autorizadas por el gobierno para este objeto, o por patronos designados por el fundador.33
Esas reglamentaciones y leyes respondieron a que se comprendió que la administración pública garantizaba la estabilidad necesaria para que la beneficencia cumpliera su cometido, ya que el Estado es quien le da su razón de ser, es él a quien le corresponde determinar el número de establecimientos de beneficencia que deben funcionar en cada capital, población o partido; señalar los locales, y aprobar e impulsar las condiciones higiénicas, los reglamentos, etc.; establecer e indicar los casos en que el individuo tiene derecho al auxilio de la sociedad; asegurar garantías a la caridad privada para que los donativos sean destinados y utilizados de manera adecuada y correcta, por lo que se estableció que la ayuda estatal, encauzada a través de la beneficencia, debía ser para los enfermos, la pobreza, la infancia, y con reservas para los ancianos. Por ningún motivo podía prestar su apoyo a la prostitución, el vicio y el crimen.
Ese enfoque, secular y estatal, de alguna manera impersonal, ha sido criticado por algunos tratadistas especializados, por considerar que “la beneficencia ni educa al niño, ni consuela al anciano, ni moraliza al enfermo; es como un cuerpo sin alma”,34 habida cuenta de que, sobre todo, “en los donativos, tuvo mucho que ver la compasión, la abnegación y la virtud, la inclinación a dar pero también la vanidad, el donante entraba en competencia con sus semejantes a ver quién daba más, de mostrarse como dadivoso”.35
De todas formas, en la Colombia de la segunda mitad del siglo XIX, la beneficencia se relacionó con el Partido Liberal y con la masonería, estuvo vinculada a la actividad estatal.36 Desde entonces ha sido objeto de la llamada esfera pública.
1.2. La relación entre la beneficencia, la filantropía y la masonería
La filantropía ha existido en todos los tiempos y ha sido reconocida por todas las religiones.37 A la filantropía se la define como el amor al prójimo, es la disposición o dedicación activa a promover la felicidad y el bienestar de los congéneres. Es la compasión filosófica, que auxilia al desdichado por amor a la humanidad y la conciencia de su dignidad y su derecho.38 El filántropo es la persona que se distingue por el amor a sus semejantes y por sus obras en bien de la comunidad.39
No obstante, para algunos autores y tratadistas conservadores, como Chateaubriand, la filantropía es moneda falsa de la caridad, auxilia al que padece, por inspiración natural, independientemente de otro sentimiento, socorre al pobre porque le repugna, y es necesario alejarlo para que no turbe los goces del filántropo.40 Se la consideró como el “retrato vivo, la personificación del egoísmo, aparenta querer el bien, mas para hacerlo no se inspira del desinterés de la caridad, que, por el contrario, es la modestia... se sostiene constantemente de la abnegación, del desinterés, y de los sacrificios”.41
De hecho, la filantropía es una característica de las sociedades de clases, liberales e individualistas, así como de las sociedades cristianas occidentales, más de las protestantes que de las católicas u ortodoxas; gran parte de su desarrollo y tendencias se ubican a partir de la Revolución Industrial, y del crecimiento de las ciudades, en las que surgieron instituciones benéficas de carácter secular y privado, que con el tiempo entraron bajo la jurisdicción del Estado. Durante el siglo XIX, a consecuencia de la modernidad religiosa, el laicismo promulgado por el liberalismo y la masonería, la filantropía se convirtió en una importante herramienta de acción.
En España, a los inicios de la filantropía se los ubica a fines del siglo XVIII, muy vinculada con las sociedades económicas de amigos del país, promovidas durante el reinado de Carlos III. La primera sociedad económica fue creada en 1765, en las provincias vascongadas, y llegaron a existir 56 en territorio español.
Las sociedades económicas fueron trasladadas a América. En el Virreinato de la Nueva Granada, la primera comenzó a funcionar, en 1781, en Medellín, a la que siguió la de la Villa de Mompox, a partir de septiembre de 1784, que se preocupó especialmente por el adelantamiento del cultivo del algodón.
En el año de 1791, Pedro Fermín de Vargas, Antonio Nariño y algunos otros criollos, muy vinculados al inicio de la masonería en el interior del Virreinato, insistieron en la necesidad de establecer sociedades económicas, pero hicieron énfasis en que debían procurar el adelantamiento de todos los aspectos relacionados con la agricultura. Los sucesos en que se vieron involucrados Nariño y Vargas impidieron que se cristalizase la idea.
Diez años después, Jorge Tadeo Lozano promovió la fundación de una sociedad patriótica en Santafé de Bogotá, con fines mucho más amplios que la que pensaban los dos precursores, pues su fin fue el de promover y auspiciar el comercio, la industria y la agricultura.42
En las sociedades españolas, se promovió una filantropía que unió la caridad, el espíritu cristiano y la asistencia, pero su labor no fue desinteresada: utilizaban los socorros que administraban como vía de penetración con el mundo de los valores para imponerles nuevos valores y aptitudes políticas.43
La filantropía tiene una relación directa con la masonería, pues, de hecho, a la segunda se la define como una
asociación universal de carácter filosófico que práctica la filantropía e inculca en sus miembros el amor a la verdad, el estudio de la moral universal, de las ciencias y de las artes. Es una orden iniciática, es decir que se fundamenta en símbolos, leyendas y tradiciones que devienen de las antiguas iniciaciones, ritos y mitos... Tiene como emblema fundamental los principios enarbolados en la Revolución francesa de LIBERTAD, IGUALDAD Y FRATERNIDAD.44
El templo de la masonería es
